En una de las semanas más convulsionadas del año, hoy salen a movilizarse en una marcha convocada por la ACES. Han recibido apoyo de la ciudadanía, también críticas. Sin embargo, los escolares no sólo han encendido las mañanas con tomas, encadenamientos, desalojos y otra vez tomas. También han presentado propuestas sólidas y técnicas sobre la mesa. Aquí varios expertos las desmenuzan y analizan, y coinciden en que el gobierno debería abrir sus puertas para escucharlas antes de hacer un gallito político con los adolescentes.
Los secundarios volvieron a la carga con una imagen que se podría endurecer en las próximas semanas: tomas, desalojos y varias autoridades reclamando. “Creo que llegó el momento en que los jóvenes entiendan que hay otros caminos, la gente está cansada, está indignada, estos jóvenes no están representando a la opinión pública, a los padres», señaló el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett.
Sin embargo, los jóvenes han sistematizado no sólo sus reclamos, sino también opciones y alternativas para cambiar nuestro sistema educacional que es el que más segrega por clase social en el mundo.
El lunes, la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) publicó un compendio con demandas y propuestas con una síntesis de las transformaciones que piden para fortalecer la educación pública. “Es nuestra vía de solución para la problemática de la educación en Chile. No venimos como eruditos a mostrar el camino”, recalca Carlos Alarcón —encargado del equipo asesor técnico de la CONES y estudiante del Instituto Nacional—, quien ha trabajado con otros compañeros en el documento que aún está en etapa de socialización y luego del debate ciudadano, tendrá una versión definitiva la próxima semana. Esta será entregada al Mineduc, a La Moneda y al Congreso.
Ya hace cuatro meses, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) había hecho lo mismo y entregaron un documento al ministro de Educación, Harald Beyer, y al alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett. Estas ideas están articuladas en torno a tres ejes centrales: gratuidad del pase escolar, reconstrucción posterremoto de los liceos; y el punto más importante: un sistema gratuito, de calidad y con control comunitario. “Con este sistema se busca reforzar la educación pública y la educación en su conjunto, entendiendo que los países más avanzados tienen el control comunitario, donde la gente participa en el proceso de educación del individuo, por ejemplo, los profesores, paradocentes, apoderados y hasta sindicatos que están cerca del colegio”, explica Pablo Toro, vocero de la ACES. La Asamblea está trabajando en reforzar estas demandas y —con la colaboración de docentes de la Universidad de Chile— el sábado pasado trabajaron especialmente en el tema de control comunitario.
Expertos de diversos ámbitos analizaron las propuestas de los secundarios y la posibilidad de que sean escuchadas y aplicadas.
Una de las propuestas a la que hace alusión el planteamiento de la Cones es la creación de una Agencia Nacional de Educación Pública, una institución encargada de la gestión financiera, pedagógica y administrativa.
El sociólogo e investigador del área de política educativa de Educación 2020, Manuel Sepúlveda, cree que esta propuesta, que plantea una administración descentralizada que cuente con los recursos necesarios bajo un nuevo sistema de financiamiento —más allá de la discusión en particular—, es un planteamiento serio “que debe ser incluido en el debate sobre desmunicipalización que en algún minuto debiere retomarse en el Congreso”, explica Sepúlveda.
Para Marco Kremerman, economista e investigador de la Fundación Sol, este punto defendido por la Cones es interesante porque junto con ubicar a la educación pública en un lugar central del sistema educativo, también promueve la descentralización. “Considera necesidades educativas propias de cada zona del país, y cambia el eje del financiamiento a las escuelas, pasando del financiamiento por asistencia a un financiamiento por matrícula, lo cual es un primer paso, para superar el sistema de voucher, ya que parece más adecuado un financiamiento por aula y tamaño de escuela”.
Para el director ejecutivo del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales, Ernesto Treviño, la creación de la Agencia Nacional de Educación Pública y su organización parece una idea “brillante teóricamente”. Dicha agencia se encargaría de todos los niveles educativos desde inicial hasta media, y velaría por la coordinación de los mismos. “Me parece una alternativa mucho más elegante y elocuente que la propuesta que está en el Congreso que, más bien, representa una municipalización parchada. Si bien creo que esta no sería aceptada por el gobierno y una parte de la Concertación, se trata de una propuesta de solución simple, con jerarquización directa y funciones ejecutivas claras”, señala Treviño y agrega: “En temas de institucionalidad, la organización que se propone de las distintas agencias, superintendencias y el consejo nacional de educación es adecuada y simple. Sin embargo, falta ver las interacciones que deben ocurrir entre dichas instituciones y, también, con el Ministerio de Educación”.
Otro punto que valora Manuel Sepúlveda de la propuesta de la Cones es la idea de terminar con el financiamiento compartido. Según Sepúlveda, el financiamiento compartido (o copago) es un elemento que contribuye a la segregación de nuestro sistema escolar. Chile es el país de la OCDE con mayor segregación en sus escuelas. “Es decir, en nuestro país hay escuelas para ricos y escuelas para pobres. Por lo tanto, es urgente avanzar hacia un sistema más integrador, en donde la educación escolar obligatoria sea gratuita. La propuesta de la Cones recoge esta demanda, cuestión que no ha hecho el gobierno”.
