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Las irregularidades de la administración Martínez en los inmuebles de la CUT

Felipe Saleh
Por : Felipe Saleh Periodista El Mostrador
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Más de mil millones de pesos se entregaron a la organización por concepto de bienes confiscados a partir de 2000. En principio, las cuentas fueron alegres y el dinero serviría para dotar de infraestructura a la organización. Pero transcurridos siete años, algunas reparticiones como la sede de Puerto Montt y un local de Santiago que iba a ser Escuela Sindical, están abandonadas y arrastran problemas financieros.


La semana pasada Arturo Martínez, ex presidente de la CUT, estuvo en Puerto Montt. En esa ciudad, la multisindical, se encuentra en un problema literalmente doméstico. El 30 de mayo último, venció el comodato mediante el cual el Ministerio de Bienes Nacionales había cedido a la organización una sede para que funcionara en la zona.

Ahora, los representantes de la Central pueden ser desalojados en cualquier momento. Por eso, las gestiones de Martínez, según testigos de las tratativas, apuntaron a convencer al CORE de la zona para que apoyaran con recursos la construcción de la sede a medio edificar en calle Vial 796, de Puerto Montt.

Dinero fresco

Pero las cosas no siempre fueron tan difíciles. Entre noviembre de 2001 y enero de 2003, la CUT recibió siete pagarés desde el Ministerio de Hacienda, que totalizaron $1.379.323.703 . Este dinero llegó a la organización que preside Martínez como indemnización por los bienes que le fueron confiscados por el Estado durante la dictadura de Pinochet, lo que significó la llegada de importantes recursos a las arcas de la multisindical. Paralelamente, la directiva de Martínez decidió vender estos pagarés a un factoring para poder obtener el dinero fresco y no esperar los plazos que estaban estipulados en el acuerdo de devolución.

Gran parte de este dinero, según un documento al que tuvo acceso El Mostrador, se ocupó para adquirir nuevas propiedades, refaccionar otras o construir algunas a  lo largo del país, como es el caso de Puerto Montt. En efecto, la CUT recibió el 15 de enero de 2003 un pagaré por $817.218.997 – el más cuantioso de todos-, como indemnización por el inmueble que ocupaba en calle Serena 180, una vieja casona  en el centro de Puerto Montt y que se incendió el año pasado, lo que dio lugar al comodato con Bienes Nacionales.

Considerando el mal estado del edificio, el 12 de diciembre de 2003 la CUT firmó un contrato con la constructora Tecnomuro para levantar otra sede de concreto en la calle Vial. La inversión total prevista era de $249.832.408 y como avance se entregaron $171.509.948. En este sentido es preciso aclarar que el contrato fue suscrito en representación de la CUT por Arturo Martínez y Guillermo Salinas. “Nosotros no teníamos ningún poder de decisión y aparte de un capataz y un nochero jamás hubo otro trabajador de la constructora”, afirma un dirigente de la CUT provincial de Puerto Montt.

[cita]La CUT fue el primer cliente de la constructora SOGESE. En el desglose, aparece que las tres primeras facturas de la empresa fueron emitidas para estos pagos detallados anteriormente. Esto hizo sospechar a algunos detractores de Martínez al interior de la central de que la constructora era una pantalla, considerando que las obras en la casa de Santa Mónica están paralizadas hace más de cinco años.[/cita]

De la sede se alcanzaron a levantar los muros de concreto y luego quedó abandonada. Tecnomuro, la constructora, con domicilio en Radal 192 Estación Central en Santiago, se declaró en quiebra en 2005.

La escuela sindical de Santa Mónica

Por esa época Martínez, en representación de la CUT, pidió ayuda a SOGESE, otra constructora con la que según el desglose de cuentas disponible la organización firmó un contrato que totaliza  $89.162.916 para reconstruir y dejar operativa una escuela sindical en calle Santa Mónica 2015, en Santiago. Según el gerente de la empresa, Julio Marín, el pedido fue hacerse cargo de las obras en Puerto Montt. “Nos  pidieron ir a Puerto Montt a ver en qué estado estaban las obras y si podíamos hacernos cargo. Pero eso fue en el tiempo cuando las relaciones todavía estaban buenas”, cuenta Marín.

Porque a estas alturas las relaciones, según el ejecutivo, están cortadas. La administración de Martínez pagó los dos primeros cheques. El primero por $28.926.404 por el 30% del avance y otro documento por el 20% del avance igual a $19.284.269. El problema estuvo en el tercer cheque por la misma cifra, correspondiente al avance restante. Y aunque según se ve en el desglose al que tuvo acceso El Mostrador aparece pagado, según el gerente de la constructora, Julio Marín, ese cheque por poco más de 19 millones “salió  protestado el 23 de julio de 2004”.

La CUT fue el primer cliente de la constructora SOGESE. En el desglose, aparece que las tres primeras facturas de la empresa fueron emitidas para estos pagos detallados anteriormente. Esto hizo sospechar a algunos detractores de Martínez al interior de la central de que la constructora era una pantalla, considerando que las obras en la casa de Santa Mónica están paralizadas hace más de cinco años.

Intento de arreglo

Pero la verdad, según el gerente de la empresa, es que la llegada de la CUT presidida por Martínez,  fue una gran noticia para la constructora, que en ese tiempo estaba partiendo.  En virtud de esta buena relación se intentó llegar a un arreglo. Julio Marín les devolvió el cheque protestado: “Me lo pidieron para que les autorizaran a  sacar un talonario de cheques nuevo”, dice. Y días después le hicieron llegar dos cheques para documentar en el mismo número de cuotas, la deuda.

Sin embargo, la última noticia que Marín tuvo de Arturo Martínez fue a través de un delegado que ya en 2005 lo llama para informar  que “están pidiendo un préstamo al BancoEstado para cancelar la deuda”, dice Marín. Persiguiendo el pago el ejecutivo dice que “estuve esperando hasta tres horas a don Arturo Martínez sin que me recibiera”.

Para bien suyo, Sogese, consiguió otros clientes importantes, y a pesar de que la cifra es para nada despreciable, el gerente confiesa que “la dio por perdida”, esto pues un juicio es prácticamente inútil ya que el delito de giro doloso está prescrito. Por mientras, la casa de Santa Mónica 2015 aún no está operativa para el objetivo inicial que se planteó: usarla como escuela sindical.

Documento Casas CUT

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