Decisión del magistrado causó malestar en el Gobierno, que apelará en los próximos días al levantamiento de la medida precautoria que pesaba sobre las empresas ligadas a la Villa Baviera. Sin embargo, fuentes ligadas al magistrado consideran que su decisión sólo se ajuta a la Ley.
Una profunda grieta se abrió entre el ministro en visita que investiga los delitos cometidos al interior de la ex Colonia Dignidad, Jorge Zepeda, y el Gobierno, luego que ayer, miércoles, el magistrado resolviera levantar la intervención que pesaba sobre las cinco empresas ligadas a la hoy llamada Villa Baviera.
Aunque en círculos judiciales la decisión no causó sorpresa, toda vez que el magistrado había sido muy crítico con las actuaciones de la jueza de Parral, Ximena Pérez, que llevaba adelante la investigación sobre asociación ilícita, en el Ejecutivo la medida fue interpretada como un fuerte retroceso para el esclarecimiento de las actividades delictuales cometidas en el enclave.
De hecho, el Ministerio del Interior en los próximos días impugnará la decisión del magistrado. Según explicó el vocero de La Moneda, Osvaldo Puccio, existe una voluntad «política y moral» para enfrentar una situación que es «inaceptable». Se trata, dijo el ministro, de «proteger a los ciudadanos de la ex Colonia Dignidad que ha cometido delitos que van desde la pedofilia hasta la internación y mantención de armas, pasando por el espionaje a chilenos».
El primer indicio de que Zepeda levantaría la medida precautoria fue la revocación de los procesamientos por asociación ilícita que había dictado la jueza Pérez contra los ex jerarcas de Villa Baviera, luego que estimara que ésta cometió una «omisión de un acto esencial» al dictar los encausamientos cuando el expediente de la causa se encontraba a disposición de la Corte Suprema.
Fuentes cercanas al juez precisaron que en la etapa procesal en que se encuentra el caso no había mérito suficiente para configurar la figura delictual de asociación ilícita. Pero no se descarta que en el futuro sí pueda establecerse dicho delito y dictarse nuevos procesamientos contra el círculo que gobernó la ex Colonia, de unas 30 personas.
La raíz del problema
Para quienes conocen de cerca el proceso, el primer roce entre el ministro Zepeda y la jueza de Parral ocurrió cuando esta última le solicitó los informes policiales sobre las fichas de inteligencia confeccionadas y escondidas bajo tierra al interior del enclave.
Para el magistrado esa información resulta especialmente «sensible» desde el punto de vista político, sobre todo en un período eleccionario.
Según ha trascendido, los documentos se refieren a un universo de 39.800 personas (del total de 43 mil fichas halladas), quienes pertenecerían a todos los sectores políticos e institucionales del país. Esas carpetas contendrían antecedentes públicos y privados de los nombrados, que podrían verse afectados con su divulgación, pese a que no exista ningún grado de certeza sobre la veracidad de dichos antecedentes.
Además, se sumaría el hecho que cuando la solicitud fue recepcionada por Zepeda, el juez se encontraba trabajando con dichos informes con la Jefatura de Inteligencia Policial (Jipol) de Investigaciones, por lo cual no era oportuno traspasar dicho material que, principalmente, según fuentes cercanas al magistrado, es revisado con miras a encontrar datos relevantes sobre casos de detenidos desaparecidos. Hasta ahora, sólo en 14 casos se habría encontrado información relevante al respecto.
En la tarde de ayer, el juez remitió a la Jipol cerca de 6 cajas con las carpetas halladas en Villa Baviera en septiembre de 2000, que habrían servido de origen de la cuantiosa información oculta en los búnkeres subterráneos, y que hasta la semana pasada estaban a disposición del tribunal de Parral. De esta forma, la policía también se encargará de su clasificación, análisis e interpretación.
En tanto, trascendió que para investigar el origen de las armas y la posible utilización que estas habrían tenido, el Ministerio del Interior estaría evaluando presentar un requerimiento por infracción a la Ley de Control de Armas y Explosivos ante una Fiscalía Militar, por tener mayor competencia sobre el tema.
Otros puntos del conflicto
Otro aspecto conflictivo aconteció cuando la jueza Pérez de Parral decretó las medidas precautorias relacionadas con los bienes del enclave, estimándose que ello podría afectar la colaboración que han prestado los colonos en la investigación de Zepeda. No obstante, este argumento fue desvirtuado por fuentes policiales y judiciales, ya que el principal aporte estaría siendo entregado por ex habitantes de Villa Baviera, es decir, personas que están totalmente desvinculadas de ella.
En tanto, los que respaldaban la decisión de intervenir las empresas relacionadas a la ex Colonia argumentan que de esta manera se podrían conocer en detalle las transacciones comerciales y los patrimonios reales de dichas entidades como también, eventualmente, establecer posibles ilícitos.
Sin embargo, en círculos judiciales se asegura que ello también podría haberse hecho a través de otras vías, como por el Servicio de Impuestos Internos (SII) sin la necesidad de dificultar los negocios de las mismas. Al respecto, las fuentes consultadas por El Mostrador.cl aseguran que desde que asumió el síndico Herman Chadwick, las empresas se encuentran paralizadas.
Diversos propietarios
En ese sentido, la decisión de Zepeda de levantar las medidas se funda en que las sociedades intervenidas -Abratech, Agripalma, Bardana, Sinoglosa y Cerro Florido- tienen diversos propietarios, muchos de los cuales no se encuentran procesados ni tampoco están siendo requeridos por los tribunales.
«Consta que las medidas precautorias se solicitan respecto de todos los bienes conocidos pertenecientes a personas jurídicas distintas de las personas naturales que como socios la integran, sin advertir que la responsabilidad en materia de delitos no es solidaria, sino individual e indivisible», sostiene la resolución dictada ayer por el magistrado.
Además, Zepeda agrega que no se ha podido establecer que su formación provenga de «un reciclaje de dinero de otros bienes originados en un a cadena de actividad criminal» o que hayan servido para financiar nuevas actividades con fines ilícitos.
En su resolución, el magistrado profundiza aún más sus apreciaciones críticas, y argumenta que un informe de la Brigada de Lavados de Activos (Brilac) de la Policía de Investigaciones lleg a establecer que no habría empresas que indagar respecto a la querella presentada originalmente, pues legalmente la Colonia Dignidad ya no existe.
Esto, porque la personalidad jurídica de la Sociedad Benefactora Dignidad fue caducada en 1991 y sus bienes y patrimonios fueron traspasados a la Corporación Metodista, mientras que en 2003 fueron derivados al Cuerpo de Bomberos de Linares, que actualmente cuenta con dos propiedades: la escuela Villa Baviera y Villa Baviera, avaluadas en 1.184 millones 337 mil pesos.
Tranquilidad
Respecto a los anuncios de recursos de queja que interpondrían en su contra, tanto el CDE como el representante de las víctimas de la ex jerarquía del asentamiento, fuentes allegas al ministro Zepeda afirmaron que él está tranquilo, ya que sus resoluciones se han ajustado estrictamente a lo que la Ley permite en casos de esta naturaleza.
Dicha calma también radica en los buenos resultados que ha obtenido en sus investigaciones sobre el tema, siempre resguardando la independencia de sus decisiones. En esa medida, el magistrado desde mediados de agosto evacuó una orden de arraigo contra toda la cúpula del enclave, que no superaría las 30 personas, ya que con ello aseguraría que en caso de aplicar la figura de asociación ilícita puedan ser ubicados al interior del país.
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