Desafío pendiente en el sector rural: el saneamiento

FAO reconoce que el sector rural es clave para el crecimiento de los países, por tanto debe dársele el apoyo para su desarrollo. Lamentablemente este sector en nuestro país mantiene aún déficits importantes en infraestructura sanitaria, agua potable y soluciones a las aguas servidas. Actualmente un 65% de esa población cuenta con agua potable a través del Programa de Agua Potable Rural (APR), programa que acaba de cumplir 60 años y cuyo éxito radica fundamentalmente en el esfuerzo y dedicación de las entidades comunitarias organizadas, las cuales, bajo las directrices y el apoyo del organismo rector, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), han asumido las tareas de administración y operación de los sistemas, llevando el vital elemento hasta sus hogares.

El agua potable afortunadamente, pero quizás muy lentamente, sigue aumentando la cobertura en el sector (media aproximada de 1% anual) y, adicionalmente, los servicios van cumpliendo su vida útil y requieren rehabilitaciones. 

El saneamiento por su parte, salvo contadas iniciativas, ha sido y es una tarea pendiente. El Programa de APR requería de una institucionalidad para avanzar. Así, con muy buena intención, se dictó en el año 2017 la Ley 20.998, que fundamentalmente incorporaba el desafío del saneamiento al programa, con lo cual surgieron los Servicios Sanitarios Rurales (SSR). Mirado bajo todo punto de vista esta incorporación significaría un gran avance para el sector. Lamentablemente no ha sido así y el saneamiento se ha visto dificultado en su implementación.

Uno de los puntos que se señalan como causantes de los inconvenientes presentados, sería que la ley no habría dimensionado lo que significa operar, al igual que en agua potable, las obras de saneamiento por parte de las comunidades. Al mismo tiempo, equivocadamente se ha empezado a hablar de recolección vía redes de colectores y plantas de tratamiento de aguas servidas, en circunstancias que toda la documentación técnica, dadas las características de los sectores rurales, es clara en recomendar soluciones alternativas, operativamente mejores y de muchísimo menor costo.

A un Programa que ha funcionado y cuyo mayor logro ha sido la participación comunitaria, se le intenta adicionar funciones para las cuales no están acorde a su idiosincrasia y capacidades. 

Transcurridos ocho años de dictada la ley, es escaso el avance en materia de saneamiento llegándose a hablar de presentar indicaciones a ella. Mientras se analiza y definen las necesarias modificaciones a incorporar en el texto de la ley, pareciera recomendable hacer un alto en el camino, recapacitar, replantearse algunas ideas y ver la mejor forma de gestionar este nuevo desafío.

La estructuración de un plan estratégico de largo plazo se hace necesaria, al igual que se hizo cuando se implementó el Programa de APR. Dicho plan debiese considerar como primera actividad la realización de un catastro y diagnóstico técnico, administrativo y financiero de los pocos sistemas de saneamiento existentes, construidos al margen de un ente rector, los cuales funcionan deficientemente. El resultado de dicha actividad sin duda será un insumo importantísimo para definir y tomar las decisiones técnicas para el desarrollo de los proyectos futuros. 

Adicionalmente, la ley modificada debiese ratificar con mucha fuerza al MOP como “ente rector”, para que pueda establecer su liderazgo y lograr la necesaria coordinación entre las distintas instituciones que intervienen en las soluciones. En el último tiempo se ha visto una importante participación que han empezado a tener los municipios y gobiernos regionales en el desarrollo de proyectos de saneamiento. Quiero ser claro en señalar que ello no sería problema si se logra establecer que estos proyectos deben regirse por lo que mandata el ente responsable.

Conviene recordar y recalcar que el éxito del Programa de APR radicó en gran parte en el desarrollo de los sistemas liderados por un ente responsable y una normativa común para todos ellos (terrenos, planos tipo, especificaciones, material a utilizar, instalaciones eléctricas, etc.). Lo mismo debe asegurarse ahora con los SSR, evitando con ello una disparidad de proyectos, dependiendo de la institución que los financie, construya u opere. 

Finalmente, en mi opinión, un avance sustancial del Programa en su conjunto, agua potable y saneamiento, requeriría en primer lugar y urgente la realización de un Plan Estratégico a 5 y 10 años que considere un diagnóstico detallado y actual de la realidad del sector y efectúe proposiciones, entre otras, una mayor eficiencia en los procesos de licitación (no tantas etapas), el desarrollo urgente de nuevas fuentes de agua que paulatinamente disminuya el uso de camiones aljibe, una clara definición del modelo de gestión del saneamiento a implementar, un importante incentivo a la innovación en la búsqueda de soluciones acordes a la realidad del sector y el reforzamiento de la asociación público-privada (APP).