La legisladora dijo que el gobierno no sólo está incumpliendo una promesa hecha a los consumidores, sino que vulnerando los derechos de las personas.
La senadora socialista, Isabel Allende, presentó un proyecto que busca prohibir a los bancos, instituciones financieras o comerciales que obliguen a los consumidores a contratar productos o servicios adicionales, esperando que el gobierno respalde esta moción y le ponga urgencia.
Durante la semana se abrió una fuerte polémica por la decisión de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), de aceptar las denominadas “ventas atadas» de productos asociados al contrato de créditos, contraviniendo así los anuncios formulados en septiembre por las propias autoridades de gobierno para proteger a los consumidores en sus contratos financieros.
“El gobierno no solo está incumpliendo con una gran promesa para los consumidores, sino que también está vulnerando los derechos de las personas. Por eso, hemos presentado este proyecto para terminar con este tipo de prácticas abusivas que obligan a los consumidores a contratar productos adicionales como requisito para acceder a contratar un bien o servicio determinado”, indicó.
La legisladora opositora detalló que la iniciativa plantea que “el proveedor bajo ningún aspecto podrá condicionar el contrato de un bien o servicio determinado, con la compra o adquisición a título oneroso, de otro bien o servicio, sin importar la naturaleza que éste tenga”.
Explicó que la masificación de productos comerciales, bancarios o financieros como tarjetas de crédito, cuentas corrientes y líneas de crédito, ha producido como consecuencia que una serie de bancos, instituciones financieras o comerciales “realicen prácticas habituales que lesionan gravemente los derechos de los consumidores, quienes ante el desconocimiento de lo permitido o no por nuestra incipiente legislación en esta materia, optan por aceptar la obligatoriedad en la contratación de estos productos. Esta situación se encuentra absolutamente fuera de la órbita de atribuciones o facultades de bancos, instituciones financieras o comerciales, como parte contratante dentro de un contrato bilateral”.
La senadora presentó esta iniciativa con el convencimiento que “el consumidor no debe asumir el costo de mantener contratados dichos productos adicionales, como seguros, cuentas corrientes, líneas de crédito o tarjetas de crédito, en beneficio de la institución bancaria, financiera o comercial, las cuales se lucran con la venta agresiva de estos productos”.
Por ello, sostuvo que la actual legislación en materia de protección de los derechos del consumidor “debe seguir perfeccionándose, principalmente prohibiendo las prácticas abusivas que lesionen patrimonialmente a los consumidores y reforzando los derechos que asisten a éstos al momento de contratar un bien o servicio».
