También afirmaron que una huelga de hambre «es una protesta pacífica a la que han recurrido muchas personas a lo largo de la historia de la humanidad. Éticamente se debe respetar este derecho».
La aplicación de la ley antiterrorista, el procesamiento simultáneo por la vía civil y militar, y el agravamiento de las penas en las causas contra los comuneros mapuches son «rezagos de la dictadura», denunciaron este jueves sus abogados.
«Los comuneros se convierten en parias de la sociedad que tienen que cumplir penas desproporcionadas y además pierden una serie de derechos ciudadanos», dijeron en entrevista con la agencia EFE los abogados Pablo Gómez y Karina Riquelme, quienes defienden a presos mapuches que mantienen una huelga de hambre en la cárcel de Temuco.
El ayuno, iniciado el pasado 12 de julio por 20 veinte reclusos a los que se han ido sumando otros 14, fue adoptado por los comuneros en protesta por la persecución de la que dicen ser objeto por parte de la policía y la fiscalía.
La medida ha sido criticada por el presidente de la República, Sebastián Piñera, quien la considera impropia de un sistema democrático y ha enviado al Parlamento dos proyectos de ley para reformar la actual normativa antiterrorista y limitar el ámbito de aplicación de la justicia militar.
«La huelga de hambre es una protesta pacífica a la que han recurrido muchas personas a lo largo de la historia de la humanidad. Éticamente se debe respetar este derecho», replicaron los abogados de los mapuches, quienes denunciaron autoritarismo y hostigamiento en contra sus defendidos.
«Las irregularidades son muy variadas, pero las más groseras tienen que ver con el tipo de legislación que invoca el ministerio público para realizar las investigaciones», manifestó el abogado Gómez.
La fiscalía apela a la ley antiterrorista, una legislación aprobada durante la dictadura (1973-1990) y que luego fue reformada durante los Gobiernos de la Concertación (1990-2010), «pero con modificaciones que le restaron facultades a los tribunales y quitaron los pocos controles que había», según los abogados.
«El ministerio público -argumentan- puede aplicar la legislación antiterrorista por iniciativa propia. De esa forma se cierra automáticamente una serie de derechos procesales y se establece una investigación que puede mantenerse en secreto durante muchos meses».
Como consecuencia de ello, casi sistemáticamente se aplica la prisión preventiva, de manera que los acusados pueden permanecer hasta dos años en prisión esperando la celebración de un juicio en el que muchas veces son absueltos, aseguraron.
«Se ha dado el caso de comuneros mapuches que han sido acusados y han estado en prisión hasta en quince ocasiones diferentes y luego han sido declarados inocentes», dijo Fernando Lira, presidente de Agrupación Liberar, una organización no gubernamental de defensa de los derechos de los indígenas.
Para estas situaciones, el Estado no prevé ningún tipo de compensación. Para reclamarla hay que interponer un juicio largo y costoso, señaló Gómez, quien recuerda que en Chile no existe un «Ombudsman» o Defensor del Pueblo que canalice estos requerimientos.
«Los comuneros mapuches carecen de un medio eficaz para reclamar por las imputaciones falsas o indebidas», a pesar de lo establecido en la Convención Interamericana de los Derechos del Hombre.
Uno de los aspectos más polémicos de la ley antiterrorista es la figura de los «testigos secretos», personas a las que «se les pagan fuertes sumas de dinero» y a cuyo testimonio no tiene acceso la defensa.
Además, cuando a un comunero mapuche le aplican la ley antiterrorista, «los delitos de los que se le acusa suben en dos o tres grados la pena», agregó Gómez.
«Y en muchos casos, los mismos hechos que son juzgados por la legislación antiterrorista son llevados a los tribunales militares, que después de la dictadura han mantenido su competencia sobre los civiles».
De los 34 mapuches en huelga de hambre recluidos en la cárceles de Temuco, Concepción, Lemu, Angol y Cholchol ninguno ha sido condenado hasta ahora «y algunos llevan hasta 17 meses en prisión preventiva», explicó la abogada Karina Riquelme.
Los abogados defensores afirman que los fiscales que persisten en sus acusaciones contra los mapuches ascienden más rápidamente en sus carreras y los policías reciben estímulos económicos.
También denunciaron «hostigamiento» por parte de los fiscales del ministerio público mediante diversas acciones como intervenciones telefónicas, seguimientos de la policía, citaciones como testigos o amenazas verbales.
«Estos procedimientos no se ajustan al principio de legalidad en un Estado de Derecho», dijo Lira, quien anunció que recurrirán a las instancias legales que sean necesarias para la protección de los profesionales.
Con respecto a los dos proyectos que el presidente Piñera ha enviado al Parlamento para reformar la legislación, Gómez afirmó que «sin duda tiene aspectos positivos».
«Pero es preocupante que se hayan hecho sin la participación efectiva solicitada por los comuneros mapuches», añadió.
«Confiamos en que más que por el uso de la fuerza, la solución venga por el entendimiento y que el Parlamento adecúe la legislación antiterrorista a estándares democráticos. En ese sentido podría haber una solución», concluyeron.
