Mañana el gobierno dará a conocer los detalles de la recién promulgada ley de financiamiento para la educación superior, pese a las protestas, tomas y oposición de algunos rectores de los planteles tradicionales. El decano de la facultad de Ciencias de la Usach hace su balance del negocio que se oculta tras la nueva legislación.
Finalmente el gobierno no cedió a las presiones de los estudiantes, ni de los rectores de las universidades tradicionales, que pedían vetar la nueva ley de financiamiento estudiantil. Mañana el ministro de Educación dará a conocer algunos de los detalles e implicancias para las familias chilenas de la nueva modalidad de créditos para la educación superior.
Esta fue diseñada inicialmente pensando en el sector privado, pero el Ministerio de Educación puso como beneficiarios también a las universidades tradicionales, lo que alertó a las federaciones estudiantiles sobre el peligro que ese factor podría representar para la vigencia del Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU). Pero ya no hay vuelta atrás, y por lo pronto, los estudiantes deberán sentarse a discutir el próximo 10 de junio con el gobierno sobre cómo reinventar el actual sistema de financiamiento en las instituciones tradicionales.
Para el decano de la facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago, Rafael Labarca, todo lo que se ha vivido estos últimos días es resultado de las políticas que implementó la dictadura y que posteriormente refrendó la Concertación. Además argumenta que el oficialismo se ha dejado tentar por los poderes fácticos que quieren transformar a la educación superior en un negocio.
Labarca afirma que dichos grupos, en complicidad con la Concertación, han logrado afianzar la transformación comercial de la educación, especialmente con las leyes de financiamiento y acreditación, esta última todavía en trámite.
"Los que creemos que la educación superior no es un negocio ni tampoco un bien privado sino público, tenemos una gran tarea por delante: recuperar la educación superior para el desarrollo nacional. La tarea no será fácil", adelanta el decano.
El inicio de la crisis
-¿Cuál es el inicio de la debacle de la educación pública en Chile?
-El 20 de Enero de 1981 fue publicado en el Diario Oficial el D.F.L. N° 4, con la premisa: La educación superior es un bien personal y como tal se debe pagar. El Estado cumplirá un rol subsidiario. A partir de esa fecha, se termina con el sistema de educación superior que estaba organizado, preferentemente, a partir de un Estado cuya motivación principal era que la educación superior contribuye al progreso nacional y por ello es una preocupación fundamental del Estado. En esta concepción se fundaron los principios orientadores de los movimientos de reforma universitaria en los años sesenta y el Estado los incorporó a través de la dictación de los estatutos de las universidades del Estado.
-¿Cómo se consolida esa nueva premisa?
-A través de diversas leyes dictadas al final del gobierno militar, por ejemplo, la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) promulgada el 10 de Marzo de 1990. Esta es la principal causa del lamentable retroceso de las universidades en sus actividades propias, del deterioro de la calidad docente y la desesperación de los jóvenes pobres por obtener financiamiento para llevar a cabo sus estudios superiores. Es triste constatar que los gobiernos de la Concertación no han tenido voluntad para modificar el negociado en que se han convertido las universidades, permitiendo que cunda la desesperanza en el mundo académico y estudiantil.
-¿Las políticas de la dictadura también implicaron una fragmentación de las universidades "matrices"?
-Claro, ahora nos encontramos con un grave desmembramiento de las históricas Universidades Técnica del Estado -ahora USACH- y de Chile que las parceló y disminuyó. A partir de ellas, y en la década del ochenta, se fundaron diversas universidades "derivadas", sin el respectivo financiamiento, marco conceptual y legal que les permitiera desarrollarse. Todo esto ha deteriorado la educación superior estatal. Esto no ha sido resuelto por los gobiernos democráticos y permanece como una gran deuda de la nación chilena con el sistema fiscal de educación superior. Más aún, se han creado diversas instituciones de educación superior privadas y los gobiernos democráticos, sobre todo el del Presidente Lagos, le han entregado apoyo
económico y legal.
