“Hijito corazón”: ¿puerta de entrada o cortina de humo?

El reciente proyecto de ley “Hijito corazón”, que busca sancionar con mayor severidad el abandono de personas mayores, ha captado la atención pública al tocar una fibra sensible: la desprotección y soledad que viven miles de adultos mayores en Chile. Inspirado en la Ley “Papito corazón”, que facilitó el cobro de pensiones alimenticias para la niñez, esta nueva iniciativa propone medidas como un procedimiento judicial exprés, acompañamiento obligatorio en hospitalizaciones y sanciones penales más duras para quienes abandonen a personas de la “cuarta edad”.

Aunque el objetivo declarado –proteger a las personas mayores– es valioso, urge hacer un análisis más profundo y menos efectista. Porque el abandono no es solo una falta moral individual; es también una consecuencia estructural de un país con una precaria oferta de cuidado, que ha recargado a las familias –sobre todo a mujeres– sin ofrecer redes de apoyo, y que no ha construido un sistema público de cuidados que sea universal, accesible y digno.

Según datos del Minsal, más de 11 mil personas mayores han sido abandonadas en hospitales públicos en menos de una década, y un 32% de ellas presenta malnutrición. Pero si el 85% del cuidado en Chile recae sobre mujeres, muchas veces sin apoyo ni reconocimiento, ¿es razonable pensar que la solución está en castigar sin ofrecer alternativas reales?

Aunque el Estado ha comenzado a avanzar hacia la creación de un sistema nacional de cuidados, lo cierto es que los recursos comprometidos siguen siendo escasos y la oferta de prestaciones claramente insuficiente.

Es cierto que la protección de las personas mayores tiene una dimensión familiar, pero la crisis de los cuidados ha evidenciado una tensión cada vez más visible: una demanda creciente frente a una capacidad familiar disminuida. Por eso, como sociedad, necesitamos construir respuestas cooperativas, solidarias y efectivas para abordar el abandono y el maltrato, que no se reduzcan a culpabilizar a las familias, sino que las respalden en su deseo –muchas veces frustrado– de cuidar.

Una muestra concreta de lo mal que lo estamos haciendo está en los costos que hoy implica cuidar: una cama sanitaria, una plaza en una residencia de larga estadía, un cuidador domiciliario o incluso una transferencia monetaria directa a la familia para que pueda cuidar, siguen estando fuera del alcance de la mayoría. Y, sin embargo, esas soluciones serían, en muchos casos, más humanas, más sostenibles y justas que una institucionalización hospitalaria o una sanción penal tardía.

En la gran mayoría de los casos, las familias no abandonan porque quieren, sino porque no pueden. No pueden pagar una residencia, no pueden dejar su trabajo para acompañar, no pueden llevar a su madre o padre a su hogar por condiciones habitacionales o laborales que lo impiden. Es ahí donde el Estado –y no solo el Código Penal– debe intervenir con fuerza, responsabilidad y cuidado.

Una política pública robusta debería incluir:

• Sistemas de gestión de casos intersectoriales, con intervención oportuna y seguimiento sanitario y social.
• Transferencias directas para cuidado, que permitan a las familias cuidar.
• Redes de atención domiciliaria.
• Protocolos que respeten los derechos de las personas mayores, evitando medidas coercitivas o discriminatorias.

Además, debemos comprender que la vejez no es homogénea. Hay tantas formas de envejecer como historias de vida. Hay personas con autonomía y otras con dependencia; hay familias presentes y otras ausentes o frágiles; hay quienes desean vivir en comunidad y quienes eligen la soledad. La política pública debe saber leer esa diversidad y no reducirla a un modelo infantilizante ni punitivista.

Por eso, más que una solución, el proyecto “Hijito corazón” puede ser una oportunidad. Una oportunidad para abrir una discusión seria, informada y estructural sobre el abandono y los cuidados. Pero si se queda en el castigo sin prevención; en la judicialización sin red de apoyo; en la emoción sin estrategia… entonces será solo un símbolo, otro titular que posterga lo esencial.

La verdadera protección no se legisla con sanciones ejemplares, sino con garantías concretas de derechos, con políticas sostenidas en el tiempo, y con un compromiso social que entienda que cuidar no puede ser un privilegio ni una condena, sino un acto colectivo de justicia.