El ajuste en seguridad privada

La reciente promulgación de la Ley N° 21.637, que regula los servicios de seguridad privada en Chile, ha abierto un nuevo ciclo de institucionalización del sector, estableciendo nuevos estándares técnicos, exigencias formativas distintas y mayores atribuciones para el Estado en materia de regulación y fiscalización.

Sin embargo, más allá del cumplimiento formal de la norma, persiste el desafío estructural de pensar estratégicamente la función social de la seguridad privada. Este artículo examina ese problema desde la perspectiva del ajuste entre medios y fines, ofreciendo una lectura crítica sobre el sentido de las intervenciones en este campo.

El concepto de “ajuste entre medios y fines” se refiere a la coherencia necesaria entre las acciones que se ejecutan y los objetivos superiores que las orientan. Esta idea, arraigada en el pensamiento estratégico desde tiempos antiguos, fue formalizada por Carl von Clausewitz, quien sostuvo que la guerra debía entenderse como la continuación de la política por otros medios. Esta perspectiva introduce una jerarquía lógica en la que las maniobras tácticas deben subordinarse a objetivos estratégicos, y estos, a su vez, a fines políticos. Cuando esta coherencia se rompe, los medios pueden volverse contraproducentes, incluso si son técnicamente eficaces.

Más recientemente, el término “ajuste” ha sido retomado en el análisis de sistemas complejos, mostrando que la racionalidad no se reduce a la eficiencia operativa, sino que depende de la alineación de las acciones con propósitos claramente definidos. Una medida puede parecer lógica en su nivel táctico, pero resultar irracional si contradice el objetivo estratégico o se desconecta del marco ético o político más amplio. Este principio, formulado inicialmente en contextos bélicos, se aplica también a sistemas algorítmicos, decisiones empresariales y, como aquí se propone, a la seguridad privada.

La correcta alineación entre los fines perseguidos, los modos para alcanzarlos y los medios disponibles es esencial. La historia ofrece abundantes ejemplos donde este principio fue ignorado. En la campaña de Rusia de 1812, Napoleón desplegó uno de los ejércitos más grandes jamás reunidos, pero la logística de abastecimiento no estuvo a la altura del esfuerzo estratégico. El clima, las distancias y la táctica de tierra arrasada del enemigo convirtieron la ofensiva en una catástrofe. La invasión de Irak en 2003, aunque exitosa en el plano militar inmediato, deterioró la posición política estadounidense en la región a largo plazo.

Este modelo resulta aplicable al campo de la seguridad privada. En espacios de alta concurrencia pública, las organizaciones suelen adoptar decisiones operativas, como aumentar la vigilancia o reforzar controles, sin reflexionar lo suficiente sobre los fines estratégicos que deberían guiar esas acciones. A menudo, el propósito no es solo reducir delitos, sino también mejorar la percepción de seguridad entre los usuarios.

Esa percepción involucra componentes subjetivos y simbólicos que pueden entrar en tensión con estrategias meramente coercitivas. Así, medidas eficaces desde el punto de vista del control pueden generar incomodidad, hostilidad o desconfianza. En lugar de fortalecer la seguridad, estas acciones pueden erosionar la experiencia del usuario y dañar la imagen institucional.

Cuando un colegio decide instalar detectores de metales en sus accesos, como ha ocurrido recientemente en establecimientos de Temuco y Valparaíso, no solo busca prevenir el ingreso de armas, sino que también configura una experiencia. Si esa experiencia resulta invasiva, genera ansiedad o transmite desconfianza, entonces el ajuste ha fracasado, incluso si cumple con estándares normativos. El criterio de evaluación no puede limitarse a la eficiencia operativa, sino que también debe considerar la legitimidad que se construye, la convivencia que se permite y el tipo de orden que se instaura.

La nueva Ley de Seguridad Privada busca profesionalizar el sector mediante formación continua, protocolos estandarizados y controles sobre el uso de tecnologías. Sin embargo, si estos no se articulan con fines estratégicos orientados al usuario final, su impacto será limitado.

La racionalidad en seguridad privada requiere actuar con eficiencia, pero también definir con precisión los fines estratégicos y seleccionar medios coherentes con esos fines. Se trata de articular una visión integral donde sistemas de vigilancia, procedimientos y comportamiento del personal converjan en una estrategia que favorezca la confianza pública, porque en seguridad, como en política, lo que define la eficacia no es la acción por sí sola, sino su grado de ajuste.