La violencia simbólica de los fuegos artificiales: una batalla que el Estado está perdiendo

Cuando estallan fuegos artificiales en la noche, no es solo el sueño de miles lo que se fractura. Cada vez que se lanzan fuegos artificiales en alguna comuna de Chile no solo se interrumpe el descanso de miles de personas; también se emite un mensaje brutal: el Estado no está, pero nosotros sí.

Es violencia simbólica en su forma más pura, un desafío al Estado y a sus normas, que permite que el crimen organizado y los grupos delincuenciales sigan marcando su territorio sin temor a represalias. El narco no solo se dedica a la venta de drogas. También organiza rituales, territorios, redefine el concepto de ascenso social, impone códigos de conducta y modela estéticas propias.

La violencia simbólica es una forma de dominación encubierta, ejercida a través de los símbolos, los lenguajes, los gestos, las instituciones y las formas culturales legitimadas.

En funerales, cumpleaños o “balaceras celebratorias”, el uso de fuegos artificiales genera un ambiente de admiración, dramatismo y protagonismo. En las subculturas criminales, el uso ostentoso de pirotecnia comunica estatus. Es parte del “show de poder” que permite a un grupo o a un líder criminal distinguirse, hacerse presente e, incluso, celebrar victorias (como la salida de la cárcel o un ajuste de cuentas exitoso). Cuanto más ruidosa, peligrosa y sincronizada sea la detonación, mayor el prestigio del que la organiza.

En algunos casos, los fuegos artificiales tienen un uso instrumental directo: anunciar la llegada de droga, alertar sobre movimientos de la policía o coordinar acciones entre bandas.

El uso de fuegos artificiales en funerales, por parte de narcos o barras bravas, no es un fenómeno nuevo ni surge del vacío. Es la consecuencia lógica –aunque no declarada– de un orden social que ha fallado en ofrecer pertenencia, ritualidad y reconocimiento por vías legítimas. La sociedad chilena no solo tolera este tipo de expresiones: en muchos aspectos, las genera, alimenta y reproduce.

Cada vez que el Estado permite que un funeral narco paralice una población, cada vez que una pirotecnia ilegal entra por la aduana como si nada, lo que ocurre no es un “fallo”, sino una forma de delegar el orden en actores informales. Hay una cesión tácita del control simbólico del espacio público. En esa cesión, los fuegos artificiales operan como la firma visible de una ausencia institucional.

El incentivo aquí es claro: si el Estado no castiga, entonces valida. Y lo que valida se multiplica.

Estamos frente a grupos criminales con vocación territorial y simbólica que no necesitan solo las armas para imponer su dominio. La impunidad estructural es uno de los incentivos más poderosos que alimenta este ciclo de violencia simbólica. Al no haber consecuencias claras y efectivas para quienes transgreden la ley, el narco y los grupos delictuales sienten que pueden seguir adelante con su plan de control sin temor a ser detenidos.

Es una manifestación más de una sociedad donde la ley, a menudo, no se aplica de manera efectiva. Y así, los grupos delictuales no solo se posicionan como actores económicos en la ilegalidad, sino que se convierten en actores simbólicos que dominan la escena pública. Son ellos quienes deciden cuándo es el momento para celebrar, cuándo se debe rendir tributo y cuándo se debe generar terror.

Cuando permitimos que estos grupos decidan cómo y cuándo se celebran las fechas importantes o los eventos públicos, estamos cediendo ante su poder. Estamos permitiendo que se adueñen de símbolos que no les corresponden, que reescriban las reglas de convivencia, de orden y de paz social.

Cuando el cielo lo controla el narco, no es solo el espacio público el que está siendo invadido, sino también nuestra capacidad de vivir en paz, sin miedo y sin la constante amenaza de un poder que se impone por encima de las leyes y la convivencia.