Una de las indagatorias podría salpicar a la directora de la Oficina Nacional de Emergencia, Carmen Fernández, por la demora en la entrega de ayuda y la descoordinación con la Marina para el aviso de tsunami. El tema podría derivar no sólo en irregularidades administrativas, sino en eventuales denuncias ante el Ministerio Público, debido a que detrás de las autorizaciones que se otorgaron en municipios como Santiago y Ñuñoa bien podrían existir actos de corrupción pública y privada.
La Contraloría evalúa iniciar investigaciones tanto en la Oficina Nacional de Emergencia, como en la municipalidades cuyas direcciones de obras aprobaron los proyectos inmobiliarios –tanto en Santiago como en regiones- que se vinieron al suelo o están a punto de derrumbarse o tienen graves fallas estructurales.
El jefe máximo del organismo, Ramiro Mendoza, se encuentra definiendo los criterios con los cuales se llevarán adelante estas revisiones y control de los procedimientos que en cada caso implicaron, respectivamente, problemas en la distribución de ayuda, falta de coordinación con la Marina para avisar oportunamente la ocurrencia de tsunamis, como para las autorizaciones de edificios que demostraron graves falencias después del terremoto que asoló desde Santiago a la Octava Región.
La determinación, si bien está siendo evaluada, tiene una altísima probabilidad de llevarse a cabo, aunque se realizará cuando baje un poco la presión y se normalicen los servicios. En otras palabras, después que el nuevo gobierno de Sebastián Piñera asuma en pleno sus funciones el próximo 11 de marzo.
Hasta ahora en Santiago han presentado problemas edificios en las comunas de Santiago, Ñuñoa y Maipú.
En el caso de la Región Metropolitana afectará a las administraciones municipales de Pedro Sabat en Ñuñoa –quien ya ha sido cuestionado duramente por la Contraloría- Raúl Alcaíno de Santiago y Alberto Undurraga de Maipú.
El remezón
La crisis y la descoordinación entre el gobierno y los militares -que han aseguran haber estado operativos a solo horas del terremoto-, la Marina y la Onemi, así como las fallas de las direcciones regionales de obras le depara un duro trabajo a la Contraloría, pero necesario para establecer las responsabilidades dentro del marco de la legislación administrativa.
Al mismo tiempo, es un tirón de orejas a los contralores anteriores -Gustavo Sciolla, Arturo Aylwin- debido a la falta de control hacia las municipalidades, donde se dio el visto bueno para obras que hoy presentan problemas. De todas estas últimas, Maipú es un caso emblemático.
Además las indagatorias podrían revelar actos de corrupción en las municipalidades mencionadas, tanto de funcionarios públicos como de los privados para obtener aprobaciones rápidas y sin mucha fiscalización de los edificios que ahora presentan problemas.
De establecerse lo anterior, podrían incluso presentarse denuncias criminales ante el Ministerio Público. En otras palabras, se trata de una mega-investigación que podría destapar también responsabilidades en Concepción, cuya alcaldía está bajo la administración de la UDI Jacqueline Van Rysselberghe, donde se cayó un edificio completo y murieron varias personas, como también otros que aún estaban vendiéndose que presentaron graves fallas en su estructura.
Lo que viene en materia de investigaciones puede marcar un antes y un después en materia de control sobre la calidad de las construcciones, como también de las responsabilidades que podría tener, por ejemplo, la directora de la Onemi, Carmen Fernández, y otros funcionarios en el marco de los retrasos en la entrega de ayuda y los avisos de Tsunami.
Uno de los ejemplos más recientes lo constituyó la indagatoria que realizó la Contraloría a la construcción del Centro de Justicia, conocido también como el “mall del crimen”, donde funciona la fiscalía y la defensoría y los tribunales de garantía y orales.
En noviembre pasado, el organismo fiscalizador determinó las fallas en distintos aspectos de la construcción, inició una indagatoria y pidió al MOP que aplicara las sanciones a las empresas contratistas.
