Criminalizar la ayuda humanitaria: lo que revela la detención de Greta Thunberg

El lunes pasado vimos una escena que, más allá de sus protagonistas, refleja algo mucho más grave: la criminalización de quienes defienden los derechos humanos. Una embarcación de la Flotilla de la Libertad fue interceptada por fuerzas israelíes en aguas internacionales. Entre quienes viajaban estaban Greta Thunberg y otras personas defensoras de derechos humanos. La embarcación intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza, pero fue detenida y parte de su tripulación fue deportada.

El objetivo del viaje era claro: hacer llegar alimentos y suministros básicos a una población palestina asediada, mientras se denunciaba el bloqueo que Israel mantiene sobre Gaza desde hace años, agravado tras más de un año y medio de guerra. Hoy, este bloqueo sigue impidiendo el ingreso de bienes esenciales, en un conflicto armado prolongado que ha dejado miles de muertos y heridos.

Israel sostiene que el barco violaba el bloqueo naval sobre Gaza. Pero aquí es donde debemos detenernos y preguntarnos: ¿es este bloqueo legítimo?, ¿qué dice el derecho internacional?

El derecho internacional humanitario establece límites claros a los bloqueos en contexto de guerra. El Convenio de Ginebra prohíbe los castigos colectivos y cualquier forma de intimidación contra la población civil. A su vez, el Manual de San Remo –que recoge normas ampliamente aceptadas– prohíbe bloqueos destinados a provocar hambre o que causen daños desproporcionados a civiles. En el caso de Gaza, la realidad es evidente: una crisis humanitaria extrema, escasez de alimentos y medicamentos, y un bloqueo calificado como ilegal por diversos relatores de Naciones Unidas. 

Además, la detención de la embarcación ocurrió en aguas internacionales, donde rigen normas aún más estrictas. Los barcos tienen libertad de navegación y solo pueden ser interceptados en circunstancias muy excepcionales, como piratería, trata de esclavos, tráfico de drogas, ausencia de bandera o fraude de pabellón. Ninguna de esas condiciones existía. La Flotilla transportaba ayuda humanitaria y personas defensoras de derechos humanos. Por tanto, la intercepción fue arbitraria y contravino las normas internacionales.

Recordemos también que quienes iban a bordo –Greta Thunberg incluida– son personas defensoras de derechos humanos protegidas por Naciones Unidas. Su detención y deportación pueden considerarse represalias prohibidas por el derecho internacional.

Este episodio es mucho más que la historia de Greta. Es el reflejo de una estrategia sistemática de criminalización de quienes intentan proteger a poblaciones sometidas a graves violaciones de derechos humanos. Y también un recordatorio de cómo algunos Estados, bajo la excusa de seguridad, vulneran principios jurídicos básicos, mientras miles de civiles palestinos continúan siendo víctimas del bloqueo.

Las cifras son devastadoras: al 9 de junio de 2025, más de 54.800 personas han muerto en Gaza, incluyendo 17.400 niños y niñas, mientras más de 126.000 personas han resultado heridas desde el rompimiento del alto al fuego en marzo, según informó el Ministerio de Salud palestino. 

Por eso, más allá de los titulares y de los rostros conocidos, apremia que la comunidad internacional y los Estados dejen de avalar este genocidio. Defender los derechos humanos no puede ser nunca un delito. Silenciar a quienes intentan proteger la vida tampoco puede ser una estrategia aceptable.