Jorge Burgos: ‘Sí, hay un juicio ciudadano a las comisiones investigadoras’

El diputado DC admite que la Concertación está alineada detrás de Rodríguez Grossi, "pero lo está en la acusación constitucional. Y yo, lo que tengo que hacer en la comisión es llegar a conclusiones respecto de la existencia o no de hechos que ameriten o justifiquen responsabilidades políticas u administrativas, así como propuestas de cambios legislativos", dice.

En cuanto se supo que la derecha no daría marcha atrás y presentaría la acusación constitucional contra el ministro de Economía y presidente del consejo de Corfo, Jorge Rodríguez Grossi (DC), se supo también que quien encabezaría la comisión investigadora por el caso Corfo-Inverlink, sería su correligionario, Jorge Burgos.

Pero Burgos asegura que ni el ser DC ni el que la Concertación esté alineada con el ministro en la Cámara de Diputados, implica que él antepondrá su militancia a su rol como parlamentario y que los resultados de la comisión quedarán "en nada" como alegaron los parlamentarios de RN para justificar la eventual mayor eficacia de una acusación constitucional.

-¿Cree que puede interferir el trabajo de la comisión investigadora la existencia de la acusación constitucional?
-No, no va pasar. Aunque puede ser algo confuso en un comienzo, pero la comisión investigadora tiene un objetivo muy claro: buscar las responsabilidades políticas y administrativas de las personas de organismos del Estado que eventualmente pudieron tener algún grado de responsabilidad por acción u por omisión en los hechos que investigamos. También debemos proponer si corresponde, y creo que va a corresponder, normativas relacionadas con el ejercicio del control de los entes de gobierno. Control tanto preventivo como sancionatorio y normativas que tienen relación con lo que debe controlarse. Por ejemplo, si llegamos a la conclusión de que hay ciertas normas regulatorias de las transacciones, que se requiere implementar para que puedan actuar los entes fiscalizadores con mayor prontitud, también vamos a tener que proponerla. Ya eso lo distingue de una acusación que va dirigida a una persona que ejerce un cargo en específico, que es el caso del ministro de economía.

¿No van a cruzarse tampoco en términos políticos?
-No. Bueno, la acusación constitucional nació prácticamente muerta porque salvo la tozudez del presidente de Renovación Nacional y la compañía que le dan sus parlamentarios, mi impresión es nadie más cree en la procedencia de la misma y creo que los UDI que han firmado esa acusación lo han hecho, más que por un convencimiento en ella, por un ánimo de no complicar la Alianza. Eso fue lo que dijeron.

-¿Por qué cree que no hay méritos para la acusación?
-Creo que la jurisprudencia es súper clara respecto de las responsabilidades individuales de carácter político y no colectivo. El ministro de Economía forma parte de un Consejo que es su relación con Corfo. A mi juicio, no se pueden perseguir responsabilidades colectivas sino individuales en el caso de las acusaciones constitucionales. Hay casos muy parecidos, he revisado lo que fue el intento de acusación de los ministros de Minería y Hacienda, respectivamente, Alejandro Hales y Alejandro Foxley, cuando sucedió lo de Codelco. Ahí uno se encuentra con los razonamientos que dieron los constitucionalistas que son muy parecidos y fueron casi unánimes.

"A eso se suma la ley orgánica de Corfo, que le da al consejo el carácter de política de estrategia y no un ente fiscalizador de conductas de la gerencia, para eso hay un vicepresidente de Corfo. Yo, que no estoy metido en el tema, le di a vuelo de pájaro, tres o cuatro argumentos. Esto, por cierto, sin perjuicio que hay que revisarla, verla en su mérito, pero creo que esa acusación se va a rechazar en la cuestión previa, es decir, la inadmisibilidad de la misma".

- Por lo que usted dice, ya estaría determinado que Rodríguez Grossi, para cuando termine la investigación de la comisión, cualquierea sea la cosa que concluya, de todos modos no podrá ser acusado...
-Sí, pero eso con respecto a la acusación constitucional. Nosotros estamos abocados a determinar responsabilidades políticas, es cierto. En consecuencia, podríamos eventualmente recomendar ciertas acusaciones a ciertas personas. Pero va mucho más allá de eso, podemos ver por qué no funcionaron las gerencias en determinada institución, qué falló, qué debió haberse hecho, en nada nos impide ni inhibe cualquier tipo de resolución en la acusación constitucional.

