La decisión de la Sala Penal de mantener procesados al ex chofer del Mandatario, Luis Becerra, al ex CNI Raúl Lillo y los médicos Patricio Silva y Pedro Valdivia, entrega pistas de cuál será el derrotero de esta causa. Uno de los próximos imputados podría ser el ex ministro Patricio Rojas y, en otra arista, el ex jefe del Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército, general Eduardo Arriagada Rehren, quien aparece detrás de la producción de venenos para eliminar a los “indeseables” de la dictadura militar.
Era el miércoles 30 de diciembre de 2009 pasadas las 18.30 y los medios de comunicación esperaban con tedio que la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema diera a conocer la resolución sobre los recursos de amparo presentados por cuatro de los seis procesados en el caso Frei.
Las apuestas corrían de un lado a otro respecto a cuál sería el criterio que usarían los cinco magistrados para dirimir si el juez a cargo del caso, Alejandro Madrid Crohare, había configurado correctamente los elementos que conforman el delito de homicidio y si los encausados habían tenido participación en él, cuando el llamado “gran orador” falleció en enero de 1982 en la Clínica Santa María por el envenenamiento de que fue objeto con Talio y Gas Mostaza.
Finalmente, cuatro de los cinco ministros de la sala abandonaron el lugar con destino a sus privados y las cámaras fotográficas y de televisión hicieron ingreso al recinto donde se ubican los estrados a la espera que el presidente de la instancia, Nibaldo Segura, diera lectura al dictamen.
Segura tomó posición al centro y puso las condiciones. Leería de manera suscinta la resolución adoptada y no aceptaría preguntas. Lo que vino después fue para los abogados querellantes una señal de alivio, mientras que para los defensores un balde de agua fría que no se esperaban.
Historia de un caso
Madrid procesó el 7 de diciembre pasado en calidad de autores del homicidio al ex chofer de Frei e informante de la CNI en calidad de autor, junto al ex agente de la CNI Raúl Lillo Gutiérrez y al doctor Patricio Silva Garín quien participó en la segunda operación que le practicaron al asesinado Presidente. Junto a los anteriores, fue imputado en calidad de cómplice el ex médico de la DINA, Pedro Valdivia. Y como encubridores los patólogos de la UC que hicieron la autopsia –cuyos resultados modificaron y escondieron por veinte años- Helmar Rosenberg y Sergio González.
De ahí en adelante los hechos se sucedieron con una cuota de suspenso. El abogado Claudio Feller presentó un recurso de inhabilidad en contra del juez Madrid que la Corte de Apelaciones acogió, suspendiéndolo momentáneamente.
[cita]La votación fue “casi unánime”. Dolmestch, Segura, Rodríguez y Künsemüller estuvieron porque el caso siguiera de la forma en que la configuró Madrid, mientras que Ballesteros fue la minoría, argumentando que no estaba probada la participación de los imputados.[/cita]
Becerra y Lillo recurrieron de amparo ante la Octava Sala del tribunal de alzada capitalino, que confirmó los procesamientos argumentando que dicha acción legal no era la vía idónea para anular los cargos. Le siguieron en la misma estrategia legal los doctores Silva y Valdivia. A diferencia de sus predecesores, sus amparos fueron acogidos, dejando de estar procesados en la causa.
Hasta ese momento, el contexto no era precisamente auspicioso para Madrid. Especialistas y colegas de los médicos imputados cuestionaban a través de la prensa la idoneidad de los peritajes para acreditar la muerte de Frei; distintos abogados sostenían que los elementos legales usados para sostener la tesis del homicidio eran febles y carecían de concordancia lógica; asimismo apuntaban a la falta de pruebas de la participación en la muerte del ex Mandatario.
Sin embargo, tanto los querellantes, -por la familia Frei Alvaro Varela y el por el Consejo de Defensa del estado Rodrigo Quinta y Luppy Aguirre-, sabían que todo quedaría en manos de la Suprema. Lo mismo tenían claro los defensores: por Becerra, Cristián Letelier; por Silva Garín, Luis Valentín Ferrada y por Valdivia, Claudio Feller.
Los alegatos de los cuatro encausados fueron oídos la semana pasada por la Segunda Sala de la Suprema. La lógica indicaba que los recursos se resolverían a la brevedad y el ambiente indicaba que la resolución adoptada por Madrid se “caería”, debido al ambiente de duda que se vivía en los pasillo de tribunales sobre la “calidad” del procesamiento de Madrid.
