La audiencia que se lleva a cabo ante el Séptimo Juzgado de Garantía vivió su momento de mayor tensión cuando uno de los familiares de las víctimas irrumpió para reclamar la lentitud del proceso.
No sin polémica se lleva a cabo este lunes, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la audiencia que resolverá la solicitud de sobreseimiento de los imputados por el caso tsunami.
Lo anterior, luego que Claudio Ortiz, padre del pequeño Joaquín Ortiz –conocido como “Puntito”-, quien murió debido al maremoto que la madrugada del 27 de febrero de 2010 devastó el poblado de Juan Bautista en el Archipiélago Juan Fernández, interrumpió la sesión para reclamar por la lentitud del proceso.
«Me da una impotencia enorme, escuchar minuto a minuto como fue cuando murió mi hijo. Sabemos que hay responsables y ahora se está buscando el sobreseimiento y encuentro que es una falta de respeto, no sólo para mí, sino para todas las personas que en estos momentos están protestando porque sus seres queridos fallecieron. Llevamos tres años y aún seguimos en esto», dijo Ortiz –citado por la edición digital de La Tercera, poco antes de abandonar la sala en momentos que intervenía el abogado Samuel Donoso, quien representa al ex subsecretario del Interior Patricio Rosende.
El juez titular del tribunal, Ponciano Sallés, calificó como un show la interrupción del hombre, a quien acusó de buscar “un minuto de fama” y manifestó que todo el proceso se ha llevado con absoluta transparencia.
El aludido, sin embargo, dijo más tarde que se trató de una “reacción espontánea” frente a los dichos del aabogado. E insistió en la responsabilidad de las autoridades de la época. «Cuando se dijo que no había alerta de tsunami en Juan Fernández, mi hijo ya estaba muerto», dijo.
La audiencia se inició en horas de la mañana con la ausencia de los imputados y que corresponden a la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, el ex jefe del Centro de Alerta Temprana, Johaziel Jamett, el ex jefe de Oceanografía del SHOA, Andrés Enríquez, y Rosende.
Durante su alegato, Donoso afirmó que el ex subsecretario “actuó amparado en el principio de confianza”, ya que toda la información que entregó se basó en los antecedentes que le había proporcionado la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi).
La fiscal Solange Huerta, por su parte, basó su argumento en que Rosende era el 27 de febrero la máxima autoridad del organismo y que en él recaía la responsabilidad de alertar a la población civil de las consecuencias del terremoto de 8.8 grados Richter.
