Si bien el juez a cargo del proceso por los cuatro asesinatos ocurridos en venganza por el atentado contra el ex militar, aún no recibe petición formal para indagar a los ministros civiles de la época -Ricardo García y Francisco J. Cuadra-, fuentes de El Mostrador.cl informaron que ya prepara la realización de estas diligencias. Busca determinar quién y cómo ordenó la vendetta.
Aunque oficialmente el ministro a cargo de investigar el secuestro y asesinato de cuatro profesionales en 1986, Hugo Dolmestch, aún se encuentra a la espera de una petición formal por parte de los querellantes para citar a las autoridades civiles que podrían tener responsabilidades en estos crímenes, fuentes de El Mostrador.cl confirmaron que el magistrado ya prepara dichos interrogatorios.
Según trascendió, el juez ya pidió información de prensa relativa a los dichos del ex vocero del gobierno de Augusto Pinochet, Francisco Javier Cuadra, y del entonces ministro del Interior, Ricardo García, que fueron reproducidos por medios de prensa de la época, en donde los mencionados habrían atribuido estas muertes a un enfrentamiento entre grupos extremistas tras el fracaso del atentado en contra del ex jefe de la junta militar.
Los consultados al respecto explicaron que, junto con poder establecer presuntas responsabilidades criminales de estos personeros que posiblemente habrían encubierto con sus dichos estos delitos cometidos por el disuelto organismo de seguridad, a Dolmestch también le interesa esclarecer el contexto histórico en que se produjeron estos crímenes.
También, con estos interrogatorios, el magistrado buscaría aclarar si estos dos ex secretarios de Estado habrían estado presentes cuando el entonces comandante en jefe de la Armada José Toribio Merino instruyó al entonces jefe de la CNI, el fallecido general Humberto Gordon, para que procediera a «cobrar» las muertes de cinco escoltas de Pinochet por partida doble.
Otro punto de importancia para Dolmestch sería la necesidad de confirmar los dichos de Cuadra a la prensa en los últimos días, en relación a que él habría ordenado a Investigaciones detener a los principales representantes de la oposición al régimen militar, con el objeto de «salvarles la vida».
Esta afirmación podría significar que el ex vocero de La Moneda también habría tenido conocimiento de la vendetta que emprenderían los agentes del órgano represor por el fallido intento de asesinar a Pinochet.
En todo caso, los antecedentes del caso apuntan a que dichas detenciones se dieron de forma natural, ya que las dos ramas policiales del país (Carabineros e Investigaciones) tenían la orden de detener a las figuras públicas de los partidos de oposición frente a cualquier hecho de conmoción pública.
No descartan autoría
Consultado al respecto, el abogado de la familia de Gastón Vidaurrázaga, Héctor Salazar, anunció que durante hoy solicitará formalmente citar a declarar a las autoridades civiles del régimen de Pinochet que podrían tener conocimiento o participación en estos hechos.
«Creo que no hay sólo acciones de encubrimiento, sino que podría haber también participación como cómplices o, incluso, autoría, por parte de un conjunto de personas que hay que determinar. Pero entre ellos indudablemente está Francisco Javier Cuadra, Ricardo García, y todos los otras autoridades de gobierno que participaron en esa reunión donde se instruyó la orden del general Pinochet para tomar venganza», sostuvo.
Mensajes subliminales
Uno de los antecedentes que constan en el expediente que tramita el magistrado apunta a que luego del atentado al ex gobernante de facto se transmitió por los canales de televisión abierta una convocatoria bastante especial: «Se cita a reunión a todos los miembros del Club Deportivo Papillón para una junta extraordinaria».
Este mensaje, que pasó inadvertido para casi toda la población fue una señal de reunión inmediata del grupo de elite de las Fuerzas Especiales del Ejército, es decir, el llamado comando Cobra que funcionaba en el sector de Colina. La idea del llamado fue acuartelar a todos los selectos miembros de esta unidad antiterrorista para actuar de forma inminente.
