«Se ha tomado en cuenta el tiempo que lleva esa investigación y la poca posibilidad que tenga un juez que está conociendo de innumerables causas de tener una preocupación más preferente», señaló el ministro Milton Juica.
La Corte Suprema ordenó este viernes que un juez especial investigue eventuales sobornos en la compra, en 1994, de 20 aviones de combate Mirage-5 a Bélgica por parte de la Fuerza Aérea, informaron fuentes judiciales.
El plenario de jueces de la Corte acogió por unanimidad una petición en tal sentido del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que es parte querellante en el caso, dijo a los periodistas el juez Milton Juica.
Según el magistrado, el nombramiento de un juez especial se hizo necesario porque la investigación ha tardado ya «bastante tiempo».
«Se ha tomado en cuenta el tiempo que lleva esa investigación y la poca posibilidad que tenga un juez que está conociendo de innumerables causas de tener una preocupación más preferente», explicó.
Los cazabombarderos usados involucraron para la Fuerza Aérea un gasto de 109 millones de dólares y, según las investigaciones conocidas, las principales sospechas de haber recibido comisiones ilegales recaen en el belga Bernard Van Meer, intermediario de la operación y en el entonces comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Ramón Vega.
En la época de la compra, Van Meer, era además yerno de Vega, que tras pasar a retiro fue senador designado.
En su primera declaración en el caso, el general Vega sostuvo que Van Meer nada tuvo que ver con el negocio, pero después la investigación apuntó a que no solo recibió dinero, sino que también conocía a los principales gestores de la venta.
Uno de ellos era el general retirado de la Fuerza Aérea de Bélgica Jacques Lefebvre, quien, tras dejar su cargo como jefe de Estado Mayor, pasó a ser administrador general de Europavia, una de las empresas representantes de sistemas aeronáuticos como la francesa Dassault, fabricante de los cazabombarderos Mirage.
De acuerdo con los antecedentes del caso, Lefebvre conocía a Van Meer y entre ambos analizaron la factibilidad del negocio, favorecidos por la buena posición del suegro de este último, Ramón Vega.
Según la resolución de la Corte Suprema, será la Corte de Apelaciones de Santiago la que designe a uno de sus miembros para hacerse cargo del caso.
EFE
