Dientes para la Contraloría, la única que hace la pega

En medio de escándalos de corrupción como el caso ProCultura, el desvío de recursos públicos a través de convenios truchos y un uso a veces descarado –casi malicioso– de las licencias médicas para evadir responsabilidades laborales, hay una institución que, sin contar con herramientas suficientes, ha logrado levantar las alertas que otros prefirieron ignorar: la Contraloría General de la República.

El caso Fundaciones no fue casual. Fue posible porque, durante años, se certificaron organizaciones sin estándares claros, sin fiscalización real ni verificación de capacidades técnicas o experiencia. Muchas fundaciones fueron habilitadas para recibir miles de millones de pesos públicos en cosa de días, sin control, sin evaluación, sin contrapesos. Se usaron como vehículo para trasladar fondos desde el Estado hacia redes clientelares o derechamente para financiar favores políticos. ¿Dónde estaban los controles? ¿Quién autorizaba, quién fiscalizaba, quién respondía?

La respuesta, en la mayoría de los casos, es nadie.

A esa falta de control se suma un fenómeno paralelo: el uso abusivo de las licencias médicas en el Estado. Esta semana conocimos que, según un informe de la Contraloría, más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país mientras estaban con licencia médica. Y no es un error de digitación. Veinticinco mil. Personas que, en teoría, estaban inhabilitadas para trabajar y que, en la práctica, cruzaban fronteras. ¿Qué confianza puede tener la ciudadanía en sus instituciones si ni siquiera se cumple con lo más básico: estar presente cuando se cobra el sueldo?

Todo esto revela un patrón: el Estado chileno está funcionando con controles débiles, instituciones sin dientes y mecanismos de rendición de cuentas que son, muchas veces, meramente decorativos.

Y sin embargo, en ese desierto, la Contraloría ha cumplido su función, pese a todo. Sin poder sancionar, sin acceso directo a cuentas bancarias, sin más herramientas que sus auditorías, ha puesto en la mesa los escándalos que nadie más quería ver.

Por eso, si realmente queremos enfrentar la corrupción, no basta con indignarse o pedir renuncias. Hay que actuar. Y eso empieza por fortalecer a la Contraloría en tres ejes concretos:

1. Acceso directo a cuentas corrientes y registros financieros

No puede ser que la Contraloría tenga que andar mendigando información. Debe poder acceder de manera autónoma a las cuentas de municipios, fundaciones y servicios públicos cuando hay recursos fiscales involucrados. Transparencia en tiempo real, no después del desastre.

2. Facultades sancionatorias efectivas

Hoy la Contraloría solo puede emitir informes. No puede suspender, multar ni exigir la restitución de recursos. Eso es inaceptable. Si una fundación se certifica sin cumplir requisitos o si un funcionario cobra mientras está en el extranjero con licencia, deben existir consecuencias inmediatas, no solo recomendaciones.

3. Autonomía reforzada y protección institucional

La Contraloría necesita recursos, protección jurídica y autonomía real para resistir las presiones políticas. No se puede combatir la corrupción con una institución amordazada.

Mientras muchas instituciones guardan silencio o miran hacia el techo, la Contraloría ha demostrado que aún hay quienes hacen la pega. No más cheques en blanco. No más licencias falsas. Ha llegado la hora de darles dientes a quienes cuidan la casa común, antes de que el cinismo termine por devorarla.