Unificar una política criminal para evitar criterios dispares de persecución penal; redestribuir mejor los fiscales a nivel nacional, para evitar las diferencias que existen en zonas donde la cantidad de delitos superan la capacidad de los funcionarios y mejorar la sintonía del nivel central y el operativo, son algunas de las tareas pendientes que deberá enfrentar.
El recién nombrado fiscal nacional Sabas Chahuán llegará el próximo 30 de noviembre a asumir en plenitud su nuevo cargo. Pero junto con ello tendrá que resolver una serie de desafíos en lo que se ha dado a llamar la reforma de segunda generación o -usando la terminología digital- la versión 2.0.
Así, uno de los puntos principales será la unificación de una política criminal a nivel nacional, respecto a qué deben hacer los fiscales frente a determinados delitos. Un ejemplo de la necesidad de crear una fórmula única de trabajo lo constituye la Región Metropolitana, donde si una persona es sorprendida manejando en estado de ebriedad, puede quedar detenida o citada dependiendo en qué jurisdicción haya sucedido el hecho.
Si bien es cierto la legislación entrega la independencia al fiscal para definir los caminos a seguir, el asunto ha traído algunos problemas operativos, como también de imagen al Ministerio Público. Y esto, porque al no haber una persecución penal común, también complica la coordinación con los aparatos auxiliares como son Carabineros e Investigaciones.
Exigencias
Esta situación incide directamente en otro de los énfasis que Chahuán deberá poner en su gestión, como es la lucha contra la delincuencia y el apoyo a las víctimas, uno de los puntos centrales de su exposición ante el Pleno de la Corte Suprema.
En este sentido, la derecha de seguro exigirá que el fiscal nacional cumpla con ese programa, en el entendido de que la ciudadanía debe recobrar la confianza en la institución que está encargada de sostener la acción penal pública y salga, por así decirlo, a la calle a demostrar sus facultades.
Porque actualmente, con la diferencia que existe en los criterios entre las distintas fiscalías del país, resulta difícil que los tribunales de justicia tengan, por ejemplo, un criterio de fallo en las distintas materias que analizan. Esto implica una dificultad real para los fiscales, ya que no existe jurisprudencia que pueda ser usada para juicios venideros.
Si bien es cierto en Chile no existe una jurisprudencia como la que opera en el sistema anglosajón, donde una lógica de fallo modifica la aplicación de la ley, en la justicia antigua habían tendencias claras.
Renuncias pueden aumentar
Un segundo aspecto lo constituyen los recursos humanos. Y es que en las distintas fiscalías de Santiago, por lo menos, la renuncia de los perseguidores penales es un fenómeno que va en aumento.
Fiscales tanto de las zonas Centro Norte, Sur, Occidente y Oriente, coinciden en que la carga de trabajo es excesiva y no se han cumplido los estándares que se prometieron cuando la reforma comenzó en Santiago.
Esto se produce porque en 1997, cuando fue aprobado el nuevo sistema y las distintas regiones del país ingresaron a él en forma paulatina, estaba basado en un estudio que hizo la Universidad Católica.
Sin embargo, el paso del tiempo y el aumento del delito y la delincuencia han ido mostrando que las dotaciones de fiscales están mal distribuidas; se evidencian así fuertes contrasentidos, por ejemplo, en la fiscalía oriente, donde el número de fiscales es mayor que en la zona sur, donde la concentración de delitos es la más alta del país. Exceso de fiscales también tiene la Cuarta y Novena regiones, lo que revela la necesidad de readecuar la gestión en este sentido.
Por eso es que la disminución de la carga de trabajo también será uno de los desafíos de Chahuán. Entre los fiscales es común escuchar al alto nivel de separaciones que existe, como también el constante stress al que están sometidos. Una muestra lo constituye un estudio reservado que al respecto se hizo en la zona oriente, que confirma esta realidad, lo que implicará la redefinición de una política de autocuidado del recurso humano.
A diferencia del primer articulador de la reforma, como fue Guillermo Piedrabuena, Chahuán es casi 30 años más joven. Esto permitirá una mejor sintonía con el nivel central con el nivel operativo, donde los fiscales tienen en promedio 32 años y carecen de carrera funcionaria.
Chahuán, a ese respecto, tiene un plus. Ha sido los últimos dos años fiscal regional y conoce la realidad desde dentro, por lo que su gestión será supervisada con ahínco por la derecha, los fiscales, funcionaros y la ciudadanía. Toda una labor para Chahuán que tiene por delante, los no despreciables ocho años para cumplir.
