El ex presidente del Senado afirma que mientras los cambios a la Ley Orgánica del Congreso no tengan suma urgencia, no se podrán aplicar las facultades fiscalizadoras previstas en las reformas constitucionales. Con ello, la Alianza -disminuida en las dos cámaras-, no podrá crear comisiones investigadoras o usar la interpelación.
Bastante ajetreados fueron los últimos días de Sergio Romero (RN) en la presidencia del Senado. El viernes no paró en ningún momento: desayuno con la prensa, almuerzo con parlamentarios de las delegaciones extranjeras que asistieron al cambio de mando y visitas a toda hora en su oficina en la sede del Congreso en Santiago, la cual desalojó ese mismo día. Y el sábado, sin ningún respiro, estuvo ocupado en las actividades propias investidura de Michelle Bachelet y del traspaso de la testera de la cámara alta a Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC).
Romero se va contento. En un balance que realizó antes de abandonar el cargo, señaló que cumplió con los objetivos que se planteó al comienzo de sus funciones. Entre los más destacados están, obviamente, las reformas constitucionales que "nacieron en el Senado y se gestaron gracias a un gran acuerdo político" entre la Concertación y la Alianza. A ello, suma los avances en materia de transparencia, entre los que se cuentan la derogación del Decreto 26 (poniendo fin al «secretismo») y la publicidad de las sesiones y votaciones de la Corporación.
Además, rescata su lucha a favor de un mayor equilibrio entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, bandera que defendió con tanto ahínco que por poco termina con un voto de censura en su contra. Polémicas fueron sus declaraciones relativas a la intervención electoral del gobierno, cuando catalogó al ex Presidente Ricardo Lagos de "francotirador y guerrillero". Pese a ello, asegura que sus relaciones con el saliente mandatario siguen intactas, porque se trató de «un juicio político". Hace poco se saludaron como si nada hubiera pasado, tal como en los tiempos de estudiantes de leyes, cuando hicieron juntos la práctica.
Por último, destaca los avances en materia de modernización de la cámara alta, donde cada senador cuenta con un "pupitre digital", conectado a internet y a una red de datos sobre cada proyecto de ley; y el estrechamiento de lazos diplomáticos con parlamentos de otros países. Además, dejó "amarrados" los recursos para poder contratar a un staff de 20 asesores legislativos con el dinero que se ahorrarán con el término de los designados.
Tareas pendientes
Sin embargo, el senador de RN se va de su cargo con una tarea pendiente: no haber conseguido que el Gobierno le diera urgencia a los cambios a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para poder aplicar las nuevas atribuciones fiscalizadoras que otorga la Constitución reformada. «Este gobierno al no haber colocado las urgencias debidas, se ha pasado por el aro la fiscalización de los últimos seis meses, porque no ha hecho posible que hayan comisiones investigadoras ni interpelación ministerial", reclama.
"Nos están pasando gato por liebre", advierte Romero y enciende la luz de alerta: las funciones fiscalizadoras están bloqueadas hasta que no se aprueben las modificaciones. Y si se tiene en cuenta que la oposición no podrá influir mayormente en temas legislativos, por haber reducido su presencia en ambas cámaras, el tema cobra mayor importancia para el bloque de centroderecha.
Mientras no se aprueben las adecuaciones, la coalición UDI-RN no podrá abrir una comisión investigadora para revisar los contratos de Codelco, como pretendía, ni citar a la nueva ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, para interpelarla por la designación del capitán (R) Raúl Vergara como subsecretario de Aviación, como se había anunciado.
En resumidas cuentas, se queda sin armas para combatir al Ejecutivo. Si bien Romero le ha pedido formalmente a todos los ministros del área que le den urgencia, le mandó recados a Lagos y se lo dijo personalmente a Michelle Bachelet cuando la fue a saludar, aún no ha obtenido una respuesta, por lo que teme que la oposición siga de manos atadas.
Lo mejor y lo peor de Lagos
Consultado si otra tarea pendiente es la reforma al binominal, suelta una carcajada y señala que ese es "otro garlito del Gobierno". Indica que es un tema puesto en el tapete a propósito, para tapar otros más importantes y urgentes como el de la fiscalización. Asegura que no tiene ningún problema en modificar el sistema electoral, siempre que ese tema vaya amarrado a la inscripción automática, voto voluntario, y una reforma los partidos políticos, para hacerlos más participativos
En opinión del saliente presidente del Senado, lo mejor de la era Lagos es "haber seguido la línea de apertura económica al comercio exterior que ha tenido Chile desde la década de los 80", y lo peor "la falta de transparencia con se ha actuado, por el hecho de que se haya mantenido hasta el final el Decreto 26, que no se le haya dado urgencia a la ley Orgánica del Congreso para poder aplicar atribuciones fiscalizadoras".
Sin embargo, asume "que el gobierno de Bachelet va a tener una mirada distinta" en relación con la transparencia, debido a la manera con que ha manejado los nombramientos de los ministros y subsecretarios. "Creo que si ella desea de verdad quiere que haya una convergencia de la oposición para llegar a grandes acuerdos, va a hacer cambios en materia de transparencia. De lo contrario, puede cometer los mismos errores del pasado", advierte.
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