Dirigentes chilenos expresaron su pesar por la muerte del joven homosexual que luchaba por sobrevivir tras ser agredido a principios de mes por un grupo de neonazis.
Daniel Zamudio, el joven homosexual que luchaba por sobrevivir tras ser agredido a principios de mes por un grupo de neonazis, murió el martes, según los médicos.
Zamudio murió a las 19.45 horas en la Posta Central, el mayor hospital de urgencias de Santiago. Durante el período en que estuvo hospitalizado sufrió un paro respiratorio que debilitó su organismo y estuvo conectado a ventilación mecánica.
El Vicepresidente de la República, Rodrigo Hinzpeter, ha entregado sus condolencias a la familia en el hospital, según informa el diario chileno La Tercera. El suceso ha causado conmoción en Chile y muchos ciudadanos han expresado su condena al ataque.
A su vez, el Presidente Sebastián Piñera dijo en su cuenta de Twitter que «su muerte no quedará impune y refuerza el compromiso total del gobierno contra toda discriminación arbitraria y con un país más tolerante».
«No más odio»
Zamudio fue agredido el 6 de marzo. La policía detuvo a cuatro supuestos agresores, de los cuales dos tenían antecendentes por ataques realizados por grupos neonazis.
Como señaló el colaborador de BBC Mundo en Santiago, Rodrigo Bustamante, en ese momento el hecho despertó variadas reacciones e incluso trascendió las fronteras, al punto que el cantante puertorriqueño Ricky Martin a través de su cuenta en la red social Twitter escribió: «no más odio, no más discriminación. Espero que se haga justicia YA. Mucha luz para Daniel y toda su familia».
En el país el rechazo fue unánime, pero a la vez hizo que especialistas advirtieran sobre la necesidad de poner atención a estas agrupaciones que siguen tendencias neonazis y que tienen una importante presencia, según dijo a BBC Mundo el abogado y sociólogo experto en sectas Humberto Lagos.
La actual legislación en Chile establece que un ataque como el que sufrió el joven de 24 años es un delito común, pero esta situación podría cambiar si es que se aprueba la ley que se tramita en el Congreso, y que agrava las condenas cuando estos actos se cometen con vocación discriminatoria.