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«En la práctica, la ley de subcontratación no se aplica» Cristián Cuevas y las otras repercusiones que dejó la muerte de Juan Pablo Jiménez

«En la práctica, la ley de subcontratación no se aplica»

Felipe Saleh
Por : Felipe Saleh Periodista El Mostrador
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Un lienzo rojo que decía: “Fin al subcontrato” era una de las banderas que acompañó al líder sindical de Azeta en su funeral. Es uno de los temas que quedó en el aire después del jueves y que volvió con fuerza a la boca de los trabajadores. Cuevas asegura que la ley para proteger a este sector de la fuerza laboral —promulgada en el gobierno de Bachelet— no se cumple por negligencia de la Dirección del Trabajo y de la Corte Suprema.


En 2007, con 5.000 trabajadores subcontratados de la minería, logró que la palabra “subcontratación” entrara en el vocabulario de la opinión pública. Seis años después, la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), es uno de los pocos gremios que, a fuerza de marchas y paros, ha logrado que se respete la ley. Cristián Cuevas afirma que las cosas para el resto siguen igual o peor.

Es uno de los temas que se ha levantado entre los trabajadores luego de la muerte de Juan Pablo Jiménez. Incluso su funeral fue franqueado por una larga bandera roja que decía: “Fin al subcontrato”.

A horas de partir a la marcha que se realizó la tarde de ayer en nombre del trabajador de Azeta, Critián Cuevas, asegura que éste es “un sistema cuya finalidad es precarizar al máximo las relaciones laborales, en Chile y a nivel global. Pero en nuestro país es especialmente excesivo como se ha implementado. Lamentablemente, en la Ley N° 20.123 de Subcontratación y servicios transitorios, vigente desde el 2007, quedaron fuera dos ejes fundamentales: que las empresas no pudieran subcontratar labores propias de su giro principal y que se estableciera un nuevo concepto de empresa en materia laboral. A pesar de eso, la ley tiene ámbitos que se pueden rescatar, como la responsabilidad de la empresa mandante en el caso de que la principal no cumpla respecto de las cotizaciones, indemnizaciones, normas de higiene y seguridad. Pero en la práctica, la ley de subcontratación no se aplica”.

-¿En qué sentido?
-A pesar de que la ley fue aprobada de manera transversal, la Dirección del Trabajo y la Corte Suprema la han hecho inaplicable. Desde el año 2007, cuando nosotros nos movilizamos, visibilizamos este tema, la Dirección del Trabajo no ha hecho fiscalización alguna de esta ley ni ha ejercido sus facultades, ni ha cumplido con sus obligaciones constitucionales. La Dirección del Trabajo mira para el techo, no fiscaliza. La Corte Suprema, donde tratamos de desmontar estas situaciones, ha estado cooptada por la derecha económica en esta materia, a partir de nefastas actuaciones del ministro Patricio Valdés, verdadero garante de los intereses empresariales en el Poder Judicial. Ha establecido trabas, limitaciones de facultades a las autoridades administrativas para que no se fiscalice esta ley. La coordinación entre la Dirección del Trabajo y la Corte Suprema hace que los aspectos positivos de la ley que te mencioné no sean efectivamente garantizados.

[cita]»Si en el gobierno anterior había amedrentamiento, en éste han aumentado. Los empleadores se sienten más libres de actuar a su arbitrio, con una ministra del Trabajo que es el brazo político de los empresarios”.[/cita]

-Sin embargo, ustedes han logrado que la ley se cumpla en el rubro de los subcontratistas del cobre.
-Porque hay fuerza sindical. Lo hemos conseguido a través de la movilización, en el caso de los trabajadores de la minería. Pero no es la realidad que viven por ejemplo los peonetas de la Coca-Cola, o los del retail, las salmoneras o la banca. Se ha obstruido la aplicación de esta ley. Estamos en foja cero, tenemos una ley muerta.

-Pero por lo que dices no es un problema que haya empezado en este gobierno.
-Cuando el 2007 nos movilizamos como CTC y solicitamos que hubiera fiscalización, en el marco de la negociación donde visibilizamos este tema, el que obstruyó todo ese proceso fue Andrés Velasco y la gente de Michelle Bachelet.

-¿Hay en este último tiempo una atmósfera pesada para los sindicalistas. Ha habido amedrentamientos? En el funeral de Jiménez tú también lo mencionaste.
-Este tema nos trajo una dura lucha en el gobierno de Bachelet. Pero este gobierno ha encabezado un desmantelamiento de la institucionalidad laboral. Lo denunciamos desde el 27 de mayo de 2010: la vulneración de derechos de los trabajadores y el dejar hacer de la Dirección del Trabajo. Si en el gobierno anterior había amedrentamiento, en éste han aumentado. Los empleadores se sienten más libres de actuar a su arbitrio, con una ministra del Trabajo que es el brazo político de los empresarios. La propia ministra en medio de conflictos alrededor del país ha dicho: ‘mijita si no llega a acuerdo, busque pega en otro lado’. Cuando la ministra dice eso quedas en la indefensión. No hay un Estado que esté protegiendo a los trabajadores.

-¿Pero hay prácticas matonescas?
-Podría darte ejemplos a partir de asesores jurídicos que llevan casos en relación a amedrentamientos de trabajadores con sus derechos violentados. Tamara Muñoz, presidenta del sindicato de trabajadores de call center, fue golpeada el año 2008. No es que el empleador te golpee sino que mandan a alguien a golpearte en medio de la negociación colectiva. Eso en Chile es actual, la golpiza, el amedrentamiento… En mi caso, mi teléfono fue intervenido el 2007 y lo sigue estando ahora, con el pretexto de que desde mi teléfono se articula una red de narcotráfico y me lo confirmaron personas que trabajan en el área de seguridad. Presenté una querella para que lo investigue la justicia militar, pero no quiere investigar.

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