La resolución castiga al parlamentario con inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, lo que significa que deberá renunciar a su cargo de senador. La condena para su secretario, Juan Carlos Espinoza, indica 3 años de cárcel con el mismo beneficio de libertad vigilada. La jueza adujo que las condiciones materiales de las cárceles del país no ayudan en la readaptación social.
La jueza del Tribunal de Garantía de Temuco, Georgina Gutiérrez, rechazó el escrito sobre «cautela de garantías constitucionales», es decir, el recurso presentado por la nueva defensa del senador Jorge Lavandero, que pretendía anular el juicio abreviado contra el parlamentario y así pasar al juicio oral.
En un hecho inédito en lo que va de la Reforma Procesal Penal, el nuevo representante del senador, abogado Alfredo Morgado, pidió a la jueza que se anularan los efectos de la audiencia en que el parlamentario aceptó las acusaciones del Ministerio Público, bajo el argumento de que su cliente no comprendió que al admitir estas imputaciones, se declaraba culpable de los delitos sexuales en perjuicio de menores de edad.
En concreto, la jueza Gutiérrez resolvió sentenciar a cinco años de reclusion menor al senador (ex DC) Jorge Lavandero Illanes, condenado como autor de delitos sexuales reiterados en contra de cuatro menores de edad. No obstante, se le concedió el beneficio de la libertad vigilada, aunque prohibió de por vida ejercer cargos públicos.
Su chofer, Juan Carlos Espinoza, fue condenado a tres años, pero también se le concedió el beneficio de la libertad vigilada.
Las partes ya anunciaron que apelarán contra la resolución, mientras que la jueza tomó su decisión a pesar del cambio de defensa del senador, quien a última hora pidió ir a un juicio oral, a pesar de que el parlamentario había aceptado un juicio abreviado después de reconocer su responsabilidad en los hechos por los que se le acusa.
En la antesala
Cabe repasar que el abogado Matías Balmaceda formalizó durante la mañana de hoy su renuncia a la defensa de Lavandero, lo que también considera al resto del equipo jurídico, integrado por los abogados Francisco Cox y Juan Ignacio Piña.
En reemplazo ya sumió el equipo del estudio jurídico de Alfredo Morgado Travezán, Reyniero García y Emilio Carreño.
El cambio se fundamenta en sugerencias políticas de ir a juicio oral y hacer frente a las acusaciones. Por este motivo, el fallo de hoy queda en ascuas, ya que el nuevo equipo niega el acuerdo previo entre las partes, que permitió esta etapa abreviada.
La nueva estrategia consiste en argumentar «voluntad viciada», puesto que el senador insiste en que «no estuve nunca de acuerdo en aceptar las acusaciones», camino judicial que habría recomendado Balmaceda.
Por este motivo, el nuevo equipo de Lavandero presentó un escrito sobre «cautela de garantías constitucionales», mediante el cual buscan anular el juicio abreviado e ir de lleno a juicio oral.
Lavandero alega inocencia
Al ingresar al tribunal, pasado el mediodía, en Temuco, Jorge Lavandero exclamó «yo y Juan Carlos Espiñoza somos inocentes y vamos a luchar por eso. La verdad está en los expedientes del Ministerio Público y eso vamos a defender. No soy culpable, soy inocente». Esto, mientras un grupo de adherentes lo vitoreaba en Temuco.
La jueza Georgina Gutiérrez fijó a las 12 y media del día de hoy la lectura de su resolución en este caso por delitos sexuales, luego de que el senador (ex DC) Jorge Lavandero fue declarado culpable de abusos sexuales contra cuatro niños y adolescentes.
Lavandero arriesga una pena de hasta 5 años de presidio sin ningún tipo de beneficio. Por diferencias en la estrategia judicial, el senador desaforado terminó la relación con sus abogados y contrató nuevos profesionales que lo representen.
La jueza de garantía de Temuco, Georgina Gutiérrez, adelantó la lectura del fallo condenatorio porque no quedó constancia en el registro de audio de la última audiencia del acuerdo entre las partes para que el fallo se diera a conocer el martes 28 de junio. De este modo, decidió dar a conocer la sentencia dentro de los cinco días que establece el Código Procesal Penal, para evitar un eventual recurso de nulidad contra fallo, por no darle lectura dentro de los plazos estipulados.-
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