La infiltración de las Fuerzas Armadas por el narcotráfico

El descubrimiento de cinco funcionarios de la Primera Brigada Aérea de la Fuerza Aérea, con asiento en Iquique, que intentaban trasladar droga en un avión institucional de Iquique a Santiago, y su posterior detención, se enmarca, evidentemente, en el narcotráfico y en su represión, pero, al respecto, es oportuno realizar precisiones que permiten contextualizar lo sucedido debidamente.

En el caso, los cinco funcionarios, entre hombres y mujeres, son tripulantes, todos de planta, de escalafones regulares de la Fuerza Aérea. La droga, varios kilogramos de ketamina, estaba en la maleta de una de las tripulantes, la cual no fue detectada en los controles rutinarios de seguridad, en conformidad con los protocolos de la Fuerza Aérea, sino porque a un vigilante de la institución le pareció sospechoso que una tripulante, que portaba una maleta, intentara atravesar una puerta no controlada. ¡Felicitaciones al funcionario!

La participación de miembros de las Fuerzas Armadas y de Carabineros en actividades vinculadas al narcotráfico no es algo nuevo, sino de larga data. A modo de ejemplo, en la Armada de Chile, hace alrededor de unos 15 años, el director de la Escuela de Buceo (que se ubica en los altos del sector Las Salinas de Viña del Mar), un oficial de mar de grado capitán de corbeta, fue acusado de robar una cámara hiperbárica y de guardar y esconder droga en la institución que dirige, y de transportarla en la camioneta de la Escuela. Esto le aseguraba la impunidad, porque la policía no lo controlaba y porque las autoridades del Ministerio de Defensa no controlan las actividades que realizan las Fuerzas Armadas.

La represión legal del narcotráfico tampoco es algo nuevo. En mayo de 1973, durante el gobierno de Salvador Allende, se promulgó en Chile la Ley 17.934, que fue el primer intento legislativo para reprimir el tráfico de estupefacientes, pero no consideró las sustancias psicotrópicas.

La sucedieron las leyes 18.403, de 1985; 19.366, de 1994, y finalmente la Ley 20.000, del año 2005, que sanciona el narcotráfico, y que incluyó, entre sus artículos, penas especiales para los miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería, que no denuncien los delitos tipificados en ella y de los que hayan tomado conocimiento en razón de su cargo. En ella se considera como delito para los militares, los miembros de la Policía de Investigaciones, de Gendarmería y para el personal aeronáutico, el mero consumo de drogas, porque esto lleva aparejado, ya sea en primera o en segunda derivada, una vinculación con el narcotráfico.

Al respecto, si bien los delitos que se deducen de la Ley 20.000 y que tienen como partícipes a militares, corresponden a la competencia de los tribunales militares, en conformidad con el artículo 5 del Código de Justicia Militar, debiesen ser investigados por el Ministerio Público, porque los militares que los cometen se vinculan necesariamente con delincuentes civiles y, aunque se trate de un mero delito de consumo, confiere al Ministerio Público la obligación de investigar a los proveedores de la droga ilícita. Es por ello que  debiesen ser conocidos por los tribunales penales ordinarios, para asegurar la condena de todos los delincuentes militares y civiles, efecto para lo cual se requiere una simple modificación en la Ley 20.000.

El narcotráfico es una amenaza que no golpea la puerta de Chile, porque ya entró. Sus redes infiltran nuestras instituciones, incluso las encargadas de combatirlo, y nuestras Fuerzas Armadas no constituyen una excepción y difícilmente podrán serlo, porque el consumo mismo de drogas está presente en Chile y existe una vinculación inseparable e indesmentible entre el consumo ilícito de drogas y el narcotráfico, y es de público conocimiento que los beneficios económicos que obtienen los narcotraficantes son muy tentadores.

Para evitar el consumo de drogas y que el narcotráfico y otros vicios, malos hábitos y malas costumbres se extendieran a las Fuerzas Armadas, se consideró que la base debía de estar en una buena formación militar, que tuviera una duración mínima de dos años, porque ese tiempo era el adecuado para transformar civiles en militares y disuadir y detectar la infiltración.

Es así como, para este efecto, en febrero de 1990 se promulgó la Ley 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, que en su artículo 10 dispuso que la incorporación a las plantas y dotaciones de oficiales, personal del cuadro permanente y de gente de mar y personal de tropa profesional solo puede hacerse a través de sus escuelas matrices, y para asegurar un buen resultado formativo se consideró que ese período debía de durar un mínimo de dos años, efecto para el cual en el D.F.L. N^o 1 de 1997, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, promulgado durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, se dispuso que los dos últimos años de escuela matriz se computarían para efectos previsionales, y que un 75 % de la asignación debía ser recibido por la correspondiente escuela matriz, para atender los gastos que demanda la formación militar de los alumnos.

Desgraciadamente, este tiempo, que es de formación militar, que se pensó principalmente para evitar la infiltración comunista, fue disminuido a la mitad para el personal del cuadro permanente y de gente de mar por las propias instituciones castrenses, disminución que viene a explicar, en parte, la infiltración del narcotráfico en nuestras Fuerzas Armadas.

Lo otro cierto es que nuestra clase política dirigente, ya sea la que se concentra en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo, no ha dado el ancho parta los efectos de controlar a las Fuerzas Armadas, porque la gran mayoría de ellos no ha hecho siquiera el servicio militar obligatorio, razón por la cual desconoce no solo la forma de organización y estructura de nuestras Fuerzas Armadas, sino que también su cultura, porque la mayoría eludió el servicio miliar, razón por la cual, difícilmente, pueden cumplir bien las tareas de control que les competen respecto de las Fuerzas Armadas.

Solo a modo de ejemplo, desde el retorno a la democracia, de 22 ministros de Defensa que ha tenido Chile, solo dos (Francisco Vidal y Mario Desbordes) efectuaron el servicio militar. A mayor abundamiento, el subsecretario de las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, tampoco hizo el servicio militar y milita en el Partido Comunista, circunstancia que en sí misma lo inhibe de ejercer con toda propiedad su cargo, en tanto que el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, tampoco hizo el servicio militar.

Montero fue constituyente por el Partido Socialista en la Lista del Apruebo y era partidario de la reforma a Carabineros y de eliminar de la Constitución el capítulo de las Fuerzas Armadas. En el Congreso, la situación es similar, pero un poco menos grave. En las comisiones de Defensa del Senado y de la Cámara de Diputados, solo el senador Kenneth Pugh y el diputado Miguel Becker cumplieron con el servicio militar.

Entonces, para evitar que continúe la infiltración en nuestras Fuerzas Armadas, se debe volver a los dos años de formación militar en las escuelas matrices de estas; se debe trasladar la competencia de los tribunales militares para los delitos de la Ley 20.000, en todos los casos, a la justicia penal ordinaria; y se debe, al menos, cubrir los cargos de dirección del Ministerio de Defensa con personas que hayan efectuado el servicio militar.