El FES: avances y desafíos de una política en construcción

El Fondo de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES) se ha presentado como el cierre definitivo del ciclo de endeudamiento que marcó a toda una generación. Reemplaza al CAE, elimina intereses y morosidades, e introduce un modelo de retribución posegreso contingente al ingreso. En un país donde las deudas estudiantiles y la mercantilización de lo público han sido la norma, el FES supone un giro importante. Sin embargo, junto con sus avances, persisten zonas grises y aspectos no resueltos que exigen mayor debate.

El FES no es simplemente un nuevo mecanismo de pago; es una política que redefine las relaciones entre el Estado, las instituciones y los estudiantes. Y ahí surge la primera tensión o dilema: se presenta como una política de fortalecimiento, pero mantiene la lógica de financiamiento por demanda, donde los recursos siguen al estudiante y no al proyecto educativo institucional. Es decir, cambia el instrumento, pero no el modelo.

Las universidades estatales y tradicionales han advertido que eliminar el copago en los deciles medios, sin compensación efectiva, pone en riesgo la sostenibilidad del sistema. No se trata de defender el arancel diferenciado, sino de reconocer un hecho: en muchos casos, los aranceles regulados no cubren los costos reales de formación.

Esa diferencia, hasta ahora, era cubierta, precariamente, por el copago. Suprimirlo sin revisar esos aranceles podría desfinanciar carreras complejas, investigaciones de frontera o programas de vinculación territorial. También puede incentivar la reducción de oferta en áreas de alta necesidad social, pero baja rentabilidad como las pedagogías.

Desde las universidades privadas no tradicionales, la preocupación se expresa, en otros términos: asfixia financiera, riesgo de exclusión del sistema y amenaza a su viabilidad. Si el FES impone un techo de arancel, prohíbe el cobro adicional y congela matrículas, ¿cómo se sostendrán estas instituciones? Paradójicamente, sin criterios claros de priorización institucional, el FES podría terminar ampliando el subsidio público a instituciones privadas, desdibujando el rol del sistema público y generando tensiones con su mandato de equidad, calidad y responsabilidad social.

Tampoco hay consenso respecto del modelo de pago. La llamada “contribución solidaria” funciona, en la práctica, como un impuesto al egresado. Aunque es progresiva y exenta para quienes ganan menos, quienes obtienen ingresos altos podrían terminar pagando montos muy por sobre el costo real de su formación.  

A esto se suma una dimensión estructural que el FES no aborda: la ausencia de una política nacional de fortalecimiento institucional. Financiar a los estudiantes es necesario, pero no suficiente. Las universidades no viven solo de matrículas. Necesitan recursos para investigación, infraestructura, formación docente, apoyo estudiantil y desarrollo territorial. El FES surge en un contexto marcado por la urgencia política de resolver el CAE, pero su diseño aún no refleja una visión integral de largo plazo.

Desde el mundo estudiantil, la crítica apunta a la falta de condonación total del CAE, una promesa de campaña, y al hecho de que el nuevo modelo mantiene la lógica de pagar por estudiar, aunque sea después. No es solo una objeción económica: es la defensa del principio de la educación como derecho social, no como inversión individual con retorno exigido.

El FES, en su diseño actual, recoge demandas urgentes, representa un avance frente al CAE, pero posterga debates estructurales que deben darse y resolverse. Ni la equidad ni la calidad pueden sostenerse únicamente sobre la arquitectura del financiamiento. Una política seria de fortalecimiento exige una mirada sistémica que considere la diversidad de trayectorias, la heterogeneidad institucional y las asimetrías territoriales que siguen marcando la educación superior chilena, en un país tan diverso. Si no se corrigen sus vacíos y limitaciones, corre el riesgo de profundizar los problemas que busca resolver.

No basta con cambiar la forma en que se paga. Es necesario preguntarse cuál es el propósito de ese financiamiento, a quiénes está destinado realmente y qué modelo de país se busca construir a través de la educación superior. Bajo este prisma, hay más dudas que certezas. El debate ya se abrió, y lo más responsable es avanzar con una discusión seria que permita fortalecer el diseño, construyendo un consenso amplio. Porque las buenas políticas públicas no solo responden a problemas urgentes, sino que también anticipan sus consecuencias.