El grupo de legisladores sostuvo que se podría interpretar que los desmanes tras la marcha del jueves “y su máxima visibilidad se agudizan e intencionan deliberadamente para abrir una puerta de escape” a la administración de Sebastián Piñera “frente a la abrumadora exigencia ciudadana de erradicar el lucro como propósito del quehacer educacional”.
Los diputados PPD Cristina Girardi, Enrique Accorsi y Rodrigo González, junto al independiente Sergio Aguiló, acusaron este viernes al gobierno de “explotar y exacerbar la violencia para radicalizar y debilitar el movimiento estudiantil y aislarlo de la comunidad”.
Tras destacar que la marcha de ayer del movimiento estudiantil y el profesorado «fue pacífica y con una gran participación de los más variados gremios, padres y apoderados y ciudadanía que, en una impresionante multitud, desfilaron alegremente, con numerosas y originales expresiones culturales”, los legisladores afirmaron que “el gobierno obstruyó desde el comienzo la manifestación, negando el permiso en el lugar solicitado, generando incertidumbre en los participantes y dificultando la convocatoria. Pero lo más grave fue la interrupción abrupta del acto, apenas comenzado, por lacrimógenas y chorros de agua contaminada lanzadas contra la numerosa concurrencia”.
Por esto el grupo responsabiliza “al gobierno de explotar y exacerbar la violencia para radicalizar y debilitar el movimiento estudiantil y aislarlo de la comunidad. La irrupción de la fuerza pública interrumpió el desarrollo normal del acto, provocando a los estudiantes, incentivando la rebeldía de los jóvenes y facilitando la acción violenta de encapuchados ante la inusitada rudeza de la represión”.
“A la luz de los hechos podría interpretarse que los actos de violencia y su máxima visibilidad se agudizan e intencionan deliberadamente para abrir una puerta de escape al Gobierno frente a la abrumadora exigencia ciudadana de erradicar el lucro como propósito del quehacer educacional, de restaurar el deber del estado con una educación de calidad y de admitir una efectiva participación de los actores educativos en la decisiones sobre la reforma de fondo que requiere nuestro sistema educacional”, argumentó el grupo de congresistas en una declaración.
Según los diputados, “a pesar de las declaraciones y de la apariencia de diálogo el gobierno no ha abierto la posibilidad efectiva de una negociación con los actores educacionales en una mesa resolutiva y abierta que busque una solución al conflicto”, plantearon, advirtiendo que el Ejecutivo “deberá responder si el año escolar resulta dañado y los jóvenes se ven afectados en sus estudios”.
