El Consejo de Defensa del Estado (CDE) resolvió solicitar el nombramiento de un ministro en visita para que investigue el presunto delito de fraude al fisco al interior del Comando de Aviación del Ejército (CAE) para sacarlo así de la jurisdicción de la justicia militar. Estas y otras eventuales irregularidades fueron denunciadas por dos oficiales del Ejército cuando el subsecretario de Defensa Óscar Izurieta era comandante en jefe del Ejército. Las denuncias fueron desoídas y uno de los oficiales fue sancionado.
La decisión de pedir un ministro en visita para que investigue millonarios contratos del Comando de Aviación del Ejército (CAE) fue adoptada la semana pasada por el Consejo de Defensa del Estado. El objetivo: que la justicia criminal ordinaria se haga cargo del caso, relativo a contratos de mantenimiento de aeronaves de la Brigada Aérea del Ejército (BAVE) en Rancagua, que hasta ahora está en manos de la justicia militar.
La historia se hizo pública en 2009 cuando el actual coronel (R) Alejandro Mecklemburg, denunció anomalías en la compra de helicópteros por parte del Ejército, como también de los contratos de repuestos y mantenimiento de aeronaves del CAE. El hecho fue investigado entonces por el ministro de la Corte de Santiago, Manuel Valderrama, como una de las tantas aristas del llamado caso Riggs.
Con el paso de los meses y luego de varios interrogatorios a una serie de testigos, informes de la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI acusaron anomalías, pero Valderrama se declaró incompetente y envió la causa al fuero castrense de la Sexta Región.
Según averiguó El Mostrador, para el CDE la tramitación que le dio la fiscalía militar de Rancagua al caso, no ha sido de las mejores. Por esta razón el abogado procurador fiscal del organismo, es decir el jefe regional viajó a Santiago con un escrito ya redactado, al cual se le hicieron algunas correcciones para ser presentado. Hasta el cierre de esta edición el tribunal de alzada rancagüino no había resuelto.
Alejandro Mecklenburg, el oficial en retiro que aparece detrás de la declaración que abrió la caja de pandora sobre una posible malversación de caudales públicos y eventual fraude al fisco al interior del Comando de Aviación del Ejército (CAE), era piloto de helicópteros del Ejército y poseía una hoja de vida intachable.
[cita]Según averiguó El Mostrador, para el CDE la tramitación que le dio la fiscalía militar de Rancagua al caso, no ha sido de las mejores.[/cita]
En 2009, después de pasar a retiro, decidió prestar testimonio en un cuaderno secreto ante el ministro Valderrama, a quien le entregó un detallado análisis de cinco órdenes de compra (130, 132, 134, y 200 y 2001) de 2007 por un total de US$ 760.254, las que fueron incautadas por el magistrado en una diligencia hecha en la Brigada de Aviación del Ejército.
En sus declaraciones, Mecklenburg describió la fórmula legal y administrativa que se utilizaba para las adquisiciones de repuestos y mantención, señalando la existencia de anomalías en el uso de los fondos entregados por la Ley del Cobre, que alcanzarían a unos US$ 3 millones entre 2005 a 2007, según publicó entonces La Tercera.
De acuerdo a fuentes que conocieron el testimonio de Mecklenburg, este último habría imputado el total conocimiento de la práctica al general Jorge Gualda Salinas, director de la Brigada Aérea del Ejército, quien fue pasado a retiro por el general Óscar Izurieta en 2007.
Varios meses antes de su decisión de sacar a Gualda, el entonces comandante en jefe del Ejército y actual subsecretario de Defensa recibió una serie de reportes de manos de otro oficial de la Brigada Aérea del Ejército, el mayor Carlos Díaz Kastowsky, que denunciaba irregularidades en la compra de helicópteros por más de US$ 170 millones.
La cantidad de documentos y el detalle de los informes del mayor Díaz –quien había sido uno de los oficiales evaluadores del proceso de adquisición- hizo que Izurieta suspendiera la compra de las aeronaves ofrecidas por Eurocopter (a través de CYM, empresa de un ex oficial y primo de dos generales (R) del Ejército) y pasara a retiro al general Gualda. Al mismo tiempo, el mayor Díaz fue ascendido.
Sin embargo, lo que parecía el cierre exitoso de un caso con tintes de escándalo, abrió un nuevo capítulo cuando la institución castrense, al mando de Izurieta, concretó la adquisición de otra versión de los mismos helicópteros, a través del mismo intermediario, y el oficial Díaz fue sancionado por –supuestamente- haber hablado con este medio en dos reportajes que contaban la situación (Volando bajo I y II). En tanto, Gualda ya retirado fue contratado por el Ejército como asesor civil del área de Bienestar de la institución.
En reemplazo de Gualda como jefe de la Brigada Aérea del Ejército, asumió el general Antonio Yakcich Furche, a quien el oficial (R) Alejandro Mecklenburg le habría entregado todos los antecedentes que relató al ministro Valderrama, sin que Yakcich hiciera nada.
