Reclamación habla de amistad entre un empresario y una alta funcionaria
Una misma empresa se ha ganado casi mil millones de pesos en tres años, adjudicándose la organización de corridas y cicletadas familiares. Ello, a pesar que los tribunales declararon ilegales algunas adjudicaciones por haberse logrado con documentación falsa, lo que instala varias preguntas en el organismo liderado por Gabriel Ruiz-Tagle (UDI).
En el acto de su proclamación como candidato presidencial, Laurence Golborne mencionó a Chiledeportes como una de las instituciones que ilustran la corrupción durante los gobiernos de la Concertación. Lo que el precandidato de la UDI olvidó mencionar es un episodio plagado de irregularidades en la misma institución, dirigida ahora por Gabriel Ruíz-Tagle, militante de ese partido y que se arrastra desde comienzos del gobierno de Sebastián Piñera en 2010.
Ese año el Instituto Nacional del Deporte (IND), como fue rebautizado, convocó a una licitación para organizar una serie de corridas familiares en la Región Metropolitana con ocasión del Bicentenario.
En junio de 2010 la licitación más cuantiosa del IND, que iba a ser adjudicada a la empresa Aventura 100 entre 9 oferentes, fue anulada. Semanas después se abrió el proceso nuevamente y esta vez la seleccionada fue Meta Proyectos S.A.
A pesar de que la oferta de Meta costaba $ 103 millones de pesos más que la de Aventura 100, pesaron en su elección los certificados que presentó acreditando su experiencia en la realización de otros eventos similares.
Como era de esperarse, los competidores de Aventura 100 reclamaron en primera instancia al Tribunal de Compras Públicas, organismo que declaró “ilegal y arbitrario” el proceso de adjudicación, en un fallo de junio de 2011. Sentencia que fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Las sentencias judiciales establecieron que los certificados con que Meta subió su puntaje en la licitación al comprobar su experiencia organizando corridas y cicletadas, no eran verdaderos. Faltaban además las facturas con las que se debía acreditar que esos eventos se realizaron.
[cita]Las sentencias judiciales establecieron que los certificados con que Meta subió su puntaje en la licitación al comprobar su experiencia organizando corridas y cicletadas, no eran verdaderos. Faltaban además las facturas con las que se debía acreditar que esos eventos se realizaron. Paralelamente, un informe del Servicio de Impuestos Internos acreditó que la empresa Meta Proyectos S.A. no registraba movimientos tributarios desde su creación en 2007 hasta febrero de 2008, cuando se suponía que organizó corridas similares a la que se adjudicó.[/cita]
Paralelamente, un informe del Servicio de Impuestos Internos acreditó que la empresa Meta Proyectos S.A. no registraba movimientos tributarios desde su creación en 2007 hasta febrero de 2008, cuando se suponía que organizó corridas similares a la que se adjudicó.
Además, en la reclamación que dio origen a los fallos de la justicia, se hace referencia a la amistad entre el dueño de Meta, Juan Pablo Grez, piloto de rally, surfista y paracaidista aficionado con María José Torrealba, hija del alcalde de Vitacura, jefa de Gabinete de Gabriel Ruíz-Tagle al momento de las licitaciones y luego funcionaria del Serviu hasta fines del 2012. Ambos se conocen desde que egresaron juntos del Colegio Apoquindo en 1993.
Paralelamente el coordinador de la licitación por cuenta del IND, Marcelo Martin, trabajó en META. Con todo, la licitación se adjudicó a Meta por un monto de $ 132 millones.
Extraoficialmente en el IND afirman que “hubo un error de evaluación en una primera licitación, que en ningún caso alteró el proceso de adjudicación, el IND no tiene la facultad de prohibir que una empresa pueda participar de una licitación pública”.
En efecto, la última licitación adjudicada a Meta es de junio del año pasado y asciende a $ 220 millones. Entre 2010 y mediados de 2012 la empresa de Juan Pablo Grez se ha adjudicado licitaciones por un total de $ 994.151.257 millones.
Winfried Himpel, abogado de la empresa competidora, Aventura 100, volvió a reclamar al IND por una licitación adjudicada a Meta por más de $ 339 millones y está a la espera de un informe desde el Servicio de Impuestos Internos que detalle los movimientos tributarios de la empresa, y ver si continúa en la situación consignada por el informe en el contexto de la licitación de 2010.
Al interior del IND afirman con entera convicción que “en todos los casos se trata de licitaciones públicas con bases aprobadas por la Contraloría General de la República y con toma de razón de la misma. Esto último quiere decir que la Contraloría aprueba cada adjudicación”.
Al cierre de esta edición en Meta Proyectos S.A. no quisieron referirse al tema.
