Las ‘cuentas pendientes’ que dejó el destituido alcalde de Quinta Normal

Abocado a cubrir las abultadas deudas que dejó su destituido antecesor, se encuentra el actual alcalde de Quinta Normal, Manuel Fernández (DC). En abril pasado, el ex edil Mario López (RN), fue inhabilitado para ejercer el cargo por orden el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana. La defenestración se produjo tras un fallo por apropiación indebida de 3 millones 600 mil pesos en 1998, dictado por el 36° Juzgado del Crimen de Santiago.



Tras asumir el cargo, Fernández inició de inmediato el "reordenamiento" de la municipalidad, encontrándose con la sorpresa que las cuentas impagas sumaban bastante más de lo que había informado López. Según el ex alcalde, el déficit comunal, hasta abril de 2002, era de 1.200 millones de pesos, pero se descubrió que "el debe" real alcanzaba a 1.967.288 millones por cuentas impagas a la empresa Chilectra y al consorcio encargado de la recolección de basura domiciliaria KDM.



Ante el aumento de las deudas, la nueva administración debió volver a "apretarse el cinturón", racionalizando los gastos municipales que afecta el uso de vehículos, la disminución de horas extraordinarias y la eventual no renovación de los contratos de funcionarios. Por ahora, la idea de Fernández es atraer recursos para desarrollar programas sociales y de mejoramiento urbano.



Al interior del municipio se está a la espera del informe sobre la gestión de los recursos de la corporación, la cual está a cargo de las áreas de salud y educación; y de una auditoría financiera y administrativa de la Contraloría.



En alcalde Fernández aseguró que los débitos se produjeron por "una gestión que no fue buena, por ingresos que se pensaron percibir y no se materializaron, además de gastos que no se cancelaron». El edil reconoció que parte de la responsabilidad recae en el propio Gobierno, el cual "asigna nuevas tareas a los municipios que implican gastos, como la implementación de la Jornada Escolar Completa, que no financia gastos operacionales".



A las deudas que dejó López por la recolección de residuos y electricidad, se suman las del Fondo Común Municipal que asciende a cerca de 300 millones de pesos, por lo que se debió hacer una repactación. Este tipo de convenio también debió establecerse con las otras empresas a las que se debe, lo que obligó al municipio a hacer una reestructuración de sus "flujos de caja", afectando todos los compromisos.



Según el director de administración y finanzas de Quinta Normal, Alejandro de la Cerda, que un edil deje de pagar los compromisos financieros de la municipalidad implica un «notable abandono de deberes», pues no se traspasaron los fondos al Fisco a tiempo.



Operación retorno



Días después de que el ex alcalde se enteró de la inhabilitación comenzó a planear su regreso a la administración a través de "apuradas" gestiones de sus abogados, quienes apelaron el fallo judicial asegurando que los montos que se le imputan a su defendido, por apropiación indebida, solo llegarían a 40 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), cifra tope que estipula la ley para seguir ocupando un cargo público. La realidad, según el municipio, es que los dineros que no devolvió el edil ascienden a 43 UTM, que lo inhabilitan.



López, quien estuvo como alcalde también en el periodo 1996-2000, fue inhabilitado tras una resolución de la Contraloría General que lo invalidado para seguir en el cargo desde el 20 de noviembre, fecha de su encausamiento.



Para frenar el regresó del edil, los concejales y el alcalde están se hicieron parte de la querella del 36 Juzgado Civil con el objetivo de hacer valer el argumento de que existe un delito que afectó las arcas edilicias.



En caso que regrese, el edil Fernández aclaró que "desconfianza va a haber siempre en López. Los proyectos que son buenos para la comuna los apoyaremos, pero como consejo comunal seremos más rigurosos en la fiscalización. Quien maneja los recursos financieros es el alcalde, el que no nos entregó cifras que eran reales", explicó.



Otro problema que se dio a conocer en torno a la administración del ex alcalde se relaciona con el incendio del Departamento de Deportes, unidad para la cual se había solicitado una investigación sobre el uso de los recursos asignados por López. Según un reciente informe de Bomberos, el siniestro "fue intencional", por lo que los concejales sospechan que fue para borrar las pruebas de una gestión irregular.



Normas de "amarre"



Además, el ex alcalde enfrenta la acusación de que, ante su inminente salida, dictó varios decretos para amarrar la gestión municipal futura, y como una forma de "declararle la guerra" a quienes lo obligaron a desocupar el sillón comunal.



López habría adoptado estas medidas a raíz del acuerdo alcanzado por el Concejo para destituir al administrador municipal, César Rojas, funcionario de plena confianza del ex alcalde. Rojas fue despedido por negarse a hacer públicas las informaciones que se solicitaban.



Entre otras decisiones tomadas por el alcalde López figura la comisión de servicio que ordenó para la que debía ser su sucesora en el puesto, la secretaria municipal Eugenia Vergara, quien mantenía abiertas diferencias con el destituido edil. Vergara fue removida de sus labores para ocupar el cargo de fiscalizadora del área de Deportes de la comuna, luego de haber ejercido su cargo por al menos diez años.



Otra resolución contra sus acusadores fue el despido de las cinco secretarias de los concejales y de la secretaria del Juzgado de Policía Local, hija del concejal Juan Fuenzalida, con lo que dejó literalmente detenido el trabajo de los fiscalizadores.



La ofensiva por parte de López también llegó a las comunicaciones de los concejales: ordenó requisar los celulares por la supuesta vulneración de los contratos. Las decisiones fueron revocadas por la totalidad del Concejo, lo que incluyó la recontratación de las secretarias.





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