Chile y el acuerdo sobre biodiversidad marina en alta mar: ambición global, deuda local

En el marco de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC 3), que se celebrará en junio de este año en Niza, Francia, Chile ha redoblado su apuesta por posicionarse como líder en la gobernanza oceánica. Una muestra concreta de ello es su postulación para albergar la Secretaría del Acuerdo BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction), un tratado global histórico que busca conservar y usar de manera sostenible la biodiversidad marina en alta mar.

Se trata de una ambición legítima y valiosa. Chile tiene una extensa costa, una diplomacia ambiental activa y ha participado con consistencia en los principales foros multilaterales sobre océanos. Valparaíso, como ciudad propuesta para ser la sede de este acuerdo, representa un símbolo marítimo potente y una oportunidad de descentralización y proyección regional. No cabe duda de que el país tiene atributos que podrían hacer de esta candidatura un aporte valioso al sistema multilateral.

Sin embargo, en un evento como UNOC 3, donde la coherencia entre los compromisos internacionales y las políticas internas será objeto de escrutinio, cabe preguntarse: ¿está Chile realmente preparado para liderar globalmente la conservación marina cuando enfrenta serias brechas en la protección de su propio mar y en el respeto de los derechos humanos de las comunidades costeras?

Los desafíos son evidentes. La sobrepesca, la contaminación industrial, la expansión desregulada de la salmonicultura y la pérdida de ecosistemas costeros son problemas estructurales que siguen sin resolverse. La fiscalización es insuficiente, las áreas marinas protegidas carecen de recursos y planificación efectiva, y la gobernanza sectorial sigue fragmentada y capturada por intereses económicos de corto plazo.

Pero el tema más preocupante –y menos mencionado en las vitrinas diplomáticas– es el incumplimiento sistemático del Estado de Chile con sus compromisos internacionales relativos a los derechos indígenas en el borde costero. A más de quince años de la promulgación de la Ley Lafkenche, decenas de solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) siguen estancadas, mientras se impulsan cambios legislativos que afectan estos derechos sin consulta previa y bajo discursos cargados de prejuicios estigmatizadores y discriminatorios. La presión empresarial y la omisión institucional han convertido esta ley en una promesa vacía para muchas comunidades costeras.

Chile no puede aspirar a custodiar la biodiversidad de alta mar mientras invisibiliza a los pueblos que históricamente han cuidado el mar dentro de sus propias fronteras. Si bien el Acuerdo BBNJ se centra en aguas más allá de la jurisdicción nacional, el espíritu del acuerdo –justicia intergeneracional, equidad en el acceso a los recursos, conservación basada en derechos– exige una mínima coherencia entre el actuar global y el compromiso local.

Es este mismo instrumento internacional el que, por lo demás, incluye dentro de sus principios generales el respeto y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas, y afirma el importante papel que juegan sus conocimientos tradicionales relativos a recursos genéticos marinos en alta mar, entre muchas otras disposiciones.

UNOC 3 es una vitrina internacional. Chile llega con propuestas interesantes, pero también con tareas pendientes. Ser sede de la Secretaría del BBNJ podría ser una gran oportunidad, pero no puede convertirse en una operación de lavado de imagen. La verdadera legitimidad se construye demostrando que el país es capaz de proteger su propia biodiversidad y respetar los derechos colectivos que habitan su costa.

En definitiva, si Chile quiere ser parte de la solución global para los océanos, debe partir por resolver los conflictos estructurales que afectan su mar y a sus pueblos. La credibilidad se juega tanto en Niza como en Tirúa, Melinka o Cucao.