A seis meses de la llegada de la derecha al gobierno, la institucionalidad sigue sufriendo las consecuencias del cambio de color político: se ha despedido al 53% de los altos directivos de primera jerarquía, por falta de confianza política; el 38% de los concursos han sido ganados por personas designadas a dedo como provisorias; y los altos directivos que fueron removidos, aún no reciben su indemnización.
Juan Antonio Peribonio fue concejal RN, de la comuna de Las Condes durante dos periodos y fue designado director suplente del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en junio de este año, por el Ministro de Economía –Juan Andrés Fontaine. Pero tras concursar a través del Sistema de la Alta Dirección Pública (SADP) logró obtener el cargo definitivo en septiembre y pasó a formar parte del 38% de altos directivos públicos que ocupaban el cargo –designado dedocráticamente – al momento de ganar el concurso.
Las designaciones a dedo, donde se elige a una persona como suplente y luego esta gana el concurso, han ocurrido hasta el momento, en los servicios asociados a los Ministerios de Economía, Educación, Planificación, Obras Públicas, Salud, Agricultura y Energía. Pero previo a estas designaciones parciales, están los despidos, donde al 21 de septiembre –tras 6 meses de gobierno – las desvinculaciones no voluntarias de Altos Directivos Públicos, alcanza a un 53% de los cargos de primera jerarquía y a un 18% de los de segunda.
Esto sucede en un sistema que fue creado el 2003, tras un acuerdo entre Alianza y Concertación, que pretendía limitar la discrecionalidad de la autoridad en la provisión de cargos directivos. Pero que hoy, más de la mitad de los cargos de primera jerarquía hayan sido desvinculados, es preocupante y no sólo porque los que han ocupado el lugar vacante, como provisorios, han sido responsables de un 38% de los despidos de Altos Directivos, sino que porque pone en tela de juicio dos cosas: la capacidad del Consejo de Alta Dirección Pública de designar a los mejores profesionales y la del gobierno a trabajar con personas de diferente color político.
Desde que asumió el nuevo gobierno han finalizado 76 concursos, de estos, seis se han declarado desiertos –cuatro de estos, de servicios del Ministerio de Salud –, 50 han finalizado en nombramientos –de los cuales 19 desempeñaban el cargo al momento de ganar el concurso – y aún quedan 20 cargos ya concursados, que deben ser elegidos por la autoridad pertinente, dependiendo del Ministerio al que está adscrito el servicio en cuestión.
A pesar de que el 38% de altos directivos que ocupaban el cargo al momento de ganar el concurso, se asemeja al 39% que se observó en el primer periodo del sistema –desde que se creó el 2003, hasta marzo de este año –, es importante destacar el hecho de que lo que se hizo en 7 años, el presidente Piñera lo hizo en seis meses y que por otro lado, aún quedan 20 cargos ya concursados en espera de nombramiento y son 124 concursos los que se han publicado desde marzo de este año, por lo que la cifra podría seguir aumentando.
Hoy, la atención se torna hacia quienes tienen el cargo como provisional transitorio y que al mismo tiempo están participando del concurso, como es el caso de Jacqueline Plass, directora provisional del Sernatur y responsable de la desvinculación de 12 de los 14 directores regionales de turismo. A la vez, otro cargo que está en la mira es el que ocupa provisionalmente Ximena Ossandón, vice presidenta de la Junji, pero no porque ella pueda ganar el concurso, sino porque no alcanzó a postular y hay quienes creen que se podría declarar desierto, para darle una nueva oportunidad de concursar a Ossandón. Rafael Blanco, Consejero de la Alta Dirección Pública, afirmó en una entrevista con El Mostrador, que el hecho de que la persona nombrada no esté ocupando el cargo “genera la garantía de que hay competencia e igualdad de oportunidades”. Pero hoy, esta garantía se ve amenazada.
Por ley, las autoridades pueden remover a los altos directivos por razones de confianza política y lo han hecho, colocando en su lugar a personas más afines al gobierno o al mundo empresarial, porque de los designados por el gobierno de Sebastián Piñera, un 30% proviene del mundo privado, a diferencia del gobierno anterior donde sólo hubo un 15% de este sector en el 2009.
