«La institucionalidad se refuerza con la Acusación Constitucional»

Por Mirko Macari



Pablo Ruiz Tagle es un especímen raro. Más que liberal, cómo el se declara, es un tipo libre. Con PhD y todo, es un apasionado del estudio de la institucionalidad política. Autor junto con Renato Cristi del libro "La República en Chile: Teoría y Práctica del Constitucionalismo Republicano", analiza en éste la relación de los marcos jurídicos con las ideas y filosofías que tienen en su trasfondo. Y concluye que estamos muy lejos de los auténticos valores liberales y republicanos con que muchos se llenan la boca. Ruiz-Tagle estuvo en el tapete cuando la ex ministra Paulina Veloso lo propuso para contralor, pero la derecha le dio un portazo en el Senado, pues lo acusaron de gobiernista por sus juicios sobre Pinochet.



-¿Es positivo que se use este instrumento de la Acusación Constitucional?



-Sí, que se use todas las veces que haya mérito y causales justificadas, de acuerdo a lo que dice la Constitución. Yo creo que hay que usar la Constitución, que no es para tenerla ahí empastada.



-Más allá del resultado ¿qué opinión le merecen los antecedentes?



-He estudiado, he revisado lo que opinan los distintos expertos y es un caso bien dudoso.



–¿Sobre qué punto tiene dudas ud.?



-Las dudas están en qué consiste la omisión, específicamente. Yo también plantearía que en mi caso hay un punto sobre el cual no tengo duda, y es que la ministra es responsable de lo que sucede en el ministerio. Pero cuál es el hecho específico que se le puede imputar a ella, como inejecución de las leyes y la Constitución, eso es de lo que yo todavía tengo dudas.



-El ex ministro Martín Zilic ha dicho que cuando asumió le informó a Provoste de los desordenes administrativos, cuestión que sólo se hizo pública por la investigación de la Contraloría.



-Sí, lo dijo claramente en la comisión.



-¿Ese dato no tiene un peso por sí solo?



-Claro, es un dato muy relevante. El punto es qué significa la omisión, en qué consiste la inejecución de las leyes, y esa es la gran duda. Él le informó, ella debió inmediatamente haber pedido a la subsecretaria que iniciara los sumarios. Por otro lado, habían ciertas gestiones realizándose en Contraloría. Eso es lo que para mí todavía resulta dudoso



-¿Qué le pareció la defensa de Provoste?



-Tengo gran afecto y admiración por Luis Bates. Creo que él ha hecho un trabajo increíble reuniendo antecedentes, planteó una defensa muy orientada a hacer estas distinciones administrativas, en el sentido de qué competencia tiene cada funcionario, qué funciones se espera que cumpla. Y aunque no niega la responsabilidad política constitucional que emana del artículo 52, ha minimizado los cargos, él tiende a usar el lenguaje penal de los criminalistas. Y este caso tiene una pena, una sanción, pero no es un caso propiamente penal, es jurídico-político.



-Bates también ha argumentado que este un recurso excepcionalísimo.



-No estoy de acuerdo, porque excepcionalísimo es más que excepcional, y yo creo que es un recurso constitucional. Este es un recurso perfectamente disponible, a la mano, y que deben usar los parlamentarios cada vez que vean una situación que así lo amerita.



-¿Cómo se lee este episodio a la luz de su libro, donde critica el presidencialismo de la constitución autoritaria de Pinochet?



-El presidencialismo, tal como se entiende por muchas personas acá en Chile, y es parte del argumento de Luis Bates, ha estado contaminado por esa forma de pensar, pero es confundirlo con el absolutismo, con la irresponsabilidad política. La verdad es que no lo aceptan como un mecanismo válido de la Constitución. Y es parte del juego de control y de frenos y de contrapesos del constitucionalismo desde su origen.



-El argumento es que los presidentes pierden la facultad exclusiva de nombrar a sus ministros.



-Es un argumento híper presidencialista. Y están equivocados, porque la Presidenta no pierde su facultad, la Presidenta en verdad puede nombrar a quien quiera para este cargo y cualquiera de los cargos de confianza de ella. Lo que importa es que también ese acto queda controlado por la Constitución y eso es una virtud del sistema, no un defecto, como piensan los híper presidencialistas



-¿En qué sentido es bueno transitar hacia un sistema semipresidencial o con menos énfasis en las potestades presidenciales?



-Al derechamente parlamentario. Yo creo que tiene muchas ventajas. Es un sistema más flexible en términos de adaptarse a nuevas realidades políticas. Por ejemplo, estamos viendo que hay una nueva realidad en el Congreso, que se enfrenta al Parlamento. Si tuviéramos un régimen donde el Parlamento es más significativo y hubiese un primer ministro, eso ya estaría reflejado en quién dirige el gobierno.



-Algunos se ponen nerviosos con la alteración del statu quo, que las instituciones se adapten a la flexibilidad de los climas políticos que son cambiantes.



-Eso es, y además, a pesar de las buenas intenciones de los presidentes y de sus colaboradores y de los que realizan las funciones ejecutivas, tienen demasiado poder en materia presupuestaria y legislativa, por ejemplo. En Chile el gran legislador es el presidente. Todo lo que signifique revisar más las leyes -tenemos un ejemplo claro, que es el Transantiago-, hacerlas más abiertas para la crítica, exponerlas frente al público, creo que es una virtud. Algunos se quejan de que eso puede ser demora, que puede significar una cierta ineficiencia aparente, pero al final los resultados pueden ser mejores. Varios partidarios del presidencialismo critican y dicen "pero cómo le vamos a entregar a estos parlamentarios de hoy, que están tan desprestigiados, que hay tantos problemas con ellos", y que uno podría decir, bueno, no es el mejor parlamento en la historia de Chile. Pero naturalmente, cuando se produzca una transferencia importante de poder, tendrá también que producirse un incentivo para que personas más capacitadas lleguen ahí. En la medida en que se los percibe como sin poder, insignificantes, que están ahí para poner un timbre a lo que dice el Ejecutivo, claro, no cumplen una función real.



La Concertación también ha argüido como uno de los principales argumentos que se pone en tela de juicio la institucionalidad.



-No, en ningún caso, no me parece que eso sea correcto. Yo creo que eso es confundir las cosas. Precisamente la institucionalidad se refuerza con estos ejercicios y ojalá existan más interpelaciones, más fiscalización y eventualmente más acusaciones en caso de que sea necesario.



–Más, pero también de mejor calidad.



-Claro, es que cómo puede uno ir logrando más calidad si no practica. La política es una práctica, y las acusaciones y la práctica parlamentaria se van desarrollando justamente en esas conductas que se repiten.



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