Un cambio en las leyes electorales permite que los desaparecidos durante el gobierno militar de Augusto Pinochet tengan derecho a voto en las elecciones municipales de este domingo. Los familiares lo ven como un mal chiste.
La familia de Waldo Pizarro no lo ha visto desde el 15 de diciembre de 1976, cuando fue detenido en Santiago, víctima de la temida policía secreta del general Augusto Pinochet, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
Y sin embargo, Pizarro tiene derecho a votar en las elecciones municipales. Su nombre aparece en el registro electoral.
Lo mismo le pasa a Óscar Rojas, de la ciudad de Iquique, quien desapareció en diciembre de 1981 cuando tenía 29 años.
Y a Víctor Díaz, detenido por la DINA en mayo de 1976 después de haber pasado más de dos años escondido. Está registrado para votar en su ciudad natal de Ovalle.
En total, unas 1.000 personas que «desaparecieron» durante el gobierno militar de Pinochet, entre 1973 y 1990, tienen derecho a voto este domingo.
Sus familiares dicen que su inclusión en el registro electoral es un mal chiste que pone sal en las heridas que tienen desde hace tiempo.
«El Estado chileno está diciendo que mi padre puede ir a votar», dice Lorena Pizarro, hija de Waldo.
«Y yo pregunto de vuelta: ‘¿Dónde está mi padre?'».
Esta situación se generó por un cambio en las leyes electorales chilenas. Hasta este año, los chilenos tenían que registrarse voluntariamente si querían votar, pero ahora todos los que tienen 18 años o más son registrados automáticamente.
Eso incluye a los desaparecidos porque, según la ley, todavía están vivos. Por eso, algunas personas que no han sido vistas en décadas aparecen de repente en el registro electoral.
El servicio electoral chileno dice que no puede hacer nada al respecto. No puede borrar los nombres porque hacerlo sería de hecho declarar muertos a los desaparecidos, algo para lo cual no tiene autorización.
El tema pone de relieve los problemas que enfrentan países como Chile, Argentina, Uruguay, Colombia y Guatemala cuando tienen que lidiar con sus pasados turbios.
Ya es difícil de por sí hacer que los autores de abusos a los derechos humanos rindan cuentas, o compensar a las víctimas de manera adecuada.
Pero según abogados de derechos humanos, la tarea se complica aun más cuando se trata de los desaparecidos.
«Cuando una persona desaparece quedan en un limbo judicial, con un estatus legal desconocido», dice Ariel Dulitzky, miembro argentino del Grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas o involuntarias.
A manera de ejemplo de las consecuencias que esto puede generar, Dulitzky dice que ha encontrado casos en distintos países latinoamericanos de desaparecidos que son llevados a juicio porque no han pagado sus hipotecas.
Sin cadáver y sin certificado de defunción, es difícil que los parientes puedan probar que la persona en cuestión no puede seguir pagando.
Y, además, ¿cómo puede alguien heredar la casa paterna si no puede comprobar que los padres están muertos? ¿Cómo puede alguien casarse por segunda vez si nunca se divorció y su primera pareja está legalmente viva?
El régimen de Augusto Pinochet fue entre 1973 y 1990.
En el pasado, los familiares de los desaparecidos solucionaban estos problemas declarando a sus seres queridos «presuntamente muertos».
Luego se emitía un certificado de defunción incluso si no había cuerpo.
Pero muchos en Chile eran -y son todavía- reacios a hacer eso. Dicen que los haría sentir cómplices del régimen de Pinochet.
«No voy a declarar muerto a mi padre porque quiero que me digan lo que hicieron con él», dice Pizarro, la presidenta de la organización que representa a las víctimas de los desaparecidos de Chile. «Ellos fueron los que se lo llevaron. Es su responsabilidad decirnos qué pasó».
En los últimos años, la situación se les ha facilitado un poco a estos familiares.
En 2009, el gobierno de Michelle Bachelet -quien estuvo detenida durante el régimen- aprobó una ley para permitirles heredar las posesiones de sus padres sin un certificado de defunción, así como disolver su matrimonio sin los papeles de divorcio.
«Si se compara con Brasil, El Salvador u Honduras en términos de justicia, es impresionante lo que Chile ha logrado hasta el momento», dice Dulitzky.
«La cantidad de dinero que Chile ha pagado para reparar a las víctimas de los desaparecidos es probablemente más alta que en cualquier otro país del mundo», añade.
Pero Pizarro quiere que el Estado vaya un paso más lejos, al darles a los desaparecidos un estatus legal propio, como ocurrió en Argentina, donde unas 30.000 personas murieron o desaparecieron bajo el régimen militar entre 1976 y 1983.
«Necesitamos una nueva ley que reconozca que en Chile hay ciudadanos que están vivos, ciudadanos que están muertos o ciudadanos que están ausentes por desaparición forzada», dice.
Casi cuatro décadas después de que Pinochet llegó al poder en un sangriento golpe de Estado, Chile todavía está tratando de lidiar con el legado de su gobierno.
Apenas el año pasado, el Estado reconoció 30 casos nuevos de desaparición forzada o asesinato que datan de los años de Pinochet, además de casi 10.000 nuevos casos de tortura.
Hay más de 1.400 investigaciones en curso relacionadas con supuestos abusos a los derechos humanos en esa época.
De acuerdo con Amnistía Internacional, 245 antiguos miembros de las Fuerzas Armadas de Chile fueron declarados culpables de abusos a los derechos humanos entre 2000 y 2011, aunque señala que apenas un cuarto de ellos (66) están tras las rejas.
Waldo Pizarro, quien fue una figura importante en el Partido Comunista de Chile en los años 70, tendría 78 años si viviera.
«Tengo muchos recuerdos de él», dice Lorena Pizarro. «Nos llevaba a montar en bicicleta o a caminar en las colinas donde cazábamos arañas».
«Fue un hombre valiente, pero a veces malhumorado. No fue un santo, pero era un ser humano. Un ser humano que merecía respeto».