Frente a la fragilidad de estos cargos –que pueden ser removidos en cualquier momento– se creó el Convenio de Desempeño Directivo, al cual están adscritos todos los altos funcionarios públicos y que pretende funcionar como una herramienta para justificar la salida de funcionarios mal evaluados o por el contrario, para que el funcionario pueda demostrar que estaba haciendo bien su trabajo y que se le desvinculó sólo por razones políticas.
13 de los 15 directores regionales del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), fueron removidos de sus cargos con la llegada del nuevo gobierno. La ministra de vivienda y urbanismo, Magdalena Matte, es la responsable de esto, por ser quien solicita la renuncia de estos cargos de primera jerarquía, que representan un 26% del total de los despidos. Hoy, los 13 ex directores regionales del Serviu, alegan que fueron razones políticas lo que los alejó de sus cargos y que al desvincularlos no se tomó en cuenta el Convenio de Desempeño Directivo, que medía su calidad profesional y no su color político.
Guillermo Guzmán es ex director regional del Serviu de O´Higgins y fue seleccionado por el sistema de alta dirección pública, al ganar un concurso en el que participaron alrededor de 150 postulantes. Llevaba un año y siete meses en el cargo, cuando el primero de abril de este año, le solicitaron su renuncia. Guzmán, como todo alto funcionario, estaba adscrito al Convenio de Desempeño Directivo (CDD) y hoy afirma con resignación: “Al momento de solicitarse mi renuncia, mi CDC estaba cumplido en un 103,5%, es decir, había superado la meta del 100% de mi convenio… Está claro que no existían razones técnicas ni de cumplimiento de metas al solicitar mi renuncia”.
El caso del ex director del Serviu de Valparaíso, Carlos Contador, refleja a la mayoría de los ex directores del Serviu. Contador ganó el concurso del SADP, cumplió con el 100% del Convenio de Desempeño Directivo y aún así, se le solicitó su renuncia no voluntaria “porque necesitaban el cargo”, como afirma Contador –el cargo fue ocupado por María F. Cruz, quien está concursando para obtenerlo definitivamente. Pero al igual que muchos altos funcionarios públicos, el tema del despido ya pasó a segundo plano y hoy lo que le preocupa es su indemnización, por que a 5 meses de haber dejado el cargo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, aún no les ha informado cuándo recibirán su indemnización, ni cuánto será el monto final.
El problema es que para algunos altos directivos públicos, al momento de aceptar el cargo regía el dictamen N° 56.817 de Contraloría, el cual expresaba que: “Se tendrá derecho a gozar de una indemnización equivalente al total de las remuneraciones devengadas en el último mes, por cada año de servicio en la institución, con un máximo de seis”, de esta forma el funcionario recibía una indemnización contemplando el tiempo que llevaba en la institución y no desde que asumió como alto funcionario público. Pero en junio de este año, la Contraloría cambió de parecer y en un nuevo dictamen (el N° 34.824), explica que la indemnización será contemplada “en la medida que se hayan desempeñado en calidad de altos directivos públicos a lo menos por un año en la respectiva entidad”.
[cita]Guillermo Guzmán, ex director Serviu O´Higgins: “Al momento de solicitarse mi renuncia, mi Convenio de Desempeño Colectivo estaba cumplido en un 103,5%, es decir, había superado la meta del 100% de mi convenio… Esta claro que no existían razones técnicas ni de cumplimiento de metas al solicitar mi renuncia”.[/cita]
Los 13 ex directores regionales del Serviu, enviaron una carta al Ministerio de Vivienda, solicitando algún pronunciamiento sobre el tema de indemnización, alegando que “es un derecho que no ha sido pagado, ni se nos ha ofrecido explicación alguna respecto a la demora en el pago, a pesar de haber hecho múltiples requerimientos ante distintas instancias administrativas del Ministerio”, como dice la carta. El Mostrador se contactó con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y frente a la demora de alrededor de 5 meses en el pago de la indemnización, el Ministerio dijo que “la razón fundamental radica en garantizar un pago correcto de dichas indemnizaciones”, puesto que le solicitaron a la Contraloría General de la República que se pronuncie respecto de esta materia el 29 de abril de este año, para poder determinar el monto a pagar “dado que existen ex Directivos que desempeñaron otras funciones en algunos de los organismos dependientes del Sector Vivienda, antes de ser nombrados como Altos Directivos Públicos. Surge por tanto la duda razonable respecto a si debe tomarse en consideración el total del tiempo servido en el sector o sólo el periodo en que estuvo designado como alto directivo”, afirma el MINVU. A la vez, el Ministerio agrega que aquellos que no provenían de otros organismos MINVU, ya se les ha informado el monto de sus indemnizaciones.
