Organismo cambió delito de receptación, que tenía bajas penas. Fiscal Tufit Bufadel formalizará al dueño de la firma Patricio Grandón, su contadora y su asesor. En las próximas semanas otra serie de compañías serán querelladas. En el SII reconocen que podría aparecer un perjuicio fiscal de más de 15 mil millones de pesos.
Tras varios meses de análisis y recopilación de información contable, el Servicio de Impuestos Internos (SII) decidió cambiar su criterio sobre las empresas que compran y venden cobre que son producto del robo de cable y presentó una querella criminal por delito tributario.
Este hecho implica un giro en 180 grados en el trabajo del organismo, que antes se hizo parte en las investigaciones que lleva la fiscalía Occidente y Centro Norte sólo por receptación, ilícito con bajísimas penas. Ahora, en cambio, usando la figura del artículo 97 N° y 4 incisos 1° y 2° del Código Tributario. Ello implica la presentación de «declaraciones falsas o maliciosamente incompletas» y a quienes realices «maniobras tendientes a aumentar el verdadero monto de los créditos», respectivamente.
Los querellados arriesgan penas que van desde los 5 a 15 años y el pago de millonarias multas.
La acción legal, ingresada en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, imputa cargos a Patricio Grandón, dueño de la empresa EIRL, su contadora Johanna Nahuelpan y su asesor tributario, el egresado de derecho Maxi Salazar González por la evasión de 712 millones 171 mil 804 pesos, casi un millón y medio de dólares.
Los tres mencionados, hasta ahora estaban formalizados por receptación, pero el fiscal occidente a cargo de la investigación, Tufit Bufadel, los formulará cargos por este nuevo ilícito, lo que será el inicio de una razzia a empresas que operan con esta práctica.
Los que vienen
Esta querella es la punta del iceberg de una serie de acciones legales que el SII presentará en las próximas semanas y que puede implicar el descubrimiento de un perjuicio fiscal de más de $ 15 mil millones, convirtiéndose en uno de los mayores casos de delito tributario en la historia criminal chilena.
Las nuevas querelladas serán firmas proveedoras directas, indirectas y compradoras, dijo una fuente del organismo tributario.
En el libelo del organismo, al que tuvo acceso El Mostrador.cl en fuentes judiciales, se explica que están siendo investigadas aquellas empresas que cuentan con facturas emitidas por Grandón, como Procesadora de Metales Chile, Metales Montenegro, Sukni Metales, Bimetal, Ingemett, Comepal y Eximet.
El SII halló en la revisión de la contabilidad de ERIL una serie de irregularidades, pero sobre todo el uso de facturas falsas emitidas por empresas creadas para ello.
Por ejemplo, se señala que Grandón, "en el año tributario 2003, declaró haber obtenido ingresos del giro del año comercial 2002 por 21 millones 432 mil 450 pesos y durante el año comercial 2006 (año tributario 2007) por 3 mil 962 millones 582 mil 112 pesos y esto da cuenta de que en el transcurso de cuatro años tuvo un explosivo crecimiento de 18.488,7%", dice el documento.
Grandón es sindicado como "el corazón" del traspaso de cable robado. La importancia de la querella del SII en su contra, dijeron fuentes allegadas a la investigación, es que ahora tiene un involucramiento criminal en el caso, por el tipo penal que se usó el organismo.
¿Cómo lo hizo?
La querella del SII está firmada por su máxima autoridad, el director Ricardo Escobar, quien el próximo 22 de octubre expondrá en un congreso internacional de robo de cable en Latinoamérica, en el Centro de Eventos de Telefónica.
En la oportunidad, sin duda, no sólo los altos ejecutivos chilenos le consultarán, sino también sus pares extranjeros respecto a esta decisión.
Y ello es porque, una vez que comenzaron a ser formalizados los dueños de las empresas de compra y venta de cobre robado, ya sea a Chilectra y Telefónica, la sustracción del metal bajó en un 95%.
