Corema Metropolitana inició procesos contra la Autopista Central y el colector Alaska de Maipú por no mitigar la contaminación generada durante estos meses. Medidas de la autoridad revelan la escasa supervisión en materia ambiental que hacen servicios públicos.
El Gobierno podría autosancionarse ambientalmente debido a severos incumplimientos detectados en recientes fiscalizaciones realizadas a proyectos. Así lo reveló el proceso iniciado el pasado jueves por la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de la Región Metropolitana tanto al Ministerio de Obras Públicas (MOP) -titular de la Autopista Central- como al Servicio de Vivienda y Urbanismo Metropolitano, representante del colector Alaska.
En esa oportunidad, el organismo determinó investigar a ambas reparticiones, debido a que los proyectos de los cuales son titulares no mitigaron la contaminación derivada de sus obras, según constató el Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente (Sesma) en sus últimas inspecciones.
Por esta causa los proyectos se exponen a multas por un máximo de 500 Unidades Tributarias Mensuales (unos 14 millones de pesos) hasta que sean revocadas sus Resoluciones de Calificación Ambiental.
El 19 de mayo pasado -en medio de la segunda preemergencia ambiental del año- el Sesma pidió a la Corema que se iniciara un proceso de sanción al MOP debido a que, tras la fiscalización hecha a las obras del Sistema Norte-Sur (Autopista Central) se detectó que no se instalaron mallas para mitigar el material particulado, no se humedecieron caminos para impedir el levantamiento de polvo y no se aplacó el alto nivel de ruido que generaban, entre otros incumplimientos.
Lo mismo ocurrió el 15 de abril pasado cuando el Sesma junto a la Seremi de Transportes solicitaron que se analizara una sanción al Serviu, pues en las obras del Colector Alaska no se dispusieron mallas para proteger el entorno de material particulado, no contaban con la autorización para los lugares donde se acumulan residuos, ni se adoptaron medidas para advertir de trabajos riesgosos en el lugar, entre otros puntos.
Hablan los responsables
El seremi de Obras Públicas de la Región Metropolitana, Juan Antonio Muñoz, explicó a El Mostrador.cl que si se cursa multa al MOP "esta debe ser financiada por la empresa concesionaria. La firma debe entregar antecedentes a la Corema sobre lo que ha hecho y luego se determinará si ha cumplido o no".
Añadió que el ministerio supervisa que se cumplan las mitigaciones ambientales a través de un inspector fiscal que es asesorado por una consultora que contrata la firma.
En tanto, el director del Serviu Metropolitano, Ricardo Trincado, aseguró que su servicio entregará los descargos a la Corema sobre las medidas de mitigación a las que se comprometió "voluntariamente" cuando ingresó el proyecto al Sistema de Evaluación de Proyectos (SEIA).
"Nuestra impresión es que la mayor parte de las medidas ambientales se han cumplido. Puede haber incumplimiento en la acumulación de escombros debido a que es preferible no moverlos en periodos ambientales sensibles pues emiten mayor cantidad de PM10", sostuvo.
Trincado explicó que aún "no está claro quién debe pagar la multa. Somos los titulares del proyecto y debemos asumir la responsabilidad. Sin embargo, este proyecto lo construimos con recursos del Gobierno Regional, por lo que éste financia los alcances del mismo".
Quiénes fiscalizan
En la sesión de la Corema del jueves pasado también se detalló cuánto participan las instituciones públicas en los procesos de fiscalización ambiental a los que convoca la Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana (Conama RM).
Los organismos que hasta ahora han participado en un 100 por ciento de las visitas a los proyectos son el Sesma, las secretarías regionales ministeriales de transportes y Agricultura, Ministerio de Vivienda, Servicio Nacional de Geología y Minería, Servicios Sanitarios y la Corporación Nacional Forestal (CONAF).
De las 12 veces que se ha convocado al MOP, esa repartición ha participado en un 42 por ciento de las inspecciones, por lo que es una de las entidades que presenta baja asistencia.
El SAG ha ido cumplido con un 64 un por ciento de las visitas a las que fue convocado, mientras que la Superintendencia de Servicios Sanitarios un 25 por ciento.
Al interior de la Corema se explica que la ausencia de personal a estas visitas no quiere decir que el proyecto no ha sido fiscalizado, sino que algunas reparticiones priorizan los lugares a los que acuden según sus agendas de trabajo. Además, se asegura que si un organismo determinado es titular de un proyecto debe obligar a la empresa que lo ejecuta a que cumpla las medidas y hacerse responsable de la multa en caso que sea sancionado.