Igualmente Kremerman comparte la idea de eliminar de forma progresiva el financiamiento compartido y congelar la creación de escuelas particulares subvencionadas. “La Educación Pública hoy sólo representa el 35% de la matrícula total, situación que no permitiría ningún país que aspira al desarrollo (promedio OCDE es 90%). Se propone invertir una gran cantidad de recursos para recuperar el sitial de la Educación Pública en términos cuantitativos y cualitativos, lo cual es urgente, pero junto a ello se propone regular a la escuelas particulares que reciben subvención del Estado, quienes pueden lucrar, cobrar aranceles y seleccionar a los alumnos, lo cual también es urgente detener”, señala el economista.
Treviño destaca que la inmensa mayoría de los investigadores educativos en Chile concuerdan que se trata de una política que incrementa la segregación y produce desigualdades en el financiamiento por alumno, favoreciendo a aquellos con mayor capacidad de pago. “Sin embargo, es difícil que este gobierno genere medidas que tiendan a disminuir este mecanismo”, opina Treviño, quien enumera dentro de las fortalezas la propuesta de homogeneizar el gasto por niño en las instituciones financiadas por el Estado, “y las normas y exigencias para todos los establecimientos de este nivel. Actualmente, a causa de la institucionalidad compleja y débil, conviven en el sistema distintas condiciones de financiamiento y calidad que generan desigualdades”.
[cita]El documento de la Asamblea Coordinadora de estudiantes Secundarios explicita el fin al lucro, mayor control y fiscalización a los establecimientos particulares subvencionados y de educación superior que reciben fondos del Estado. “No proponemos, en lo inmediato, la eliminación de las escuelas particulares subvencionadas”. Sin embargo, condiciona su existencia y funcionamiento a varios requisitos, entre ellos el fin a la selección escolar, terminar con todo tipo de cobros a las familias (financiamiento compartido) y respeto a los derechos laborales.[/cita]
Manuel Sepúlveda destaca, por otra parte, la propuesta de Reforma Docente; y expresa que, si bien se plantean cuestiones más generales, la idea de contar con salarios más altos, un nuevo sistema de evaluación y un plan de formación continua para todos los docentes del sistema —es decir, colegios públicos y particulares subvencionados— es un elemento fundamental. “El actual proyecto de Carrera Docente, pese a que entrega recursos a todos los colegios subvencionados, sólo pone exigencias a los establecimientos municipales, lo que es un duro golpe a la Educación Pública”, califica Sepúlveda.
De los tres ejes que contiene la propuesta de la ACES, el punto más importante es aquel que dice relación con tener un sistema gratuito, de calidad y con control comunitario. “Se propone un sistema escolar gestionado descentralizadamente por organismos educativos estatales con participación de la comunidad como reemplazo al actual sistema de educación municipalizada”, describe el documento entregado en mayo.
“Es muy interesante la propuesta de descentralizar hacia las escuelas con participación de la comunidad. Así ocurre en el modelo neozelandés”, comenta Treviño, aunque considera que podría haber inconvenientes tomando en cuenta que las comunidades más pobres tienen escasa capacidad de gestión. “En Nueva Zelanda, estas comunidades reciben apoyos masivos del Estado para igualar sus posibilidades de gestionar eficazmente las escuelas”.
Treviño destaca el esquema de financiamiento de subvención a aportes basales; una propuesta que según defiende “tiene merecimientos”, ya que la educación escolar muchas veces sufre para cubrir sus costos fijos de infraestructura, personal y materiales, dados el bajo monto de la subvención y las restricciones de gasto. “En otros países, como Holanda, el Estado se hace cargo de pagar al personal y la infraestructura, y se asigna una subvención variable por alumno. Dichos sistemas de subvenciones cubren costos variables y su fórmula considera aumentos en el monto de la subvención conforme menor es el nivel socioeconómico de los estudiantes, el aislamiento geográfico y/o la pertenencia a algún grupo indígena”, detalla y también apunta al fondo de recuperación para la educación pública. Esto es una inversión que se realiza una sola vez, para recuperarse del “estado de devastación del terremoto neoliberal”, señala el documento de la ACES.
Respecto a este fondo, Treviño sostiene que “el actual gobierno prometió un fondo de 4 mil millones de dólares para educación, por lo que la demanda parece adecuada, aunque las autoridades nunca mencionaron que dicho fondo fuera exclusivamente para la educación pública”.
El documento de la ACES estima que es necesario cuestionar las mediciones como el SIMCE y la PSU como parámetros para evaluar la educación. En relación a esto, Treviño responde que el cuestionamiento de las mediciones parte de un concepto errado. El aprendizaje medido por pruebas estandarizadas no está en contraposición con la formación integral. “La eliminación de los mecanismos de selección en las universidades es una medida inadecuada. Es cierto que la PSU tiene un sesgo socioeconómico elevado, pero se requiere alguna forma para seleccionar a quienes aprovecharán mejor la educación superior, particularmente la universidad”, resalta Treviño.
El documento de la Asamblea Coordinadora de estudiantes Secundarios explicita el fin al lucro, mayor control y fiscalización a los establecimientos particulares subvencionados y de educación superior que reciben fondos del Estado. “No proponemos, en lo inmediato, la eliminación de las escuelas particulares subvencionadas”. Sin embargo, condiciona su existencia y funcionamiento a varios requisitos, entre ellos el fin a la selección escolar, terminar con todo tipo de cobros a las familias (financiamiento compartido) y respeto a los derechos laborales.
