Coimas, MOP-Gate, MOP-Ciade, Corfo-Inverlink, cura Tato, Spiniak y otros tantos casos hicieron presente que quienes detentan el poder, institucional o fáctico, también podían ser objeto de persecución judicial. Todo, mientras la autonomía de este poder del Estado era negociada entre la Suprema y el Gobierno.
El 2003 será recordado, entre otras cosas, como el año en que la justicia chilena puso en dificultades a importantes representantes del mundo público y privado. El escándalo de las coimas que involucró a parlamentarios derivó luego en actos irregulares que tocaron directamente al aparto estatal con los casos MOP-GATE y MOP-Ciade.
Pero no sólo los personeros del ministerio de Transportes enfrentaron el estrado. El año que termina tuvo un variado espectro de personajes desfilando por los tribunales, entre ellos, curas, militares, empresarios, proxenetas, periodistas, un juez de la República e incluso el Presidente quien estuvo a punto de tener que responder un interrogatorio en la justicia criminal.
Apenas comenzaba el año y sacudido lo suficiente de los cuestionamientos del anterior, el Poder Judicial se encaminaba a pasos agigantados hacia una nueva manera de impartir justicia a través de la Reforma Procesal Penal. Ya a fines de año, un caso policial de pedofilia y abuso de menores le hizo una zancadilla. Una mala jugada que transformó al juez de la causa, el ministro Daniel Calvo, de acusador a acusado, cuando la investigación de las fiestas sexuales con niños que organizaba el empresario Claudio Spiniak parecía tocar en el hilo más sensible de la "clase política" criolla.
De las coimas al círculo de Lagos
Corría el primer mes del 2003 y cuando el país aún no salía de la estupefacción por el escandaloso caso Coimas, el ministro en visita de la causa, Carlos Aránguiz, puso el broche de oro a su investigación sobre las plantas de revisión técnica de Rancagua y sometió a proceso al ex ministro de Obras Públicas Carlos Cruz, al ex jefe de vialidad de esa repartición Sergio Cortés y al dueño de la empresa Gestión Ambiental y Territorial (GATE), Héctor Peña Véliz, por presunto fraude al Fisco.
La historia de los millonarios contratos entre OOPP y GATE, creada para el pago de los llamados sobresueldos, se había iniciado hacía 14 meses, en agosto del 2000. Entonces, Sara Oliva, la otrora secretaria de Peña Véliz, denunció haber sido obligada por antisociales a girar un cheque por 170 millones de pesos. Luego se comprobaría que el asalto nunca existió y que Oliva actuó en complicidad con su madre, Marta Martínez, quien reconocería luego que el dinero provenía de irregularidades políticas. Se iniciaba entonces el mayor escándalo de corrupción en 12 años de gobierno de la Concertación. Los tentáculos de la justicia tocaban al círculo más cercano al Presidente Ricardo Lagos.
La incomodidad llegó al máximo entre el oficialismo. Un malestar que no se diluyó ni aun cuando la jueza del 17 Juzgado del Crimen de Santiago reclamó la competencia y el ministro Aránguiz, que ya había dictado procesamientos, debió dejar el caso. Se iniciaba así la tercera semana de enero del 2003 y la Corte Suprema designó a su más confiable subalterna, la ministra Gloria Ana Chevesich, como magistrada en visita para seguir con la investigación de los millonarios contratos entre el MOP y la empresa GATE.
La jueza asume la causa y casi un centenar de funcionarios de la repartición comenzó a desfilar por su despacho. El 1 de abril, la ministra dictó autos de procesamientos contra 22 funcionarios del MOP por delitos de fraude y estafa, por contratos aprobados por los que fueran titulares de la cartera de Obras Públicas desde 1997, el ex secretario de la cartera Carlos Cruz, el actual intendente de la Octava Región, Jaime Tohá, y el mismo Presidente Ricardo Lagos.
En su resolución, Chevesich estableció que en los contratos celebrados entre el ministerio de Obras Públicas y la empresa de Peña Véliz existió "una caja paralela al sistema MOP-GATE" con ciento cincuenta millones de pesos que permitía administrar montos "devueltos" al MOP por consultoras externas, y que fueron "previamente retirados del patrimonio fiscal mediante el artificio de abultar el precio de esas consultorías". Se trataba de los dineros que durante todo ese tiempo habían sido destinados a sobresueldos de distintos funcionarios de todos los grados del escalafón público.
