Pedirle más a la Cuenta Pública presidencial

Como cada año, el pasado 1 de junio fuimos testigos de la Cuenta Pública presidencial –en este caso la última–, instancia en la que el Mandatario cumple con la obligación de informar sobre el estado administrativo y político de la nación. Sin embargo, en la práctica, este ejercicio dista mucho de ser una verdadera rendición de cuentas o un acto de transparencia que permita el escrutinio efectivo del Congreso y la ciudadanía. Lo habitual es encontrarnos con un relato general, escaso en datos verificables y con poca participación ciudadana, centrado en destacar los logros del Gobierno de turno y justificar las dificultades enfrentadas.

Cuando se trata de la última Cuenta Pública de un Presidente, el discurso suele buscar condensar y proyectar el legado de su gestión, adquiriendo una marcada perspectiva política. El programa de gobierno y sus resultados se evalúan a la luz del tiempo y, muchas veces, en función de las necesidades electorales inmediatas.

A pesar de que ya estamos acostumbrados al particular tono y estilo de nuestras Cuentas Públicas presidenciales, ha llegado el momento de exigir mayor profundidad y contenido, al menos en los temas más sensibles. La profunda desconfianza ciudadana hacia las instituciones también se relaciona con discursos que presentan políticas como exitosas, cuyos beneficios, sin embargo, no resultan evidentes para la población.

Veamos algunos ejemplos especialmente relevantes.

En la reciente Cuenta Pública, la seguridad ciudadana –principal preocupación de la ciudadanía en los últimos años– fue el primer tema abordado. Si bien se destacaron avances, quedaron sin respuesta preguntas esenciales: ¿qué medidas explican la baja en los homicidios?, ¿cuáles son los resultados concretos de las 60 leyes aprobadas?, ¿cuál ha sido el impacto del aumento de recursos, dotación, tecnología e infraestructura en las policías?, ¿la gran cantidad de armas incautadas responde a una estrategia específica o simplemente refleja un mayor ingreso de armas al país?, ¿la disminución de la violencia en la macrozona sur se mantendría sin el Estado de Excepción?, ¿qué cobertura y servicios ofrecen los centros de atención a mujeres víctimas de violencia?, ¿qué avances hay en reinserción social?

No se trata de restar valor a los esfuerzos realizados ni de desconocer la enorme complejidad de las políticas de seguridad. Sin embargo, en un tema tan relevante para la vida de las personas, la rendición de cuentas debe ser exhaustiva y transparente.

Las cifras de temor en Chile no son nuevas. Hace veinte años, los índices de miedo a la delincuencia superaban ampliamente la cantidad real de delitos. Hoy, enfrentando nuevas formas de criminalidad y violencia, esos números no han hecho más que aumentar.

Este escenario es terreno fértil para el desprestigio democrático, favoreciendo discursos autoritarios como el de Bukele, quien recientemente declaró que democracia, institucionalidad, transparencia, derechos humanos y Estado de Derecho son apenas eufemismos para someter a las personas. No es casualidad que goce de alta popularidad en nuestro país.

Otro ejemplo es la superficialidad con la que se abordó la situación de la infancia vulnerada. Este año se ha evidenciado una alarmante alza en los homicidios de niñas, niños y adolescentes, la mayoría con armas de fuego. Muchos de estos crímenes ocurrieron en contextos de violencia intrafamiliar, violencia armada y crimen organizado, y un alto porcentaje de las víctimas estaba bajo alguna medida de cuidado estatal. Resulta incomprensible que se destaque la baja de homicidios en términos generales, omitiendo la situación de la niñez sin mayor explicación.

La evidencia reciente confirma altos niveles de violencia contra la niñez: persiste la violencia intrafamiliar, aumentan los episodios de violencia escolar y en espacios públicos, y las tasas de violencia sexual son alarmantes. Aunque la ciudadanía está al tanto de esta realidad, el tema no fue abordado con la contundencia que requiere.

Los avances presentados en materia de infancia se limitaron a un anuncio general sobre la instalación de Oficinas Locales de la Niñez, sin detallar las medidas para enfrentar los graves problemas que enfrenta el Estado en la ejecución de las órdenes de protección dictadas por los tribunales: listas de espera, sobrecupos, hacinamiento y falta de residencias especializadas, entre otros.

Aunque siempre escasean los datos, el análisis profundo y la autocrítica, las Cuentas Públicas deberían al menos reflejar las prioridades de los gobernantes, su visión sobre los asuntos críticos y los recursos que están dispuestos a comprometer para gestionar y resolver los problemas que afectan a la sociedad.