El hecho que el ex titular del MOP participe en una sociedad que mantiene millonarios recursos en Islas Vírgenes lo convierte en uno de los «los 130 mil políticos y empresarios de todo el mundo que utilizan paraísos fiscales para hacer sus negocios y esconder su dinero», según consigna un estudio internacional.
La eventual decisión de Laurence Golborne de aceptar la representación de Chile ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), luego que se viera obligado a bajar su precandidatura presidencial por la UDI y después que rechazara competir por un escaño en el Senado, podría acarrearle más de alguna complicación.
Esto, considerando que los factores que lo llevaron a declinar su carrera a La Moneda fueron los cuestionamientos que enfrentó tras el fallo de la Corte Suprema contra Cencosud por los cobros abusivos a sus clientes cuando él era gerente general del holding.
Pero sobre todo tras conocerse que, a través de la sociedad Sunford Managment Corp creada en 2006, mantiene millonarias inversiones en Islas Vírgenes, las que no aparecen en la declaración de intereses que presentó cuando asumió como ministro del Presidente Sebastián Piñera.
Lo anterior, considerando que es la OCDE uno de los organismos que encabeza los esfuerzos para evitar la evasión fiscal y transparentar la información sobre los ciudadanos de sus países miembros que abren cuentas en paraísos fiscales, como lo hizo el candidato presidencial de la UDI.
Se trata de un tema especialmente delicado por las pérdidas que acarrea para los países golpeados por la crisis en Europa, y que llevó hace pocos días al Reino Unido a disponer que paraísos fiscales como Islas Vírgenes, Bermudas, Caimán, Anguila, Montserrat, y Turcos y Caicos cooperen entregando esos antecedentes de manera automática, sumándose así a las medidas que también han adoptado sobre este tema Francia, Alemania, Italia y España.
La propia OCDE –señala un artículo del diario La Nación de Buenos Aires- emitió un informe el pasado 19 de abril instando a Suiza y a otros 13 países a que modifiquen su legislación para aplicar un sistema automático de información bancaria que permita luchar eficazmente contra la evasión fiscal que, según la ONG Tax Justice Network, representa entre 16 y 25 billones de euros, equivalente al PBI de Estados Unidos sumado al de Japón.
En tanto, otra nota del diario español El País, señala que una investigación efectuada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) da cuenta que Golborne sería parte de “los 130 mil políticos y empresarios de todo el mundo que utilizan paraísos fiscales para hacer sus negocios y esconder su dinero”.
Y agrega que “el problema de los paraísos no es nuevo. Aunque cada vez resulta más complejo y más difícil de justificar por los gobiernos de países desarrollados. Tener el dinero fuera no es ilegal, lo irregular es hacerlo para evadir impuestos y, sobre todo, el origen ilícito”.
Se indica además que fue la OCDE la que en 1998 definió qué es un paraíso fiscal, estableciendo que consiste en “territorios con baja fiscalidad y una alta opacidad financiera”, luego de lo cual publicó una lista con 35 países o territorios identificados como paraísos fiscales.