El gobierno se sintió acorralado por la acción de la justicia y peso de los acontecimientos parecía enlodar la gestión ‘laguista’. Fue así que el Ejecutivo ofreció su colaboración y buscó desligarse del entuerto. "Hay que dejar que los tribunales hagan su tarea", acuñó un metafórico Presidente Lagos.
La ministra Chevesich prosiguió con una compleja investigación que, cuando todavía no concluía enero, ya tenía la denuncia de la Contraloría General de la República por irregularidades en contratos alcanzados entre el MOP y el Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Empresa de la Universidad de Chile (CIADE). Veinte personas, todos funcionarios de ambas instituciones, aparecían involucrados. Sin más, se asestaba un duro "golpe a la cátedra" contra la institución académica más antigua e importante del país, conocida como la Casa de Bello. Para la jueza, ambos casos estaban directamente conectados en la forma y en el fondo.
Inverlink: del Central a la CORFO
Pero los síntomas de corrupción no eran exclusivos del poder político. El mundo privado, hasta ese minuto incólume tras los escándalos Coimas y Gate, puso su cuota de incertidumbre, cuando se detectó que Pamela Andrada, secretaria personal del entonces presidente del Banco Central, Carlos Massad, había robado información privilegiada desde el computador del máximo ejecutivo del instituto emisor. Corría el 30 de enero de 2003 y el mes más relajado del año comenzó con una monstruosa transformación informativa.
Diez días más tarde, Pamela Andrada fue detenida. Las diligencias ordenadas por la jueza Elizabeth Reinoso apuntaron a establecer que el robo informático se conectaba con Inverlink.
El holding era comandado por un grupo de ejecutivos que operaban en el mercado de valores -gracias a esa información privilegiada ‘a la segura’-, obteniendo millonarias ganancias. Según datos de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a septiembre del año 2002, el grupo Inverlink Corredores de Bolsa registraba utilidades por mil 363,3 millones de pesos respecto de los 186,7 millones de 2001.
El país estaba frente a otro gran escándalo y el gobierno se apresuró en decir que los casos de corrupción no sólo afectaban al mundo político, aunque claro, "había que dejar que los tribunales hicieran su labor y los fallos no se comentan". Dado el escándalo, Patricio Villarroel fue designado como ministro en visita para investigar el caso. Avanzada la investigación, los elementos de la causa arrojaron como resultado que el cuestionado holding tenía entre sus víctimas a otro grande del aparto estatal: la CORFO.
Los negocios de la corredora de Inverlink hicieron víctimas a afiliados a Isapres que el holding llegó a controlar. Y los efectos de sus ilícitos llevaron a la justicia a detectar responsabilidades en distintos grados de varios personeros del ámbito público, incluido un ex ministro del gobierno del Presidente Lagos. Todo indicaba, conforme a lo que los tribunales establecían, que los síntomas de corrupción no eran exclusivos de uno u otro lado, sino que además, entrelazaban al mundo público con el privado. Las causas debían continuar. Los tribunales tenían que hacer su trabajo.
De acuerdo a las indagatorias del ministro Villarroel, la Corporación de Fomento había perdido 70 millones de dólares mediante la venta de vales vista al mercado de valores realizadas por operadores de mesas de dinero conectados con Inverlink. El Estado era víctima de un robo en su patrimonio que sólo tenia como precedente "el Davilazo" o llamado también caso Codelco.
Que Dios nos pille confesados
El mundo todavía no salía del impacto de los casos de pedofilia que comprometían a la arquidiócesis de Boston, EEUU, y de un Papa Juan Pablo II que pedía perdón por los daños ejercidos contra niños a manos de miembros del Clero, cuando la Iglesia Católica chilena cayó en el ojo del huracán. El 12 de octubre del año 2002, el sacerdote Andrés Aguirre Ovalle, conocido como el cura "Tato", había sido detenido en el aeropuerto Internacional de Santiago, acusado de abusos deshonestos contra una decena de menores en la población donde había sido párroco, en la comuna de Quilicura.
