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Parlamentario ''rebelde'' pres

Contraataque de Romero pone en seria disyuntiva al Tribunal Supremo de RN

por 19 junio, 2003

El principal argumento de Sergio Romero para su defensa fue plantear la ilegitimidad de la comisión política ampliada, instancia que decidió la fórmula de reforma constitucional a la que el senador debía plegarse. Al deslegitimar a un organismo avalado por el TS, Romero puso también en jaque a la máxima instancia disciplinaria de RN.
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En una difícil situación dejó anoche el senador Sergio Romero al Tribunal Supremo de Renovación Nacional. Invitado por el organismo a presentar sus descargos ante la presentación que hiciera en su contra la directiva del partido y en la que se lo acusa de "desleal" con la colectividad, el parlamentario basó su defensa en la ilegitimidad de la comisión política ampliada, debido a que para su creación no se habría realizado el proceso de reforma a los estatutos que, según él, se requería.



Tras declarar durante más de una hora, Romero abandonó la sede del partido en medio de vítores y aplausos de un pequeño grupo de dirigentes de la Quinta Región que acudieron a manifestarle su apoyo. En la oportunidad señaló que la denuncia ante el TS constituye una situación "abiertamente irregular".



Esto, porque la creación de la comisión política ampliada "no está reconocida en parte alguna de los estatutos de Renovación Nacional y para la cual, ni la directiva de RN ni la comisión política, tuvieron ni tienen facultad alguna para crearla, ya que sólo puede fundarse a través de una reforma de estatutos por el Consejo General del partido y con la ratificación de los dos tercios de sus afiliados, cuestión que tampoco ha ocurrido", sostuvo Romero.



Ante este argumento, el TS queda en una encrucijada bastante paradójica, ya que fue la instancia la que el 12 de marzo pasado ratificó la constitución de la comisión política ampliada y resolvió que: "las decisiones que adopte la comisión política ampliada, en uso de sus atribuciones, resultan vinculantes para todos sus integrantes".



Pese a que el presidente del TS, Ambrosio Rodríguez, no quiso responder directamente sobre esta disyuntiva, sí avaló implícitamente, que la instancia quedó en entredicho.



Según Rodríguez "sobre esa materia el tribunal se pronunció en el fallo del mes de marzo y yo me remito a lo que dijimos en esa oportunidad. Que atendidas las circunstancias invocadas por el presidente del partido, nosotros estimábamos que era una gestión beneficiosa y útil para aunar el proceso de toma de decisiones. Y esa es una sentencia del tribunal que está a firme y ejecutoriada".



Sin embargo, el senador rebelde destacó que a pesar de considerar que la comisión política ampliada no es legítima y "afecta gravemente la institucionalidad de RN y contraviene en forma directa el artículo 68 de sus estatutos". "He tenido la prudencia de no desconocer sus acuerdos, mientras esta situación no se esclarezca debidamente, por quien corresponda", afirmó.

Romero explicó que en sus declaraciones ante el TS rebatió: "una a una todas las falsedades" que se le han atribuido, por lo que está convencido que el organismo lo va a absolver, basándose en las pruebas "irrefutables" que le presentó y que demostrarían su inocencia.



El senador añadió que, tras este proceso y en virtud de los argumentos esgrimidos por él, deberá declarar la inexistencia de la comisión política ampliada. Además, recordó que las órdenes de partido están prohibidas por la Ley Orgánica de Partidos Políticos, por lo que vincular los acuerdos de la, ahora, polémica instancia va en contra de la normativa vigente.



Romero estuvo trabajando cerca de una semana con un equipo de cuatro abogados, quienes prepararon las pruebas que el parlamentario presentó anoche al TS: un texto de cerca de 40 páginas; un dossier con 28 documentos, entre los que se cuentan algunas cartas en las que el propio Romero expresó, en su momento, dudas respecto a la legitimidad de constituir una comisión política ampliada; fotocopias con declaraciones que incluso dirigentes de RN hicieron a la prensa -y en algunos de los cuales sin desearlo le darían la razón al parlamentario-; y un video.



