¿Es realmente el fraccionamiento pesquero de la merluza común el problema?

Nuestro país tiene una responsabilidad ineludible respecto a este recurso pesquero, clave para la economía sectorial, la seguridad alimentaria y la cultura pesquera nacional. Esta responsabilidad radica en garantizar la salud de su población. Desde el año 2003, la pesquería de merluza común enfrenta una crisis profunda, producto de una reducción sin precedentes tanto en la biomasa (pocos peces) como en su estructura poblacional (peces más pequeños). Esto se refleja en una baja cantidad de ejemplares que contribuyen al desove y en la presencia de peces significativamente más pequeños que los observados en nuestras costas antes del inicio de la crisis.

Si bien se han implementado algunas medidas para favorecer la recuperación de la población, como la fuerte reducción de las cuotas de captura a partir de 2014 y la veda biológica en septiembre de cada año, estas acciones han sido claramente insuficientes. La evidencia es clara: la merluza común lleva más de 20 años en un estado de sobreexplotación.

En términos simples, su población está en niveles que no garantizan su sostenibilidad a largo plazo. Aunque nuestra legislación contempla un régimen especial para pesquerías en recuperación, la merluza común ha sido siempre administrada como si estuviera en plena explotación. En otras palabras, se gestiona como si fuera un recurso en condición saludable, cuando en realidad requiere cuidados intensivos, de manera urgente.

La discusión sobre las causas de esta crisis ha sido larga e infructuosa. Probablemente se conjugó una “tormenta perfecta” de factores: el aumento sin precedentes de la jibia en nuestras costas, que actúa como predador, la sobrepesca ejercida por las flotas autorizadas, el incumplimiento de las capturas recomendadas por el Comité Científico-Técnico y los posibles efectos del cambio climático en el ecosistema.

Sin embargo, algunos han preferido simplificar el debate, responsabilizando al método de captura o a la injusticia distributiva, lo que revela una preocupante falta de voluntad para adoptar las medidas que realmente podrían orientarse a rescatar al recurso y, con ello, asegurar nuestro propio bienestar social.

Los bajos niveles de biomasa y la fragilidad de la estructura poblacional alcanzan rangos alarmantes. Sin embargo, esto no parece generar la preocupación necesaria, ya que la discusión pública se ha centrado en cómo distribuir los escasos excedentes de producción, que están muy lejos de alcanzar el anhelado rendimiento máximo sostenible.

La autoridad pesquera nacional debería concentrar sus esfuerzos en fortalecer los instrumentos de gestión para garantizar la recuperación del recurso. Solo mejorando la salud de la población de merluza común será posible, en el mediano y largo plazo, aumentar las cuotas de captura, beneficiando tanto a pescadores artesanales como industriales.

Por la propia historia de vida de esta especie, medidas apropiadas y un plan de manejo estricto permitirían lograr su recuperación en un plazo de 5 a 10 años. En cambio, centrarse únicamente en cambiar el fraccionamiento de las cuotas solo perpetuará la actual situación de escasez y seguiremos, literalmente, administrando pobreza.