Carlos Baraona, el profesional que el año pasado denunció que el senador DC Sergio Páez ejercía presiones en Conaf para permitir la extracción de alerce, hoy defiende a la forestal acusada por Greenpeace de cortar ilegalmente la especie en un Parque Nacional. Letrado dijo que no defenderá a la empresa si los hechos denunciados son efectivos.
Un complejo escenario enfrenta el abogado ambientalista Carlos Baraona, quien el año pasado denunció que el senador DC Sergio Páez presionaba a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) para que ésta continuara otorgando permisos de extracción de alerce en la X Región, ya que en los próximos días deberá decidir, si continúa defendiendo a la empresa forestal que Greenpeace sindica como autora de la corta ilegal de la especie en el Parque Nacional Alerce Andino.
Según la denuncia de la ONG ambientalista, el cliente de Baraona, Forestal Río Puelo S.A, aprovecha que uno de sus predios colinda con el Parque Nacional para extraer el alerce. El que posteriormente comercializa, aprovechando el permiso de extracción de madera muerta que Conaf le otorgó el 12 de enero de 2004.
Al respecto, dicha institución aclaró que "el plan autorizado no permite la corta de árboles vivos, sino la recolección de madera de árboles caídos o muertos en fechas anteriores. En caso de comprobarse un hecho que signifique transgresiones a la normativa vigente, se procederá a efectuar las denuncias que correspondan", afirmaron luego de conocer los antecedentes.
El «plan autorizado» al que hace mención Conaf, es válido siempre y cuando, la faena se realice dentro del predio de la forestal. Pero cabe recordar, que actualmente entre la institución y la empresa, existen diferencias respecto de cuál es el límite exacto entre su terreno y el parque, situación que todavía se encuentra pendiente en tribunales.
Empresa "fantasma" y los "otros"
De acuerdo a los antecedentes entregados por Greenpeace, Forestal Río Puelo, sería lo más cercano a una "empresa fantasma", y según la información de que disponen, hoy se llamaría Asturias S.A., donde uno de los accionistas es el abogado y defensor público, Miguel Retamal Fabry.
Retamal tiene a su cargo la jurisdicción que comprende las comunas de San Bernardo, Calera de Tango, Buin y Paine, y pese a los intentos de este medio, declinó referirse al tema, informando a través de su secretaria que "otros" eran los que tenían que responder por dicha situación.
Por su parte, la Defensoría Penal Pública, confirmó que el profesional pertenece a uno de los estudios jurídicos que ganó una de las licitaciones para prestar servicios en el marco de la Reforma Procesal Penal, aclarando, de paso, que no está contratado directamente. Asimismo, agregaron que no hay nada que prohíba a los "defensores licitados" puedan tener negocios paralelos a su función.
Baraona al ruedo
Los "otros" a los que hacía referencia Retamal, son los que actualmente representa Carlos Baraona, en el único juicio que mantiene la empresa forestal con la Conaf. Litigio que se originó luego de una denuncia, que interpuso el organismo de gobierno, tras constatarse una situación similar a la denunciada hoy por Greenpeace, pero en 2003.
Este abogado de Puerto Montt se hizo cargo de llevar la defensa de la empresa luego que un colega, que trabaja en un conocido servicio público de la Región, decidió ceder esta posición por incompatibilidades con su cargo.
Baraona, quien finalmente perdió su "batalla" frente a Páez, ya que como se recordará, fue finalmente procesado por injurias y condenado a 300 días de pena remitida, está dispuesto a renunciar a la representación de la empresa si los hechos denunciados por Greenpeace son ciertos. Pero acusa a Conaf de despreocuparse de otros parques donde la tala ilegal hace "nata", como el de Hornopiren, donde para 49 mil hectáreas de bosques hay un solo guardaparque.
-¿Cuántas denuncias tiene la forestal que usted representa?