La Contraloría se deberá referir al tema y determinar si en casos como el de Guillermo Guzmán, ex director del Serviu de O´Higgins, se considerará para la indemnización sólo el año y siete meses que estuvo como alto directivo –entregando alrededor de $4 millones – o se incluirán los 12 años de trabajo en el MINVU de Guzmán –frente a lo cual le correspondería recibir la indemnización máxima de $26 millones. Pero en caso de que la Contraloría decida mantener la postura del último dictamen –que sólo indemniza el tiempo ejercido en el cargo de alto directivo – Carlos Contador, ex director del Serviu de Valparaíso, afirma que: “Vamos a iniciar acciones legales de todas maneras, por que no se ajusta a derecho… El cambio en la Contraloría es perjudicial”.
Pero los ex directores regionales del Sernatur no han tenido mejor suerte. Un grupo de seis ex directores regionales de turismo, representados por el abogado Sebastián Iglesias, se encuentran en la misma situación, porque ni siquiera han sido informados del monto de indemnización que recibirán o las razones de la demora. El abogado Iglesias, fue miembro del comité de selección de la alta dirección pública, que concluyó con la designación de directores regionales y subdirectores del Sernatur entre el 2008 y el 2009, donde en entrevista con El Mostrador, afirmó que hubo ex directivos que le dijeron “me estafaste”, tras ser removidos por razones políticas. Pero más allá de los despidos, Iglesias afirma que cuando él designó los cargos existía la garantía de que “si eran despedidos por razones políticas, tenían el seguro de la indemnización… Pero hoy eso no se ha respetado”. A la vez, el abogado afirma que en caso de no respetarse la antigüedad en la institución para calcular el monto de indemnización, en los casos que corresponde, presentará un recurso de protección “porque fueron despedidos con anterioridad al nuevo dictamen de Contraloría”.
El grupo de seis ex directores regionales, representados por Sebastián Iglesias, no es el único en el Sernatur, porque Iglesias asegura que existe otro grupo de seis ex altos directivos que está en la misma lucha. Acudimos al Sernatur, organismo dependiente del Ministerio del Economía, preguntando sobre las indemnizaciones de estos Altos Directivos Públicos, pero no hubo respuesta sobre el monto, el pago o la demora de las indemnizaciones.
Hoy el Sernatur está en la mira del abogado Iglesias, pero no sólo por el tema de las indemnizaciones, sino que por el concurso del SADP que aún no finaliza para el cargo de directora nacional y es ocupado provisional y transitoriamente por Jacqueline Plass, quien está concursando para obtener el cargo definitivo. En caso de que Plass ganara el concurso, Iglesias afirma que: “Le voy a pedir al Consejo de la Transparencia los antecedentes de la evaluación del ganador… porque es impresentable que haya secretismo”. De esta manera queda en evidencia, la pérdida de credibilidad que ha sufrido el Sistema de la Alta Dirección Pública, en sus designaciones –donde un 38% ocupaba el cargo provisoriamente al ganar el concurso –, en sus desvinculaciones –donde el Convenio de Desempeño Directivo no ha sido tomado en cuenta al desvincular al 53% de los cargos de primera jerarquía – y en la tardanza sobre el establecimiento del monto de indemnización y su pago.
