Comisión de Constitución del Senado deberá estudiar el proyecto presentado por los senadores Guillermo Vásquez, Roberto Muñoz Barra y Camilo Escalona.
Regularizar la situación de las personas que viven en loteos irregulares asentados en tierras de carácter indígena, es uno de los objetivos del proyecto de los senadores Guillermo Vásquez, Roberto Muñoz Barra y Camilo Escalona, que además de establecer un procedimiento para ello, determina la responsabilidad notarial por los perjuicios que se causen al no respetar las nuevas disposiciones.
El proyecto, que estaba radicado en la Comisión de Vivienda y que fue derivado a la de Constitución para su estudio, apunta a modificar la Ley Indígena, pues existen numerosos loteos irregulares asentados en tierras con calidad indígena, producto de contratos de compraventa, cesiones de acciones y derechos, o promesas de compraventa celebrados entre los propietarios de ascendencia originaria y pobladores que han actuado personalmente o en comités de vivienda.
No obstante, el principal problema que enfrentan es que pese a haber realizado esas transacciones los vendedores no cumplen con el requisito que les establece la Ley Indígena, de adquirir un predio equivalente, a objeto de que los nuevos terrenos pasen a tener el carácter indígena y las antiguas queden desafectadas.
Cabe recordar que el artículo 13 de la Ley Indígena señala que las tierras que tengan esa calidad gozarán de protección y no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas ni adquiridas, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia.
No obstante se establece una excepción que señala que «las tierras se podrán permutar, con autorización de la Conadi, por tierras no indígenas se similar valor comercial debidamente acreditado, las que se considerarán tierras indígenas desafectándose las primeras». Cualquier transacción que no cumpla con ello se entenderá por nula.
Propuesta
De ahí que los parlamentarios apunten a establecer un procedimiento que permita regularizar esta situación y proteger a las víctimas de loteos irregulares, pues de no hacerlo, ello podría derivar en tragedia para cientos de familias, con pérdidas de su único patrimonio familiar consistente en sus viviendas construidas en tierra de calidad indígena, ya sea por la demanda de nulidad del propietario legal o de sus herederos, advierten.
Asimismo, las personas en esa situación, han quedado impedidos para impetrar todos los beneficios que el Estado podría haberles proporcionado, en especial los subsidios que entrega a través del Servicio de Vivienda y Urbanismo.
Por ello el proyecto obliga a los notarios y ministros de fe a abstenerse de autorizar la celebración de actos y contratos prohibidos por el artículo13 de la Ley Indígena, como compraventas, cesiones de acciones y derechos, y promesas de compraventa de esas tierras.
Agrega que los notarios y ministros de fe «serán solidariamente responsables de todo daño y perjuicio, directo o indirecto, previsto o no, que causaren a los afectados por la inobservancia de la norma» antes planteada.
Asimismo, el proyecto dispone que las empresas sanitarias, de servicios eléctricos y de gas no podrán abstenerse de realizar las instalaciones de servicios básicos en las villas, poblaciones o loteos que estén en esa situación.