Entretanto, Rodríguez indicó que tras la declaración de Sergio Romero el organismo que preside decretó algunas diligencias a realizar en los próximos días y, aunque no lo dijo, lo más probable es que sean citados a declarar, a lo menos, algunos senadores como el jefe de comité Baldo Prokurica y Alberto Espina, si es que no los "invitan" a todos.



Piden castigo



El martes recién pasado, dirigentes de la Región Metropolitana de RN presentaron para que fuera debatida, una moción de expulsión del senador Romero de las filas del partido. No obstante, aunque el tema no llegó a votarse en aquella ocasión, trascendió que la mayoría de los presentes están porque ello ocurra y "todos consideran que Romero debe tener una sanción, aunque algunos tienen una posición más drástica que otros".



Aunque TS deberá pronunciarse, es decir, dictar sentencia, a más tardar los primeros días de julio, el tema se ve complicado para Romero, por cuanto de resolverse que no habrá sanción, el organismo estaría dándole validez a un argumento que coloca en tela de juicio sus propias resoluciones, ya que el parlamentario estaría desconociendo el dictamen en el que la instancia legitima la comisión política ampliada. Esto porque es el argumento más fuerte invocado por Romero en su defensa.



Parlamentarios: mucho debate y muy poco acuerdo



Mientras tanto, los diputados del partido se reunieron en el Congreso con los senadores Alberto Espina y Antonio Horvath, quienes tenían la labor de explicarles los beneficios de las fórmulas que la comisión política ampliada resolvió presentar al gobierno, a fin de modificar el sistema binominal.



La reunión, que comenzó a las 20 horas y se extendió hasta más allá de la medianoche, no concluyó en nada concreto, no se tomaron acuerdos, y sólo fue una instancia para que los diputados, quienes están a favor o en contra de modificar el sistema electoral, pudieran exponer sus planteamientos a los senadores. También se debatió la legitimidad del acuerdo asumido por la comisión política ampliada, con lo que tampoco están de acuerdo todos los legisladores.



Aunque se acordó no hablar sobre lo tratado, trascendió que Alberto Espina fue enfático al exponer que postergar la decisión sería un "error histórico" para Renovación Nacional, porque en su opinión las reformas constitucionales, en particular la que modifica el sistema binominal, se producirá con o sin el apoyo del partido.



Espina planteó que dar una salida al tema, ya sea a través de la fórmula trinominal o de senadores nacionales, servirá para dar "tiraje a la chimenea". Además, los senadores precisaron que ninguno de los dos mecanismos propuestos rompen el sistema binominal. También recordaron a los legisladores que el empate en el Senado sirve sólo cuando se es oposición, pero no cuando una alianza pretende ser gobierno, porque para hacerlo bien se requiere una mayoría, que la Concertación no permitirá si no hay acuerdo.



Ello, porque de no llegar a acuerdo con el pacto oficialista, la Concertación no dará sus votos para eliminar a los senadores vitalicios, con lo que en un sistema binominal se asegura la mayoría en la Cámara Alta.



En tanto, el diputado Alberto Cardemil -uno de los más férreos opositores a un cambio- habría sostenido que no aceptará el "chantaje" de la Concertación, porque la Democracia Cristiana "está liquidada" si no busca una fórmula "menos dañina".



Quien, a diferencia de Cardemil, también habría salido en defensa de los mecanismos planteados por la comisión política ampliada fue el diputado José Antonio Galilea, que habría argumentado que el sistema trinominal -aumentar un senador en cada una de las siete circunscripciones más grandes del país- permite la competencia. Y en cuanto a los diez senadores nacionales, habría rechazado la justificación de que éstos constituirían una fórmula para que quienes tuvieran aspiraciones presidenciales se midieran, señalando que eso no tendría nada de malo.



Al final de cuentas, las más de cuatro horas de debate no sirvieron para llegar a ningún consenso, por lo que se deberá continuar conversando, aunque no se acordó una calendarización para ello.





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