Gobierno se cierra a nueva oferta y hace fracasar mesa de diálogo en Magallanes

Luego de tres horas y media de reunión entre dirigentes de la Asamblea Ciudadana de Magallanes, parlamentarios de la zona y personeros de gobierno, bajo la mediación del obispo Bernardo Bastres, para buscar una solución al conflicto que persiste en la región por el alza del gas anunciado por el Ejecutivo, nuevamente la mesa de diálogo no rindió frutos.

Según señala radio Polar, las partes se mostraron más flexibles a las negociaciones, pero de todas formas no se llegó a ningún acuerdo y los magallánicos continúan sin aceptar alzas de ningún tipo en sus cuentas de gas.

De esta forma, una vez más la Asamblea Ciudadana volvió a rechazar la propuesta del gobierno que cedió su posición y está dispuesto a aplicar un incremento de un 3% a contar del 1 de febrero, junto a conformar una mesa de trabajo para definir los detalles de un proyecto de ley que podría zanjar el problema.

La posición del gobierno muestra la flexibilidad que ha tenido, ya que su primera posición era el aumento de un 16% en el valor del gas.

La misma emisora da cuenta que el vocero de la Asamblea, Marcelino Aguayo, precisó que el paro de actividades sigue su curso, pero que se han flexibilizado algunas medidas de presión para permitir que algunas situaciones se descompriman. Sin embargo, anunció que las medidas se endurecerán si el gobierno no entrega una respuesta rápida a sus demandas.

El senador por la región, Carlos Bianchi, dijo que es lamentable que se esté llegando a “una situación sin salida, con ausencia de autoridad», fustigando la posición del nuevo ministro de Energía, Laurence Golborne, de desechar la posibilidad de viajar a la zona para conversar si es que no se deponía el paro como primer requisito.

A su vez, la diputada DC Carolina Goic criticó la actitud del Ejecutivo y afirmó que «nosotros hemos tratado de suplir lo que el Gobierno no ha hecho. En otros temas hemos visto cómo los ministros corren, pero ahora a Magallanes no quieren venir, como tampoco el Presidente Piñera que fue quien se comprometió a no subirles el gas a los magallánicos».

Piñera no cede

El obispo Bastres conversó con el Presidente Sebastián Piñera para preguntarle si estaba dispuesto a una flexibilización aún mayor a la oferta propuesta anteriormente.

Sin embargo, el mandatario no quiso dar un paso atrás y mantuvo la postura de La Moneda de un 3% como incremento.

Otro de los que tomó contacto con Piñera, Bastres, el subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, parlamentarios de la zona y otros cercanos al problema fue Golborne, cuyo objetivo era el de comenzar a hacerse cargo del tema y tener las primeras aproximaciones al escenario que enfrenta tras el paro.

Asamblea dividida

A pesar que la Asamblea Ciudadana de Magallanes desarrolla el paro en rechazo al alza del gas impulsada por el gobierno, ya comienza a sentirse la pérdida de fuerza debido a que se han producido divisiones al interior del organismo.

Un sector pretende continuar con el paro indefinido, mientras que otro acepta la nueva propuesta del gobierno de un aumento de un 3%.

De esta forma, los alcaldes de Punta Arenas y Porvenir, la Confederación de la Producción y el Comercio y la Agrupación Gremial de Industriales y Artesanos están por aceptar el 3% planteado por el Ejecutivo, mientras que los gremios de la locomoción colectiva, camioneros y taxis colectivos buscan mantener las manifestaciones.

Estos últimos son los que mantienen los bloqueos de caminos de distintos puntos de Punta Arenas y de la región.

Ubilla culpa a una minoría

En tanto, el subsecretario Ubilla culpó del paro de actividades a una minoría de la ciudadanía que “están haciendo un daño a la región” y que perjudican la “imagen tranquila que se tiene de la zona”.

En ese sentido llamó a la comprensión y al diálogo, haciendo hincapié en que la propuesta emanó de La Moneda y que contempla en el corto plazo la reducción de la anunciada alza del precio del gas a un incremento de un 3%.

En el largo plazo, Ubilla dijo que se espera impulsar un proyecto de ley que sea consensuado con la población y las autoridades para la reajustabilidad del precio del gas.