Desde entonces, el cura Tato permanecería recluido en la ex Penitenciaría de Santiago. No terminaba el primer semestre del año, cuando en un fallo de 172 páginas, y considerado histórico, la jueza del 16° Juzgado del Crimen de Santiago, Rosa María Pinto, condenó a 12 años de cárcel al ex sacerdote y al pago de 50 millones de pesos como indemnización a las víctimas.
En la condena, la jueza Pinto estableció que Aguirre Ovalle cometió los abusos en pleno conocimiento de la brutalidad de sus acciones y que, pese a ello, mantuvo su "pérfida" conducta y prosiguió con las agresiones desde 1998 hasta el 2002. Respecto de la indemnización, la resolución consideró que ésta debía ser asumida por la institución a la que el ex párroco pertenecía cuando cometió sus delitos: la Iglesia Católica
La justicia y pedofilia
Durante el año 2002 el programa Contacto de Canal 13 permitió poner a disposición de la justicia a los integrantes de una red de pedofilia y pornografía infantil llamada Paidos que operaba a través de internet. La investigación, aún en curso, puso a prueba en 2003 el accionar de los tribunales, que a poco andar se enfrentaron a la inexistencia de herramientas legales adecuadas para una mayor severidad. El asunto fue evidente y aunque la tarea legislativa conseguía algunos avances, todavía faltaba más rigor de la ley. Así quedó demostrado al ser detenido Claudio Spiniak.
El quiebre vino entonces, iniciado octubre, de los labios de la diputada RN María Pía Guzmán al decir que había políticos involucrados políticos involucrados en las fiestas sexuales con niños que se atribuían al dueño del lujoso gimnasio Go Fitness.
El caso Spiniak se convirtió así en lo que muchos se atrevieron a calificar como el ‘peor escándalo en la historia de Chile’. La noticia dio vuelta al mundo. La BBC de Londres llegó a decir que el caso había puesto "en crisis" a la clase política chilena. La cadena británica parecía tener razón.
Cuestionados como nunca, los distintos actores del mundo político no tardaron en hacer defensa corporativa y las recriminaciones iban de un lado a otro. Pero todavía quedaba el turno de otro de los grandes que este año deambularon por los pasillos del Palacio de Tribunales. Lo cierto es que, además de la confusión de la comunidad respecto de qué era lo investigado, la trama del caso Spiniak deparaba un capítulo insospechado que, junto con poner en dificultades el "decoro" de los jueces, enredó aún más las cosas.
Privacidad v/s derecho a informar
Un gay llamado Sebastián Rodríguez aceptó la oferta de Chilevisión para demostrar que, según argumentaba, el juez que investigaba la red de Spiniak, Daniel Calvo, estaba inhabilitado "moralmente" para seguir con la causa. ¿La razón?. El ministro había visitado un sauna gay. Con ello, el caso de los abusos sexuales contra menores en las fiestas del empresario puso a la Corte Suprema en la "dolorosa tarea" de tener que juzgar a uno de sus más cercanos subordinados.
El tema tomó otro rumbo a pesar de quienes decían estar empeñados en dar con los verdaderos responsables de estos hechos, "sean o no políticos". El "caiga quien caiga" dejaba de ser el nombre de un programa de televisión que busca ser irreverente. Un juez que hasta entonces tenía a su haber una destacada carrera, era citado al estrado. Esta vez, en calidad de inculpado.
Otra línea de investigación determinó la comparecencia de los periodistas de Chilevisión que propiciaron la jugada que dejó a Calvo en el limbo. Lo que pareció tratarse de una arista más del "mayor escándalo en la historia de Chile" fue también la oportunidad para que el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión se vieran enfrentados
y obligaran a un nuevo esfuerzo de la Corte Suprema para iniciar el nuevo año.
Un pronunciamiento que permitirá aclarar si acaso se hizo prevalecer el derecho a la privacidad de todos por igual o se trató de una advertencia para que la prensa no ande de hurtadillas averiguando la vida privada de los encargados de impartir justicia. Lo que suceda, sólo se sabrá apenas empiece el nuevo año.
Los ex de las FFAA
Terminaba noviembre cuando un equipo del Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones viajó hasta París Francia para interrogar el jefe de la inteligencia económica del ministerio de interior galo, Bernard Carayon, sindicado como uno de los gestores de la cuestionada compra de aviones Mirage-Elkan que Chile realizó al gobierno de Bélgica.