-Existe una denuncia que es de 2003 y está en el Segundo Juzgado de Policía Local de Puerto Montt, por haber explotado alerce muerto más allá del lugar autorizado por Conaf. Y ese poco más allá, se traduce en una disputa de si ese terreno es parte del predio El Chilco, o parte del Parque Alerce Andino. Los títulos de la empresa fueron reconocidos por el Presidente de la República de la época, tienen su plano, está todo en orden.
-Entonces, ¿cuál es el problema de fondo?
-Es que dentro de Conaf no se ponen de acuerdo entre el departamento que está encargado de aprobar estos planes de extracción, y la oficina que está a cargo de cuidar los parques nacionales, que son unidades de gestión distintas. Históricamente la Oficina Provincial Llanquihue, siempre respaldó a la empresa al reconocer sus títulos y autorizando sus planes de extracción, no así la otra oficina, conocida como la Unidad de Patrimonio Silvestre, en la cual señalan que la empresa está interviniendo el parque. Ahora, esta discusión siempre se centró el problema limítrofe, y en que se trataba de alerce muerto, no verde.
-¿Le preocupa que se haya detectado cortes de alerce que estaba vivo?
-Entiendo que la denuncia que se hace ahora es por la existencia de alerce verde, y eso lo encuentro grave, sea que la corta se haya hecho dentro del predio o dentro del parque. Ahora, si la denuncia llega, y se dice que la empresa es responsable de cortar alerce verde, yo no me meto. Distinto es, si estamos discutiendo un tema de deslinde o de alerce muerto, que está autorizado extraerlo, antes de que entrara en vigencia la restricción.
-¿Cómo va el actual juicio que mantienen con la Conaf?
-La Conaf hizo una denuncia y dejo el juicio botado, nunca más hizo nada. Incluso la denuncia fue mal hecha. El juez llegó a tal nivel, que percibió bajo arresto al abogado de Conaf para que fuera a arreglar la presentación que hicieron y nunca más aparecieron en el juicio. En cambio, nosotros fuimos y explicamos que la corta se realizó en un área autorizada. Es decir, no negamos la corta, ya que fue autorizada la extracción.
-Conaf realizará una visita inspectiva al lugar de los hechos, ¿Recuerda cuándo fue la última vez que se hizo un procedimiento similar?
-Este predio fue fiscalizado el 25 de enero para certificar que todo el alerce que se estaba sacando era alerce muerto. Entonces, yo debo asumir, a partir de la denuncia de Greenpeace, que estamos hablando de corta reciente, de febrero a la fecha.
-Greenpeace dice que Forestal Río Puelo S.A., es una empresa "fantasma", ¿Es efectivo?
-No, para nada. La empresa es de Santiago y tiene a su representante legal, don Juan de la Fuente.
-¿Tuvo la posibilidad de conversar con él?
-Yo hable con él, me llamó medio angustiado y le dije, usted sea transparente y autorice que la prensa ingrese al predio, es lo más sano.
-A su juicio, ¿sigue existiendo hoy un problema de fiscalización?
-En esa zona hay una suerte de comercio ilegal, ha habido hartos lonkos huilliches, que han sido detenidos. Es más, el Parque Hornopirén que está en la misma zona, tiene 49 mil hectáreas y un solo guardaparque, el cual tiene una jornada de trabajo de 44 horas semanales, por lo tanto es casi horario de oficina. En consecuencia, qué capacidad real tiene un tipo de fiscalizar todas esas hectáreas. Eso sería bueno que lo denunciara Greenpeace, por qué la Conaf no se está preocupando de fiscalizar las áreas protegidas.
-En definitiva, no defenderá a la empresa si hay alerce verde….
-Yo tiendo a creerle a Greenpeace, lo encuentro serio. Si ellos dicen que estuvieron durante seis meses investigando, y me dicen que Antonio Lara (científico de la U. Austral) vio alerce verde cortado, yo les creo. Por eso le dije a don Juan, que si hay corta verde, a mí no me llame porque no lo voy a defender. No puedo ser tan inconsecuente.
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