«Esperamos que ésta sea una señal muy clara para todas las personas, a lo largo del país, quienes estén trasgrediendo la ley en materia de aguas», dijo el secretario de Estado. Y anunció que se presentará un proyecto para dotar a la DGA de mayores atribuciones para fiscalizar y sancionar estas prácticas ilegales.
El ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, llegó hasta el sector de Cala Cala, en las cercanías de la planta de la empresa minera Cosayach, ubicada en la comuna de Pozo Almonte, para acompañar a las autoridades de la Fiscalía Regional en el proceso de cierre de los pozos de extracción ilegal de agua que mantenía la faena.
Hasta esta zona de la región de Tarapacá, llegaron las autoridades del Ministerio Público, de la Policía de Investigaciones y del Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Aguas (DGA), para cerrar e incautar las maquinarias destinadas a sacar el agua, en más de 20 pozos, para la operación minera del grupo Cosayach, de propiedad del empresario Francisco Javier Errázuriz.
«Esperamos que ésta sea una señal muy clara para todas las personas, a lo largo del país, quienes estén trasgrediendo la ley en materia de aguas. Este es un recurso escaso que debemos cuidar para beneficio de todos los chilenos, en particular aquí, en la Pampa del Tamarugal, donde tenemos acuíferos que no están siendo repuestos a la velocidad de la extracción de agua que se está produciendo», manifestó el secretario de Estado.
El ministro Golborne además anunció que se presentará un proyecto de ley para dotar a la DGA de mayores atribuciones para fiscalizar y sancionar estas prácticas ilegales lo que permitirá acelerar estos procesos.
Asimismo, indicó que solicitarán, a través de este proyecto, el aumento de las sanciones y penas para estas prácticas.
«Hoy la sanción por una captación ilegal de agua puede llegar a 400 mil pesos, lo cual pareciera una cifra bastante poco relevante en algunos casos, para la magnitud del agua que se está captando. Con la nueva normativa que vamos a proponer, esta cifra puede llegar a 200 millones de pesos en caso de reincidencia, aumentando también las penalidades en el caso de la tipificación penal de estos delitos», aseguró.
El operativo de esta jornada es producto de una extensa investigación que llevó a cabo la DGA para fiscalizar el mal uso del recurso hídrico por parte de la faena minera, y que surgió a raíz de diversas denuncias e inspecciones de la autoridad en terreno.
Producto de la detección de infracciones al código de aguas, la DGA puso los antecedentes a disposición de la justicia para concluir en las sanciones pertinentes, que hoy se materializan en este operativo de cierre y sellado de los pozos, entre otras diligencias.
