¿Por qué algunos terminan justificando la violencia contra la policía?

En octubre de 2019, millones salieron a las calles en las movilizaciones más masivas desde el retorno a la democracia en Chile. Pero la efervescencia ciudadana vino acompañada de una respuesta policial contundente, que incluyó el uso extensivo de gases lacrimógenos, carros lanzaguas y munición no letal, con un saldo de cientos de personas con traumas oculares. ¿Cómo afectó esta experiencia de represión –directa o indirecta– la forma en que los ciudadanos interpretaron la legitimidad del uso de la violencia en contextos de protesta?

Esta fue la pregunta que motivó nuestra investigación, recientemente publicada en la revista Social Forces. En ella, exploramos si la proximidad geográfica y temporal a protestas con presencia activa de fuerzas policiales incidió en la disposición de las personas a justificar la violencia contra Carabineros durante el estallido. A través de un diseño cuasiexperimental que combina datos de encuestas panel con eventos georreferenciados de protesta, encontramos que la exposición a protestas con fuerte presencia policial –es decir, aquellas donde hubo enfrentamientos o uso de fuerza– incrementa significativamente la justificación de la violencia contra la policía.

Este hallazgo es relevante por al menos tres razones. Primero, porque muestra que la violencia estatal además de tener efectos inmediatos sobre quienes protestan, moldea las percepciones de quienes observan los hechos desde las cercanías. Segundo, porque evidencia que el uso excesivo de la fuerza puede tener un efecto búmeran: lejos de disuadir el conflicto, puede legitimar formas radicales de oposición en amplios sectores sociales. Y tercero, porque esta transformación en las actitudes no es homogénea: varía según el posicionamiento ideológico de las personas.

Uno de los resultados más sorprendentes de nuestro estudio es que no son los votantes de izquierda –aquellos con mayor simpatía hacia las movilizaciones– quienes más cambian su percepción tras vivir cerca de protestas reprimidas. Aunque ya mostraban mayores niveles de justificación hacia la violencia en 2019, su actitud no varió significativamente con la exposición a la represión. En cambio, fueron los centristas –personas sin una identificación ideológica clara o que se sitúan en el medio del espectro político– quienes mostraron un mayor giro: su disposición a justificar la violencia contra Carabineros aumentó considerablemente tras estar expuestos a protestas reprimidas.

¿Por qué ocurre esto? Una explicación posible proviene de la psicología política: las personas más ideologizadas suelen tener actitudes más estables, mientras que los moderados están más abiertos a cambiar su opinión ante eventos impactantes. En contextos de alta incertidumbre como los vividos durante el estallido, los centristas pueden haber percibido la represión como desproporcionada, injusta o ilegítima, lo que gatilló un cambio en su evaluación de la violencia como respuesta.

Este fenómeno plantea desafíos importantes para las autoridades. Si la respuesta policial a las protestas es percibida como injusta por personas que habitualmente no apoyan la violencia, se erosiona la legitimidad de las instituciones encargadas de mantener el orden. Además, se fortalece el ciclo de polarización y radicalización, y no solo entre los sectores movilizados, también entre quienes los observan desde fuera, en sus barrios, en el transporte público, o a través de los medios.

Más allá del caso chileno, nuestros resultados dialogan con una discusión global sobre cómo los Estados manejan el conflicto social. En muchas democracias, incluida la nuestra, aún predomina una lógica de control del orden público centrada en la disuasión y el enfrentamiento, más que en la negociación y la contención democrática. Como han mostrado casos recientes en Estados Unidos, Francia o Colombia, esta estrategia suele fracasar cuando el malestar social es profundo y generalizado.

La pregunta de fondo que plantea nuestro estudio es si la represión violenta (como la que ocurrió en el estallido) es un remedio que termina enfermando más al paciente. Si la violencia policial alimenta actitudes más permisivas hacia la violencia ciudadana, entonces el Estado está contribuyendo, involuntariamente, a debilitar el pacto de no violencia que sustenta toda convivencia democrática.