Pero algo sucedió en el camino. Los ministros de la Sala Penal, Hugo Dolmestch, Jaime Rodríguez Espoz y Carlos Künsemüller, resolvieron pedir el expediente completo antes de tomar una decisión, con el voto en contra de Nibaldo Segura y Rubén Ballesteros. De ahí en adelante todo fue especulación. Pasaron las fiestas navideñas y pocos suponían que la Suprema daría a conocer su decisión el último día hábil de la judicatura de 2009, ya que hoy hay pleno en el máximo tribunal y no se fallan causas.
Ansiedad mediática
Las cámaras de televisión estaban prendidas y dispuestas, mientras los flashes enceguecían al ministro Segura, quien comenzó a dar lectura a la decisión judicial, viendo caso a caso. Becerra y Lillo, cuyos amparos habían sido rechazados por la Corte de Apelaciones, se mantenían encausados y en prisión preventiva. Hasta ahí era lo previsible. Sin embargo, Segura dio la frase clave. Los doctores Silva y Valdivia volvían a ser procesados en la causa, como autor y cómplice, respectivamente, y volvían a la cárcel. Se instaló entonces la idea del “supremazo” y de que la resolución constituye un apoyo cerrado al juez Madrid.
La votación fue “casi unánime”. Dolmestch, Segura, Rodríguez y Künsemüller estuvieron porque el caso siguiera de la forma en que la configuró Madrid, mientras que Ballesteros fue la minoría, argumentando que no estaba probada la participación de los imputados.
De la lectura de las cuatro resoluciones, hay elementos claros de cómo será el derrotero del caso Frei de ahora en adelante: Rodríguez Espoz, quien cuando era ministro de la Corte de Apelaciones redactó el primer fallo de desafuero contra Augusto Pinochet, le “recomendó a Madrid en una prevención del fallo “que oriente también el curso de las pesquisas hacia la comprobación de una eventual asociación ilícita para la perpetración del delito contra la vida de que se trata”.
En el razonamiento de cualquier juez del antiguo sistema a cargo de un caso, la frase es un aliciente para seguir buscando la verdad procesal, máxime si el delito ya estaba mencionado por la querella de la familia Frei presentada el 2002 y en el alegato que hizo la abogada Luppy Aguirre la semana pasada.
Y en el dictamen queda claro este apoyo, por ejemplo, con la revocatoria dictada en contra del doctor Silva:
“Que ante la advertencia sobre la inoculación de sustancias tóxicas al paciente, que la posterior investigación permitió determinar como talio y mostaza sulfúrica, no dispuso ninguna medida eficaz para constatar o descartar la presencia de químicos en el cuerpo del enfermo, a pesar del progresivo deterioro que presentaba”, señala uno de los considerandos de la resolución.
Pozo sin fondo
Lo que viene ahora en el caso es como un pozo sin fondo. Nadie sabe dónde puede terminar. Por ejemplo, ahora está clarísimo que los patólogos de la UC, Helmar Rosenberg y Sergio González, no presentarán amparos, ya que el sentido común indica que la justicia les mantendría los cargos. Por ahora, tampoco los otros cuatro procesados recurrirán de “revocatoria del auto de procesamiento”, ya que si bien es una instancia distinta al amparo, el criterio de la Suprema sentó las bases de análisis para los ministros de la Corte de Apelaciones.
Madrid, en tanto, tiene el “sartén por el mango”. Y es altamente probable que procese, una vez que se resuelva el recurso de inhabilidad que se ventila en el tribunal de alzada capitalino, al ex ministro del gobierno de Aylwin, Patricio Rojas. Este último aparece en la causa como el responsable de la autopsia sin la autorización de la familia Frei y ha entrado en contradicciones con los facultativos de la UC.
El magistrado no sólo tiene a su cargo el caso Frei, sino también la causa por el homicidio del químico de la DINA Eugenio Berríos; el homicidio del ex agente DINA Manuel Leyton; el homicidio del ex diplomático español Carmelo Soria y el envenenamiento de cuatro miristas en la ex Cárcel Pública ocurrido el 7 de diciembre de 1981, precisamente el día en que dictó los procesamientos del caso Frei. Es en esta última arista donde Madrid tiene elementos para seguir adelante con su teoría procesal de cómo sucedieron los hechos.
Los cuatro “subversivos” fueron infectados con toxina botulínica producida en el laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército, que por los años 80 se ubicaba en Carmen 339, actual sede del Archivo Judicial.
El vínculo que Madrid tiene claro a este respecto, es que Silva Garín aparece vinculado en términos profesionales y de amistad con el jefe de ese recinto secreto, el general (R) Eduardo Arriagada Rehren.
De allí que el destino del caso Frei es auspicioso para los querellantes y, a medida que se vayan conociendo detalles ulteriores del proceso, relevante para reconstruir la historia reciente de Chile.
