Construcción de un Estado eficiente y transparente: lecciones del caso licencias médicas

La semana pasada, hemos observado con estupor el caso de 25.078 funcionarios públicos que salieron del país mientras se encontraban con licencia médica en los años 2023 y 2024. Solo en 2024, el costo para el fisco por suplencias asociadas a licencias médicas fraudulentas ascendió a 350 millones de dólares. Esta cifra, por sí sola, es preocupante; pero lo es aún más considerando las debilitadas cuentas fiscales y un nivel de deuda pública cercano al 42% del PIB.

Este acontecimiento trae a colación una discusión más profunda que es fundamental relevar: mucho se ha discutido en la opinión pública sobre el tamaño óptimo del Estado, qué tan necesarias son nuevas alzas tributarias, qué tan razonable es la carga tributaria actual que tiene Chile en comparación con países similares y países desarrollados, entre otros temas parecidos.

Lo ocurrido con las licencias médicas permite hacerse la siguiente pregunta: ¿en qué condiciones es deseable y posible un aumento de la carga tributaria en nuestro país? Existen múltiples necesidades sociales y déficits en servicios públicos fundamentales para el bienestar de la ciudadanía que refuerzan la necesidad de mayor recaudación, sin embargo, si no somos capaces de mostrar que el uso de recursos públicos para estos efectos se hará de manera transparente, eficiente y centrado en quienes más los necesitan, poco sentido y plausibilidad tiene exigir y dotar al Estado de más recursos públicos. 

Nuestra carga tributaria, que llega a 23,9 % del PIB, dista bastante del promedio de países OCDE, que alcanza un 34 %, encontrándonos muy lejos de la estructura tributaria de países desarrollados. Para que Chile pueda ser un país desarrollado requiere de un sistema de protección social bien desarrollado y fuerte, lo que necesariamente significa una mayor cantidad de recursos para el Estado.

Por esta razón, todos quienes creemos en un Estado fuerte, presente, y eficiente, debemos ser los primeros en exigir y promover criterios y mecanismos que garanticen el buen uso de los recursos fiscales y evitar a toda costa la fuga de recursos a partir de acciones fraudulentas como las que hemos visto a partir del caso de licencias médicas.

El desenlace del caso de los casi 25 mil funcionarios públicos que presuntamente abusaron del sistema de protección social chileno defraudando recursos del Estado presenta una tremenda oportunidad para mostrarle a la ciudadanía que no es admisible defraudar al Estado. Más aún, nos interpela para formular estándares éticos y de funcionamiento de la mayor exigencia cuando hay recursos públicos involucrados. 

Esperemos que el Gobierno esté a la altura y tome decisiones ejemplificadoras, pues no podemos seguir dañando la confianza ciudadana en un ente tan importante como el Estado de Chile, crucial para alcanzar el desarrollo y prosperidad compartida que todos los chilenos anhelamos.