Chao bolsas plásticas: del orgullo al cajón lleno de falsas soluciones

Estamos a punto de cumplir siete años desde la promulgación de la Ley N° 21.100, conocida como “Ley Chao Bolsas Plásticas”, que convirtió a nuestro país en pionero en América Latina al prohibir la entrega de bolsas plásticas en el comercio. Una decisión celebrada como un hito ambiental y cultural, que con el tiempo también ha dejado al descubierto desafíos que aún requieren una revisión técnica rigurosa y fortalecimiento institucional para poder abordarse de forma efectiva.

Desde la entrada en vigencia de la ley en agosto de 2018, se estima que se han evitado más de 11.500 millones de bolsas en el país, según cifras del Ministerio del Medio Ambiente. El impacto fue evidente: no solo cayeron el consumo y la fabricación de este producto de un solo uso, también se instaló un cambio cultural que parecía impensado años atrás. De hecho, según la Encuesta Nacional de Medio Ambiente 2020, el 95 % de las personas encuestadas se manifestó a favor de la prohibición de entregar bolsas plásticas en el comercio, lo que confirma una alta aprobación ciudadana hacia esta medida desde sus primeros años de implementación.

Sin embargo, como suele ocurrir en las políticas ambientales, el verdadero éxito no solo se mide en logros simbólicos, sino también en su capacidad de resistir el paso del tiempo y adaptarse a los desafíos que emergen en el camino. Y en este caso, los vacíos se han hecho evidentes.

Una de las críticas más importantes ha sido la falta de fiscalización efectiva. Según un estudio realizado por estudiantes de periodismo de la Universidad Católica, solo 11 de 41 municipios consultados declararon haber fiscalizado el cumplimiento de la ley. Las razones van desde la falta de presupuesto hasta la ausencia de lineamientos claros sobre qué tipo de bolsas están permitidas y cuáles no. Esta ambigüedad ha sido aprovechada por el mercado para introducir “falsas soluciones”: bolsas con una pequeña proporción de material vegetal que siguen conteniendo plásticos fósiles, y que muchas veces se publicitan como compostables sin contar con certificaciones reales. De hecho, recién en 2022 el Ministerio del Medio Ambiente aclaró que cualquier bolsa con componentes derivados del petróleo, aunque sea en bajo porcentaje, está prohibida.

Otro efecto no previsto fue la sustitución masiva por bolsas de papel o de TNT (tela no tejida), un material que en realidad es plástico derivado del petróleo (polipropileno), aunque más resistente que el polietileno de baja densidad, que es el tipo de plástico comúnmente usado en bolsas desechables. Por eso se utiliza en la fabricación de bolsas reutilizables. Sin embargo, si no se reutilizan muchas veces, su huella ambiental también puede ser significativa. En el fondo, la ley no buscaba reemplazar un material por otro, sino poner en cuestión la lógica del descarte. Y sin embargo, muchos hogares hoy lo confirman con un gesto cotidiano: ese cajón que antes estaba lleno de bolsas desechables, ahora está repleto de bolsas reutilizables. Distintas, sí. Pero también acumuladas. Lo que pone en evidencia que, si no transformamos el hábito, el resultado es el mismo: seguimos acumulando. Sin una educación clara que acompañe la regulación, el riesgo de volver a caer en lógicas de sobreconsumo es alto.

El avance es innegable, pero el camino aún está lleno de contradicciones. La Ley Chao Bolsas fue un primer paso valiente que puso a Chile en la vanguardia regional, reconociendo que las personas consumidoras tienen el derecho a un entorno libre de contaminación por plásticos innecesarios y el deber de contar con información clara y regulaciones que respalden sus decisiones de compra. Pero su implementación ha dejado al descubierto lo difícil que es sostener un cambio estructural sin acompañamiento, fiscalización ni participación activa de las y los consumidores. Organizaciones como Fundación Basura han planteado propuestas concretas: mejorar los estándares de certificación, exigir compostabilidad industrial verificable y garantizar recursos a los municipios para que puedan cumplir su rol fiscalizador. Además, desde CONADECUS consideramos urgente sancionar la entrega de información ambigua o engañosa sobre la composición de las bolsas, ya que confunde a las personas consumidoras y debilita su derecho a elegir de forma informada.

El verdadero desafío está en comprender que el problema no se resuelve cambiando la bolsa, sino cambiando el modelo de consumo y protegiendo el derecho de las personas a consumir de forma informada, responsable y sin engaños. 

Chile ya ha dado pasos importantes. Pero si no seguimos profundizando el cambio, corremos el riesgo de quedarnos en lo simbólico. Ese cajón que alguna vez se llenaba de plásticos desechables hoy está repleto de bolsas reutilizables. Un gesto cotidiano que nos recuerda que los hábitos también deben transformarse. Desde el área de consumo sostenible y economía circular de CONADECUS reafirmamos que las personas consumidoras tienen derecho a un entorno regulado y libre de falsas soluciones, a información veraz sobre los productos que adquieren y a políticas públicas que garanticen transparencia, fiscalización y educación para un consumo responsable. Porque proteger a las personas consumidoras es también una forma de cuidar el planeta.