-Uno de los argumentos que dio RN para no aceptar el ofrecimiento de la Concertación para que la derecha presidiera la investigadora a cambio de no presentar la acusación constitucional fue que las comisiones investigadoras no llegan nunca a nada.
-Bueno, sin duda hay un juicio de reproche ciudadano a lo que han sido las comisiones investigadoras en la Cámara de Diputados. Yo creo que no hay que generalizar. La investigación de los pinocheques fue buena y llegó a conclusiones muy clara. Distinto es que tu me digas que no se persiguió la responsabilidad, que no le pasó nada al hijo de Pinochet, eso lo concedo. Pero eso se debió a otro tipo de razones: probablemente si los pinocheques se hubieran visto hoy, en el mundo y en el Chile actual, mi impresión es que el hijo de Pinochet estaría preso; era otro momento. Pero también está la comisión coimas: ahí arribamos a conclusiones unánimes bastante categóricas respecto de responsabilidades particularmente de algunos diputados. Bueno, también hay casos malos, como la comisión Aguas que no terminó bien...

-¿Qué tan amarrado se siente presidiendo una comisión que eventualmente podría llegar a conclusiones que le cuesten el cargo a un ministro que es de sus filas, la DC?
-No me siento para nada amarrado. Antes que nada soy hoy parlamentario. Soy DC y estoy orgulloso de eso, pero soy parlamentario y fui elegido diputado por un número de personas cuya inmensa mayoría no son militantes pero votaron por muchas razones por mí. Por eso mi rol acá es de parlamentario y ejercer ordenada y rigurosamente, el rol de fiscalizador.

-Pero está claro que en estos momentos, en la Cámara de Diputados, la Concertación está alineada con Rodríguez Grossi...
-Sin duda que está alineada, pero lo está en la acusación constitucional. Y yo, lo que tengo que hacer en la comisión investigadora es llegar a conclusiones respecto de la existencia o no existencia de hechos que ameriten o justifiquen responsabilidades políticas u administrativas, así como propuestas de cambios legislativo. Eso es algo que voy a poder saber una vez que hagamos la investigación, no puedo saberlo antes. Tengo presunciones, pero no puedo hacer conclusiones en estos momentos. Y mi rol es trabajar independiente y autónomamente en la investigación y al momento de llegar a las conclusiones, tendré que tener la capacidad de votar y resolver de acuerdo a lo que digan los hechos y mi conciencia, no en función de ningún tipo de amarre.

-En este sentido, ¿no está descartado que, a la luz de la investigación, Rodríguez Grossi u otros ministros, tengan responsabilidades políticas en este caso?
-Claro. Yo no podría descarta nada ni afirmar nada

¿Es posible que, tras la investigación, se puedan dar lineamientos hacia dónde introducir modificaciones a la ley del mercado de capitales?
-Es un poco presuntuoso de mi parte decir que la comisión investigadora va a introducir modificaciones a la ley del mercado de Capitales. La forma en que ha funcionado el mercado de capitales en estos 10 años más allá del momento complejo que vivió, ha sido buena para los chilenos, ha producido riquezas al país. Tenemos que cuidar el buen funcionamiento del mercado de capitales, por lo que no puede leerse cualquier investigación como un intento de supresión o de poner en duda su funcionamiento.

"Distinto es que producto de lo que ha pasado, de que los controles no funcionaran bien, uno pudiera concluir que es necesaria la búsqueda de mejores controles preventivos, alterar algunas normas propias del funcionamiento del mercado de capitales y eso podemos concluir y proponer por dónde tendrán que ir. Creo que nosotros debiéramos llegar hasta ahí en eso y la modificación legal propiamente tal, si es que se diera, corresponde a organismos técnicos tanto de la cámara, del gobierno como de los propios interesados", concluye Burgos.

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