Aula Segura: seguridad en Santiago, exclusión escolar en las regiones

A propósito de las recientes movilizaciones estudiantiles, las autoridades gubernamentales de la capital han reactivado un discurso que parecía superado, a saber: la necesidad de aplicar Aula Segura y ejercer “mano firme” contra los estudiantes de los liceos emblemáticos involucrados en desmanes, destrozos y tomas de establecimientos. En este contexto resultan especialmente significativas las declaraciones del actual alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien en julio de este año calificó a los manifestantes como “sicarios de la educación pública”, evocando así la retórica utilizada antaño por el expresidente Sebastián Piñera (2018-2022), cuando en octubre de 2018 los describió como “delincuentes con overol que usan bombas molotov en los liceos”, al mismo tiempo que impulsaba ante el congreso su proyecto de ley conocido como “Aula Segura”. Así pues, las declaraciones del alcalde santiaguino, antiguo carabinero, recuperan el lenguaje de estigmatización y criminalización a partir del cual se justificó la promulgación de esta ley, llevando incluso su lógica de persecución de la movilización estudiantil un paso más adelante. Esto en la medida en que ya no parece ser suficiente la cancelación de matrícula y expulsión inmediatas que habilita jurídicamente Aula Segura a los directores escolares, sino que a juicio del alcalde sería necesario además implementar sistemas de control biométrico en las escuelas para mejorar la seguridad y garantizar un mejor registro de quienes ingresan y salen. 

Esta narrativa sobre la insuficiencia en el abordaje de la seguridad escolar refleja un endurecimiento en el discurso político y mediático chileno en el último año, particularmente respecto de los alcances y límites de la ley Aula Segura frente a los graves hechos de violencia escolar que se viven en las escuelas de Santiago.

Es así que, mientras Sebastián Sichel (alcalde de Ñuñoa) enfatiza acciones legales inmediatas bajo una lógica de “tolerancia cero” y orden público, Jaime Bellolio (alcalde de Providencia) desplaza la atención hacia la amenaza de grupos anárquicos de ultraizquierda, exigiendo mayor vigilancia estatal y un fiscal especializado. En paralelo, la bancada de diputados de Renovación Nacional lleva el énfasis al plano parlamentario, apelando a la defensa de los docentes y reclamando la aplicación estricta de Aula Segura como herramienta disciplinaria. Más allá del evidente tinte político de estas posturas, el lenguaje empleado resulta peculiarmente alusivo al modo en que Aula Segura fue utilizada durante el estallido social contra estudiantes manifestantes . 

Por su parte, el ministro de seguridad Luis Cordero traslada la discusión al nivel gubernamental y judicial, cuestionando la eficacia de Aula Segura para el tratamiento de las movilizaciones demandando que los hechos sean manejados como delitos penales. Esta postura introduce un nuevo giro en el discurso de seguridad gubernamental, en la medida en que los conflictos escolares podrían dejar de abordarse como cuestiones disciplinarias bajo Aula Segura y pasar a ser objeto de sanciones penales, con consecuencias aún más punitivas para la población estudiantil. A ello se suma que la eventual designación de un fiscal especializado para estos casos podría profundizar las desigualdades jurídicas ya existentes, reforzando un poder judicial que sanciona y castiga en detrimento de los derechos de las familias y los jóvenes manifestantes. 

Ahora bien, el debate sobre la viabilidad de Aula Segura, centrado casi exclusivamente en la seguridad pública de Santiago, omite un aspecto crucial en relación a los efectos colaterales que su aplicación ha generado en el resto del país, particularmente sobre estudiantes sancionados con diagnósticos de salud mental. De acuerdo con una investigación adelantada en el Centro de Educación Inclusiva de la PUCV a partir de documentos de la Corte de Apelaciones de Chile, en 2019 predominaron las sanciones hacia alumnos con retraso puberal (28,6%) y diagnósticos no especificados (50%). Para 2020 crecieron los casos de problemas adaptativos (20%) y depresión (6,7%), manteniéndose no especificado como categoría dominante (66,7%). Tras un subregistro evidente en 2021, en 2022 reaparece no especificado (75%) junto a problemas adaptativos y comorbilidades (12,5% cada uno). Luego de la pandemia esta realidad parece atenuarse en vísperas del Gobierno Boric, ya que desde 2023 se suman otras diagnósticos, como el control de impulsos (11,8% en 2023; 10,5% en 2024) y el TDAH (11,8% en 2023; 31,6% en 2024). Según el estudio, territorialmente Santiago concentra el 23,7% de los casos —con un 22,6% aún clasificado como no especificado—, seguido de Biobío (14,5%) y O’Higgins (12,5%), mientras que Valparaíso (18,2%) y Coquimbo (33,3%) muestran mayor diversidad con prevalencia de depresión y ansiedad.

En conjunto, las cifras, así como el discurso político y mediático, muestran que Aula Segura no solo ha fracasado en frenar la violencia escolar, sino que ha derivado en la exclusión de estudiantes vulnerables, desplazando el foco desde la criminalización de la protesta hacia la patologización de la salud mental en las escuelas. Ello evidencia, además, una diferencia de centro/periferia en su impacto: mientras en la capital se enfatiza su discrecionalidad política, en el resto del país la exclusión de estudiantes con diagnósticos de salud mental permanece prácticamente invisibilizada. Así, el endurecimiento de la ley Aula Segura como aboga el gobierno de la capital para convertirla en un instrumento de castigo penal, no sólo acarrearía efectos nocivos para la cultura democrática en Chile, sino que también podría conducir a la instauración del capacitismo como currículo oculto en las escuelas chilenas.