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Derecha se pone nerviosa y evalúa pedir votación secreta

En la medida que se acerca el momento de la verdad en la Sala, en la Alianza cunden dudas respecto a la aprobación del libelo. Por eso, en la UDI surgió la idea de promover una votación secreta que estimule la "votación en conciencia" de los parlamentarios de la Concertación. Pero en Renovación Nacional no hay piso para una medida que atenta contra la transparencia del proceso.


Esta semana la Cámara de Diputados definirá el futuro de la ministra de Educación, Yasna Provoste. Y si bien la derecha está rendida a la posibilidad de que la comisión, constituida íntegramente por representantes de la Concertación, rechace la acusación constitucional, no pierde la esperanza de que diputados oficialistas no sucumban a eventuales presiones del Ejecutivo y el libelo sea aprobado en la Sala. Para ello no se descarta solicitar que la votación sea secreta.



Ese es el debate en el que se encuentra sumergida la derecha, puesto que el miércoles o el jueves a más tardar, la Sala de la Cámara deberá dar por cerrado el proceso a través del cual la comisión se abocó a conocer hasta qué punto tiene fundamento la acusación presentada por la Alianza en contra de Provoste. La derecha tiene la convicción de que existen más posibilidades que en otras ocasiones de aprobarla, pero temen que los parlamentarios que están dubitativos se sientan inclinados a rechazarla debido a supuestas presiones que estaría ejerciendo el gobierno.



Por eso es que a algunos diputados de la UDI se les ocurrió que tal vez si la votación fuera secreta facilitarían "votar en conciencia", sobre todo a quienes en la Concertación han cambiado la primera impresión durante el trabajo de la comisión, luego de acceder a las declaraciones de los distintos invitados.



Este argumento podría jugarle en contra al gremialismo en medio del debate que generaron las declaraciones de Joaquín Lavín, quien se manifestó absolutamente en contra de la acusación.



Aunque en la UDI sostienen que el discurso del ex abanderado no caló entre los diputados de la tienda y que al menos en este punto "no existe ninguna posibilidad de que alguien rechace la acusación". El jefe de bancada, José Antonio Kast, está tan convencido de esto que incluso puso su cabeza en juego, dispuesto a renunciar a su jefatura si algún legislador insubordinado osara ir en contra de lo resuelto por la bancada.



Anacrónico



En Renovación Nacional precisan que "el tema está en evaluación, pero nada más". Pero todo indica que no existe suficiente piso para avanzar en esa línea. Algunos diputados sostiene "a título personal" que no es una buena iniciativa la de pedir votación secreta y, además, manifiestan sus dudas en cuanto a que esto fuera aceptado por la Concertación, porque si así fuera "sería como dispararse en el pié".



El análisis que se hace en la tienda es que "no sería bien visto que nosotros que hablamos tanto de transparencia pidamos votación secreta", y si la idea es facilitar que los diputados oficialistas voten en conciencia, dice un parlamentario, "lo mejor es que lo hagan abiertamente".



Y, por otra parte, plantean que la Concertación debe asumir, ante la opinión pública la responsabilidad y los costos políticos de votar en contra de la acusación si estima que efectivamente no hay mérito para ella.



Una fuente del partido sostiene que la votación secreta es "anacrónica" y no corresponde justo cuando en el Congreso todo apunta hacia la transparencia.



Réplica y duplica



Si se cumplen las aspiraciones de la derecha y la acusación pasa el escollo de la Cámara, la titular de Educación quedaría automáticamente suspendida de su cargo y entre el cuarto y sexto día -ambos inclusive- el Senado tendría que dar cuenta de la resolución.



E inmediatamente se iniciaría el proceso en que tres de los diputados acusadores deben ir a la Cámara Alta a sostener la acusación. Esta etapa es conocida como la "réplica" en que los autores de la acusación responden a la defensa realizada por la acusada en la fase de la Cámara de Diputados. Posteriormente, sería al abogado de Provoste a quien le correspondería responder a la réplica, en una fase denominada "duplica".



Luego de este proceso los senadores, en su calidad de jurado, votarían la acusación, que de ser aprobada, concluiría con la destitución de Yasna Provoste y su imposibilidad de ocupar cargos públicos por un período de cinco años.



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