Falta de compromiso de la Concertación
-¿Cree que a la Concertación le ha faltado compromiso con la educación superior?
-La notable falta de voluntad política de los gobiernos de la Concertación para apoyar las universidades públicas ha permitido la emergencia de los sectores políticos y poderes fácticos que postulan que el Estado debe ahondar su retirada de la Educación Superior hasta límites no definidos. Con ello, se ha apoyado en la práctica el crecimiento de la educación superior privada y se la ha favorecido mediante la ausencia de regulaciones efectivas. En este escenario, de escaso apoyo estatal a sus universidades, ha cundido la desmoralización y las propias comunidades universitarias del sistema tradicional hemos sido incapaces de impulsar una discusión con el gobierno y los poderes del Estado en su defensa. Más bien, la mayor parte de sus comunidades académicas han buscado adaptarse al modelo heredado de la dictadura.
-¿Qué ha pasado con los estudiantes en ese contexto?
-Una crítica de fondo al actual sistema sólo ha sido incorporada por el emergente movimiento estudiantil, agrupado en la Confech, aunque sin una gran repercusión de estas demandas. De hecho, han depuesto sus aspiraciones de cambio una y otra vez, aunque han tenido el mérito de conseguir mayores recursos para crédito y becas.
El negocio grande de la educación
-¿Cómo se puede expresar ese interés de poderes fácticos en cifras concretas?
-En el último tiempo, y con el apoyo del Gobierno, han sido particularmente exitosas las fuerzas que buscan el afianzamiento y preservación de una educación superior basada en el libre mercado. Sus ideólogos estiman que habrá una demanda de 1.000.000 de matrículas hacia el año 2010. Si el valor medio de la matrícula, en las instituciones de educación superior, se cotiza a un valor de 1.500 dólares anuales, se puede concluir que el negocio de la educación superior será de 1.500 millones de dólares anuales, en cinco años más. Este es el negocio grande que los mercaderes de la educación desean asegurar.
-¿Qué otro elemento garantiza este gran negocio?
-Este proyecto de ley crea la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, cuyo objetivo es definir y evaluar políticas para el desarrollo e implementación de instrumentos de financiamiento para estudios de educación superior, permite celebrar convenios con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras y posibilita administrar el sistema de créditos con garantía estatal. Este proyecto establece, además, planes de ahorro para el financiamiento de estudios de educación superior y un subsidio estatal para apoyar el ahorro destinado a financiar estudios de educación superior. Todos estos elementos, a nuestro entender, garantizan el negocio grande de la educación superior ya que más del 70% de la población nacional, según la Casen, tiene ingresos mensuales per cápita inferiores a 7UF. Por tanto, alrededor del 70% de la potencial matrícula de educación superior será objeto de la garantía estatal y podría serlo del subsidio.
-Por último, ¿Cuál es el negocio chico?
-En el artículo 7 del título III del referido proyecto se señalan los requisitos que deben cumplir las instituciones que pueden ser objeto de crédito, con garantía estatal. El quinto requisito señala: que se encuentren acreditadas en conformidad con el sistema de aseguramiento de la calidad que establezca la ley.
Esto es, habrá un Sistema Nacional de Aseguramiento de Calidad de las Instituciones de Educación Superior. Este sistema será el responsable del licenciamiento de nuevas instituciones, acreditación de instituciones autónomas, acreditación de carreras y programas de posgrado y del respectivo sistema de información para el público. Este sistema otorgará el "aval académico" al negocio grande.
Como ya lo han señalado los ideólogos de las políticas de mercado para la educación, y se ha escuchado en algunas presentaciones de personal del Mineduc, lo más probable es que haya agencias de acreditación de carreras que pueden ser públicas o privadas. Es evidente, entonces, que la acreditación de carreras tendrá un valor económico. Asumiendo una media de 1.000 UF como costo por la acreditación de una carrera, una media de acreditación de tres años por carrera y un total de 2.500 carreras este negocio tendría un valor estimado de 2.500.000 UF, o sea 800.000 UF anuales. Este es el negocio chico.