La diligencia fue ordenada por la jueza suplente del Primer Juzgado del Crimen de la capital, Sandra Rojas. A través de ella se buscó esclarecer las millonarias comisiones que obtuvieron quienes – gracias a su lobby- facilitaron la adquisición de los cazabombarderos. Un caso que en Bruselas también está en manos de la justicia, por cuanto los pagos extras pudieron significar un perjuicio por 15 millones de dólares contra las arcas fiscales belgas.
El viaje de los policías chilenos a París y los antecedentes obtenidos provocaron un giro en la investigación del caso Elkan -Mirage. Con la decisión del Consejo de Defensa del Estado, se abrió un proceso en Chile a mediados de diciembre. El sumario implicará el interrogatorio a varias personas vinculadas a la adquisición, incluido el senador designado y ex comandante en jefe de la Fach, general (r) Ramón Vega.
De todos modos, este año de ‘la cabra’ -según el zodíaco chino- también tocó a los que hasta ahora venían siendo los eternos protagonistas de casos judiciales. Uniformados retirados y en servicio activo y también civiles que fueron miembros de los aparatos represivos de la dictadura militar reanudaban su periplo por los tribunales. A primera vista, la designación de ministros con dedicación exclusiva para los casos de violaciones a los derechos humanos arrojaba sus primeros resultados concretos. Aunque todavía no se ha dicho la última palabra.
La propuesta de derechos humanos entregada a mediados de año por el Presidente de la República Ricardo Lagos también marcó la agenda. Pero antes que ella se conociera, la labor de los ministros especiales para estos casos daba frutos. El ministro de fuero Alejandro Solís
condenó a 15 años de cárcel al ex jefe de la DINA Manuel Contreras como autor de secuestro calificado del ex militante del MIR Miguel Angel Sandoval, desaparecido en 1975. También fueron sentenciados otros cuatro ex miembros del organismo represor.
En su resolución el magistrado Solís descartó la aplicación la Ley de Amnistía para un caso de secuestro calificado. El dictamen está en proceso de redacción. Luego vendrá el pronunciamiento de la Segunda Sala de la Suprema.
De confirmarse la resolución del ministro Solís, se abrirá un nuevo escenario de reinterpretación de la Ley de Amnistía. Más todavía si se tiene en cuenta que al terminar este año la Séptima Sala del tribunal de alzada capitalino falló a favor de amnistiar el caso de secuestro calificado de los miristas Luis Mahuida y Luis González, también a manos de agentes de la DINA.
Demandas del poder
Entre tanto, un atareado Poder Judicial daba pruebas de eficiencia aún lejos de alcanzar una fiel sintonía con el proceso de reforma procesal impulsado por el gobierno de Lagos. Para los jueces el avance hacia esa nueva justicia debía ir la par con la modernización de la judicatura. Una transformación que incluye autonomía económica y administrativa. Una aspiración de primer orden para la Corte Suprema que se materializó en una propuesta entregada a finales de junio.
En medio de esas conversaciones, el gobierno decidió retrasar la puesta en marcha de la Reforma Procesal Penal en la Región Metropolitana, con el argumento de ahorrar recursos importantes. La decisión del Ejecutivo generó una polémica que sólo se resolvió en el seno del Congreso. Con todo, la justicia procesal penal debutó con un relativo éxito en las regiones V, VI, VIII y X.
Pero las negociaciones para la autonomía del Poder Judicial involucraron la elaboración de proyectos destinados a concretar el objetivo. Propuestas de uno y otro lado que, avanzado diciembre, parecieron traducirse a la nada, cuando el ministerio de Justicia hizo público el documento con sus planteamientos, en el que postergaba el tema de la autonomía y la independencia "para una análisis de más largo plazo", porque era necesario que consensuar algunos puntos complejos y delicados.
La molestia de los jueces no se hizo esperar. Durante el pleno de ministros del día 12 de diciembre, los supremos rechazaron la propuesta gubernamental. Para los magistrados del máximo tribunal del país nadie más que ellos, en directa tratativa con el Ejecutivo, eran los llamados a decidir los asuntos relacionados con la administración de la justicia. Terminaba el año viejo comenzaba entonces un ‘gallito’, cuyo "ganador" quedó pendiente para este 2004.
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