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Litio: buscarán impugnar adjudicación a SQM debido a sus litigios pendientes con el Estado

En las bases de la licitación se estableció que uno de los requisitos para ser oferente es presentar una declaración jurada notarial en la que garantice que no hay “ningún impedimento para ser oferente en Chile”. La empresa ligada a Julio Ponce Lerou tiene en tramitación una decena de demandas en contra del Fisco y la Dirección General de Aguas (DGA).


Una de las cinco empresas que salió perdedora en el proceso de licitación del litio estaría buscando la fórmula de impugnar la adjudicación a Soquimich (SQM), según informó este jueves La Segunda.

Para ello, estaría concentrada en uno de los requisitos que establece las bases de licitación de los Contratos Especiales de Operación de Litio (Ceol): «No tener litigios pendientes con el Estado de Chile».

De acuerdo a la versión del vespertino, en la página de Poder Judicial la compañía de Julio Ponce Lerou tiene en tramitación una decena de demandas en contra del Fisco y la Dirección General de Aguas (DGA). Se trata de acciones de la compañía minera contra el Fisco relacionadas a permisos de explotación minera y derechos de agua.

Conforme a las bases, el Comité Especial de Licitación (CEL) es el encargado de “realizar la evaluación de los requisitos administrativos”. Esta instancia está integrada por el subsecretario de Minería, el jefe de la división jurídica y jefe de asuntos internacionales de la misma cartera; además del vicepresidente ejecutivo de Cochilco y el director del Sernageomin.

Por lo anterior, el CEL “acordó que no hay requisitos administrativos rechazados o declarados fuera de bases, por lo que todas las empresas oferentes antes individualizadas pasan a la etapa de apertura de las ofertas económicas”. Sin embargo, fuentes al interior del Ministerio de Minería aclararon que “al CEL no le correspondía verificar si la declaración jurada de los oferentes es verdad”.

Para los abogados, la existencia de demandas entabladas por SQM “abre una clara opción” para que los interesados puedan recurrir ante los tribunales para intentar revertir la adjudicación. De ser así, se sumarían a los recursos presentados por los senadores de la Concertación José Antonio Gómez (PR), Ximena Rincón (DC) e Isabel Allende (PS).

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