Elección de las víctimas
Por otra parte, según las confesiones de los ejecutores de estos asesinatos, la elección de las vícitmas no fue planificada de manera previa, sino que se dio al calor del momento que vivía la CNI, la cual había quedado en ridículo con el atentado al jefe de gobierno y tampoco tuvo la capacidad de reacción para detener a los participantes del hecho, que huyeron haciéndose pasar por miembros de las fuerzas de seguridad.
En los expedientes que tramita Dolmestch no hay ningún antecedente que apunte a que el actual Presidente Ricardo Lagos estuviese incluido en la nómina de los que debían ser ajusticiados.
En esa medida, la única posible vícitma que logró salvarse fue un hombre de edad adulta, militante del PC, quien fue detenido en Renca, pero que debido a su poca preponderancia fue dejado en libertad en la calle San Pablo.
Recalifican procesamientos
En tanto, este miércoles el ministro Dolmestch recalificó los procesamientos de 14 ex miembros de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI) por el crimen de periodista José Carrasco Tapia y otros tres profesionales, perpetrados en venganza por el atentado al general (R) Augusto Pinochet Ugarte.
En su fallo de 22 páginas, el magistrado estableció que la madrugada del 9 de septiembre de 1986 se dispuso el acuartelamiento de los miembros de la CNI, entre ellos, los integrantes del Cuartel Borgoño comandado por el mayor Alvaro Corbalán Castilla.
Según el fallo, en una reunión en el cuartel general de la CNI, el general Humberto Gordon «profundamente alterado por los hechos, les ordenó que agentes de sus respectivas dependencias debían salir y vengar a los cinco escoltas fallecidos con ocasión del atentado, venganza ésta que debía ser en una proporción de dos a uno, en relación a las víctimas».
Es por ello, que el ministro en visita Hugo Dolmestch decidió procesar al mayor (R) Alvaro Corbalán Castilla como autor de los secuestros con homicidio de José Carrasco, Felipe Rivera Gajardo, Gastón Vidaurrázaga Manríquez y Abraham Muskatblit Eidelstein.
En calidad de co-autores del secuestro y homicidio de Rivera fueron encausados Pedro Javier Guzmán Olivares, Gonzalo Fernando Maass del Valle, Víctor Hugo Lara Cataldo y René Armando Valdovinos Morales.
Como co-autores del delito de secuestro seguido de homicidio de Vidaurrázaga fueron sometidos a proceso Krantz Johans Bauer Donoso, Víctor Manuel Muñoz Orellana, Jorge Enrique Jofré Rojas, Eduardo Martín Chávez Baeza y Juan Alejandro Jorquera Abarzúa.
Por otra parte, Iván Raúl Belarmino Quiroz Ruiz, Jorge Octavio Vargas Bories y Carlos Guillermo Fachinetti López fueron encausados como co-autores del mismo ilícito en contra de Carrasco Tapia.
En tanto, en calidad de co-autores del delito de secuestro seguido de homicidio de Muskatblit Eidelstein fueron procesados Iván Raúl Belarmino Quiroz Ruiz, Jorge Octavio Vargas Bories y José Ramon Meneses Arcauz.
Siete de los agentes estaban procesados desde el año 2000 por esos delitos y ahora se sumaron otros siete, según la resolución del juez Hugo Dolmestch, que recalificó los delitos que se imputan a cada uno.
El juez también sobreseyó a otros tres agentes que estaban procesados desde el año 2000 por la juez Dobra Lusic: Hernán Vásquez, Egon Barra y Luis Sanhueza.
El magistrado ordenó por último la detención de Lara, Jofré, Chávez, Meneses y Fachinetti, pues los otros están en prisión o en libertad provisional, por su participación en otros casos de violaciones a los derechos humanos.
Vea además:
Pinochet habría ordenado el asesinato de cuatro profesionales en 1986 (24 de Octubre del 2005)
